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Por iniciativa de CEDES e Ibis, proyecto mirar recopiló datos y testimonios sobre la aplicación de la Ley 27.610 de aborto voluntario y legal en Argentina, en el primer aniversario de su sanción.
A un año de la ley de aborto en Argentina
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Marcada desigualdad entre las provincias y un creciente acceso a misoprostol entre las conclusiones de proyecto mirar, a un año de la Ley de IVE
Marcada desigualdad entre las provincias

A un año de que en Argentina el aborto sea legal, el acceso en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias. Así lo mostró el proyecto mirar, la iniciativa de CEDES e Ibis Reproductive Health que monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras clave de las políticas y de la provisión de servicios de aborto. El análisis de los datos y los testimonios se pueden consultar en www.proyectomirar.org.ar

Proyecto mirar analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada mujer y persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), sin tener que compartir motivos, y a partir de las semana quince en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (Interrupción Legal del Embarazo – ILE).
Una de las marcas más contundentes de los datos son las desigualdades entre las provincias: por ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional. También se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco (0.9) y Formosa (0.6) esa tasa es sensiblemente menor. La nacional se ubicó en 3.2. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES. 
 
Durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público. En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Además de analizar el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, proyecto mirar llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos: “Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional”, consideró Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES.
 
Acceso a la información e insumos
 
Para construir un sistema de información que permita monitorear la aplicación de la ley de acceso al aborto, proyecto mirar analizó datos oficiales, como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país y, en coordinación con las provincias, remueve barreras de acceso. 
De enero a junio de este año, se iniciaron seguimientos de situaciones a partir de 10.529 contactos telefónicos realizados, aunque no necesariamente todos terminaron en interrupciones del embarazo, con una alta tasa de resolución de las consultas. El equipo del proyecto mirar detectó que no hubo una tendencia significativa al aumento en el número de llamadas o seguimientos durante los primeros seis meses del año, lo que puede tener que ver con que este canal no fue todavía lo suficientemente difundido como para lograr un mayor impacto en su utilización, al menos en este primer semestre. 
Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol) para proveer un aborto seguro que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente. El paso que sigue, señala el reporte, es observar el comportamiento de este indicador para dar cuenta de la respuesta de la política sanitaria para crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad. También, señala la necesidad de difundir más aún los alcances de la ley, de tal forma que las personas con capacidad de gestar de todo el país sepan donde acudir para obtener un aborto seguro. 
 
Primer año según las actoras clave
 
Las visiones de quienes tuvieron responsabilidades de gestión y provisión de servicios de aborto son concluyentes en señalar que las múltiples experiencias de políticas y prácticas de acceso al aborto de los años previos a la sanción de la ley, junto a la visibilidad del tema generada por los debates de 2018 y 2020, construyeron un marco positivo para la implementación de la ley en este primer año.
Sostener y amplificar el acceso a la información y prácticas seguras de IVE/ILE demanda, según algunos de los testimonios recolectados, mejoras en varias direcciones, como una mayor capacitación al personal de salud en técnicas de aborto y también en buenos tratos hacia sus pacientes. En materia de política pública, resulta fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.
 
La ley ante la Justicia
 
“El marco legal actual provee certidumbre, con pautas claras para los equipos de salud y autoridades sanitarias, y el reconocimiento efectivo de los derechos. Está compuesto por la Ley 27.610, el Decreto reglamentario 516/2021 y el protocolo nacional para la atención de esta práctica”, explicó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES. En la actualidad, además del protocolo nacional existen ocho provinciales que brindan lineamientos sobre la provisión de servicios. 
Además, tras la sanción y reglamentación, cada jurisdicción pudo abordar algunas aristas que pudieran resultar más controvertidas, como la objeción de conciencia. “Algunas provincias difundieron con claridad los límites y deberes asociados a la objeción de conciencia, y otras están explorando modalidades, como efectuar listados donde los profesionales que deciden alegar objeción deben anotarse”, detalló Agustina. 
Según el monitoreo de proyecto mirar, desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. Al mismo tiempo, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.
“Sin dudas, el movimiento verde en Argentina marcó un hito en América Latina y el mundo, fue inspiracional por el gran avance que hizo en cuanto el acceso equitativo al aborto, y hay mucho que se pueda aprender sobre su implementacion”, analizó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis. A partir de observar la implementación de la Ley 27.610 y de dialogar con referentes en salud, justicia y políticas públicas en materia de acceso al aborto, proyecto mirar busca aportar un suministro esencial para la toma de decisiones a favor de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas, en el país y en la región.
 
Para conocer más, visitar www.proyectomirar.org.ar
Marcada desigualdad entre las provincias
Marcada desigualdad entre las provincias
Acerca de CEDES
Es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. Su misión es formar recursos humanos en investigación guiados por estándares de calidad y el compromiso de contribuir al debate social, al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la formulación de marcos normativos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incidencia informada.
 
Acerca de IBIS 
Es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía, decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva.
Contacto de prensa:
Noelia Leiva | mnoelialeiva@gmail.com

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