Las políticas de género y las políticas de niñez y adolescencia están estrechamente vinculadas, puesto que ambas buscan promover el bienestar, la igualdad y el respeto a los derechos de las personas, pero con un enfoque diferenciado según las etapas del ciclo de vida y las cuestiones de género. La confluencia entre estas políticas se da en varios aspectos.
En Derechos Humanos e igualdad las políticas de género abogan justamente por la igualdad de derechos entre personas de diferentes géneros, lo que incluye la eliminación de la violencia, la discriminación y los estereotipos de género. Las políticas de niñez y adolescencia, por su parte, buscan garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes (NNyA), promoviendo su acceso a la educación, salud, protección y participación. Ambas buscan una sociedad más igualitaria, en la que niñas, niños y adolescentes, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente.
En cuanto al desarrollo personal y las formas de socialización, desde temprana edad, los roles de género tradicionales pueden influir en las expectativas que la sociedad tiene sobre lo que niños y niñas «deben» ser o hacer. Por ejemplo, las políticas de género intentan desarmar y modificar las normas restrictivas sobre el comportamiento esperado niñas, niños y adolescentes promoviendo una mayor libertad para que cada persona pueda desarrollar su identidad sin los límites impuestos por estereotipos, o prejuicios. En definitiva, las políticas de género impactan directa y positivamente la socialización de niñas, niños y adolescentes.
Las políticas de niñez y adolescencia se enfocan en la protección frente a cualquier forma de abuso o violencia. Las políticas de género, al mismo tiempo, abordan específicamente la violencia de género, que puede afectar tanto en la niñez como en la adolescencia. La confluencia ocurre en el reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia de género, violencia sexual u otras formas, ya sea en el hogar, la escuela o la comunidad, y es necesario tener un enfoque específico para abordar estas situaciones desde una perspectiva de género.
Las políticas de género en la educación promueven la eliminación de barreras basadas en el género, como la discriminación en el acceso a la educación o la orientación vocacional. Las políticas de niñez y adolescencia, por su parte, buscan garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban educación de calidad. El punto de confluencia aquí es la eliminación de obstáculos que puedan generar desigualdades de género, como la baja tasa de escolarización de niñas en algunas regiones o la discriminación hacia adolescentes que no se ajustan a los estereotipos de género.
Otro de los aspectos en los que debemos pone el foco tiene que ver con la participación social y para ello un necesario el reconocimiento de su poder como persona para lograrlo (Empoderamiento). Las políticas de niñez y adolescencia también fomentan la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la sociedad. Las políticas de género, por su parte, promueven el empoderamiento de las mujeres y personas de género diverso. En este contexto, el punto de confluencia es la creación de espacios donde niñas, niños y adolescentes, independientemente de su género, puedan expresar sus opiniones y participar activamente en la toma de decisiones inherentes a sus vidas o que la afecten.
El punto de confluencia entre las políticas de género y las de niñez y adolescencia es el reconocimiento de que la igualdad de género debe ser promovida desde las primeras etapas de la vida. Ambas políticas se enfocan en garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno que respete sus derechos, sin discriminación de género, y en un contexto que favorezca su desarrollo integral, permitiendo a cada niña, niño y adolescente desarrollar su identidad y potencial sin limitaciones impuestas por normas de género tradicionales.
Ley 26.061
Las políticas públicas orientadas a la niñez y adolescencia son fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y promover su desarrollo integral. En Argentina, la Ley 26.061, sancionada en 2005, establece el marco legal para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional[1].
Esta ley representa un hito al reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas plenas de derechos, dejando atrás enfoques tutelares que las consideraban objetos de protección. Su objetivo principal es garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que Argentina es parte.
La implementación de políticas públicas basadas en la Ley 26.061 ha permitido avances significativos en áreas como educación, salud y protección social. Por ejemplo, el Plan Nacional de Primera Infancia busca garantizar una nutrición adecuada y saludable para niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad, promoviendo la estimulación temprana y la promoción de la salud[2].
Sin embargo, a pesar de los avances, persisten desafíos en la efectiva implementación de estas políticas. la pobreza, la desigualdad y la violencia siguen afectando a un gran número de niños, niñas y adolescentes en el país. Es esencial fortalecer y ampliar las políticas públicas destinadas a niñez y adolescencia, asegurando su acceso a servicios de calidad y promoviendo su participación activa en la sociedad.
En síntesis, las políticas públicas fundamentadas en la Ley 26.061 son esenciales para garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y adolescencia en Argentina. Es responsabilidad del Estado, en colaboración con la sociedad, asegurar su efectiva implementación y adaptación a las necesidades cambiantes de esta etapa de vida, promoviendo su desarrollo integral en una sociedad más justa e inclusiva.
La Ley 26.061 menciona aspectos de suma importancia sobre las políticas públicas a implementarse en función de la protección de derechos para la niñez y adolescencia, puntualizamos:
- Enfoque de derechos: La ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas plenas de derechos, garantizando su participación y protección.
- Protección contra la violencia: Se establecen mecanismos para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la explotación contra NNyA en todas sus formas.
- Acceso a educación y salud: Se promueve el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, con especial atención a los sectores más vulnerables.
- Sistema de protección integral: Se crean organismos como el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que articulan políticas nacionales y locales.
- Responsabilidad del Estado y la sociedad: Se exige la intervención del Estado en casos de vulneración de derechos y se fomenta la corresponsabilidad de la comunidad en la protección de niñas, niños y adolescentes.
- Erradicación de la explotación laboral: Se impulsan programas para combatir la explotación laboral contra niñas y niños y garantizar que accedan a educación y recreación. (En este punto no mencionamos a adolescentes puesto que hay políticas especiales para su inserción en el mundo del trabajo a partir de determinada edad).
- Participación activa: Se fomenta la voz y opinión de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los afectan.
Estos puntos refuerzan la necesidad de una implementación efectiva de la ley para garantizar el bienestar y desarrollo desde edad temprana.
Ley 26.150
La Ley 26.150[3], también conocida como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), tiene un papel fundamental en la intersección de las políticas de género y las de niñez y adolescencia en Argentina. Esta ley, sancionada en 2006, establece la obligatoriedad de la educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos del país, lo que incluye a niños, niñas y adolescentes. La ley tiene varias implicancias que refuerzan los puntos de confluencia entre las políticas de género y las de niñez y adolescencia.
La norma contempla la promoción de la igualdad de género que contribuye significativamente a la desconstrucción de estereotipos de género, sobre todo en las personas más jóvenes. A través de la educación sexual integral, se abordan temas como las relaciones de pareja, el respeto mutuo, los roles de género, la diversidad sexual y la igualdad entre géneros. Esto permite que niñas, niños y adolescentes crezcan con una comprensión más amplia de la igualdad de género y de los derechos de las personas, independientemente de su sexo o identidad de género. La ley ofrece una herramienta educativa clave para combatir las normas restrictivas y nocivas que perpetúan la desigualdad de género.
Tiene un rol importante en la prevención de la violencia de género, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y otras formas de violencia en la niñez y adolescencia. A través de la educación sexual integral, se busca que NNyA conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, puedan identificar situaciones de violencia sexual, y estén alertas para denunciar cualquier forma de violencia o agresión que puedan sufrir. Esta es una pieza central en las políticas de protección de la niñez y adolescencia y en la promoción de la salud y bienestar de todas las personas.
La ley también garantiza que tengan acceso a información completa y precisa sobre su salud sexual y reproductiva. Esto abarca desde la información sobre métodos anticonceptivos hasta el respeto a la autonomía de adolescentes sobre sus cuerpos y decisiones relacionadas con la sexualidad. Este enfoque está alineado con las políticas de niñez y adolescencia que buscan promover el bienestar físico y emocional, al tiempo que les permite tomar decisiones informadas y responsables.
Un aspecto clave de la Ley 26.150 es su enfoque inclusivo respecto a las diversidades sexuales y de género. La ley aborda explícitamente la diversidad sexual, enseñando sobre la existencia de identidades sexuales diversas y fomentando el respeto y la inclusión. Esto es crucial para que niños, niñas y adolescentes comprendan la pluralidad de identidades de género, promoviendo un ambiente educativo más inclusivo y respetuoso de todas las personas, evitando la discriminación.
Al integrar la educación sexual integral en el currículo escolar, la ley también promueve la participación activa de adolescentes en la toma de decisiones sobre temas que les afectan, incluidas las cuestiones de género y sexualidad. En este sentido, se busca empoderar a las personas jóvenes a través de la información y el conocimiento, para que puedan cuestionar las normas sociales que limitan su desarrollo, y tomar decisiones que contribuyan a su bienestar.
El hecho de que la Ley 26.150 esté orientada a la integración de contenidos de ESI en todas las instituciones educativas también está alineado con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (y niñas) y otras normativas internacionales que buscan garantizar el bienestar y los derechos de la niñez. Esta ley refuerza el principio de que niños, niñas y adolescentes deben recibir educación sobre sus derechos sexuales y reproductivos, garantizando su capacidad de hacer valer estos derechos dentro de un contexto de respeto y libertad.
Por todo lo expuesto y modo de cierre, es necesario puntualizar la Ley 26.150 refuerza la confluencia entre las políticas de género y las de niñez y adolescencia al proporcionar a los niños, niñas y adolescentes las herramientas necesarias para comprender y cuestionar las normas de género, promover relaciones más igualitarias y prevenir situaciones de abuso y violencia. Al incorporar la educación sexual integral en el currículo escolar, la ley no solo protege los derechos de NNyA, sino que también promueve una cultura de respeto, igualdad y dignidad para todos, independientemente de su género o identidad sexual. En resumen, la Ley 26.150 es un pilar clave en la promoción de la igualdad de género y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en Argentina.
Comunicación
En este contexto no podemos dejar de mencionar la importancia de la difusión y comunicación para que la información circule y llegue a toda la sociedad,
La comunicación es fundamental para garantizar que las políticas públicas relacionadas con la niñez y adolescencia sean comprendidas y adoptadas por toda la sociedad. La correcta circulación de información permite que tanto las autoridades como la ciudadanía estén al tanto de los derechos y necesidades de niños, niñas y adolescentes, promoviendo una mayor participación social y un compromiso colectivo en su protección y desarrollo. Además, la comunicación efectiva facilita que los recursos y programas destinados a esta población lleguen a quienes más los necesitan, asegurando la transparencia y el acceso a la información en todos los niveles. En este sentido, una comunicación clara y accesible es clave para construir una sociedad informada, sensibilizada y dispuesta a colaborar activamente en la implementación de políticas públicas que garanticen el bienestar de la niñez y adolescencia.
Referencias
[1] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
[2] argentina.gob.ar
[3] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
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