“Negros de mierda”, “hay que matarlos” y otras tantas son frases que, por desgracia, seguramente has escuchado decir. El clima de época alimenta y alienta la exaltación de la discriminación, la violencia y el punitivismo. Sin embargo, los discursos discriminatorios no afectan a todas las personas por igual. Los grupos sociales que son atacados desde estos discursos y colocados en ese lugar de chivo expiatorio son frecuentemente integrantes de pueblos originarios, personas inmigrantes de países limítrofes y jóvenes en situación de pobreza. Esto se debe a que estamos atravesados por miradas eurocéntricas que, lamentablemente, tendemos a reproducir. Y es por estar atravesados por esa mirada es que la discriminación no se dirige a los inmigrantes en general.
Por Roberto Samar*
La dicotomía que planteaba Sarmiento de una civilización asociada a un mundo europeo idealizado frente a la barbarie compuesta por nuestros pueblos se recrea una y otra vez. Una familia francesa o alemana será recibida con admiración y cierta subordinación. En cambio, los discursos estigmatizantes se dirigen esencialmente a las personas inmigrantes de los países limítrofes.
Otro eje central de estas miradas es la aporofobia, tan presente y naturalizada en nuestra sociedad: el rechazo a las personas en situación de pobreza. Hay múltiples ejemplos: las demoras o detenciones sistemáticas y arbitrarias de adolescentes pobres por averiguación de antecedentes, los taxistas que no trasladan personas cerca de un barrio carenciado o los GPS que nos marcan zona peligrosa frente a un sector de viviendas precarias.
Todas estas miradas son racistas porque establecen una jerarquía. Hay dos grupos: por un lado, los que están dentro del sistema, quienes alcanzan un nivel de vida social y económicamente anhelado; y, por otro, los que quedan afuera. A ese “otro” la sociedad lo excluye y vulnera sus derechos humanos, tales como la educación, el acceso a un trabajo digno y la seguridad alimentaria. Paradójicamente, ese otro no solo será víctima, sino también responsable de nuestros problemas estructurales: será perseguido por las autoridades municipales y condenado por el sistema penal.
Si analizamos la selectividad del sistema penal, podemos ver cómo la mayoría de las personas privadas de su libertad son personas en situación de pobreza, con escasas herramientas económicas, educativas y sociales para defenderse. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el 61% de la población privada de su libertad tiene la primaria incompleta o apenas logró terminarla; el 71% estaba desocupado o subocupado al momento de su detención, y un 44% no tenía un oficio o profesión. El poder judicial recae sobre los pobres.
Sin embargo, la violencia institucional y ese “olfato” policial se alimentan del olfato social. Como sostiene Esteban Rodríguez Alzueta, investigador del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales de la UNQUI y director de la Revista digital Cuestiones Criminales, es la vecinocracia la que también exige ese punitivismo.
Para ilustrarlo, si un grupo de jóvenes de clase media o clase media alta se junta a tomar una cerveza, no hay problema, es maravillosa la juventud que se divierte. Si un grupo de jóvenes en situación de pobreza, que quizás no le alcanza la plata para ir a un bar, toma cerveza en la esquina de nuestra casa, probablemente más de uno se indignará y llamará a la policía, esperando, deseando y pidiendo que la policía los corra.
En términos del sociólogo puertorriqueño, perteneciente al Grupo modernidad/colonialidad que se desempeña en la Universidad de California en Berkeley, Ramón Grosfoguel, podríamos pensar que estamos frente a un racismo estructural e institucional. Se inferioriza a un grupo, en este caso no necesariamente por su color de piel, sino por la pertenencia a determinado sector social que no responde al discurso hegemónico.
Discriminación en la agenda mediática
Estos sectores históricamente vulnerados, ya sean jóvenes en situación de pobreza, inmigrantes de los países limítrofes y pueblos originarios, son invisibilizados en la agenda mediática. Sin embargo, cuando aparecen tienden a ser asociados a situaciones de violencia. El estigma y la invisibilización funcionan como las dos caras de un discurso mediático discriminatorio: no tienen voz propia, tienden a ser hablados por otros.
El Monitoreo de noticias sobre infancia y adolescencia desarrollado por la Defensoría del Público concluye que “en medios de Argentina se pudo establecer que las enunciaciones más recurrentes en relación con las infancias y adolescencias tuvieron que ver con hechos de inseguridad y de violencia. El corpus de noticias permitió identificar que niñas, niños y adolescentes se representan, en primera medida, como generadores de diferentes tipos de violencias”. Por otro lado, se identificó que las voces de niñas, niños y adolescentes prácticamente no aparecen. Solo un 6,6 % de las noticias en portales tiene en cuenta el testimonio de chicas y chicos. Y en el discurso televisivo el porcentaje disminuye a un 0,7%.
En ese sentido, entre 2013 y 2020, la Defensoría registró que de un total de 121.212 noticias registradas sólo 212 utilizaban el tópico “Pueblos indígenas”, apenas un 0,2%. De esas 212 noticias, 96 (45,3%) no tuvieron consignada ninguna fuente. En tanto, de las restantes 116 noticias que tuvieron al menos una fuente explicitada –un total de 214– sólo 41 (19,2%) mostraron fuentes indígenas, mientras que 173 (80,8%) fueron no indígenas”.
Punitivismo y criminología
Las miradas discriminatorias y racistas que mencionamos conviven con la violencia, la implementación de dolor y el castigo como formas de abordar las conflictividades sociales. Estos pensamientos se promueven y fortalecen desde discursos que consumimos en medios de comunicación, redes y en la industria del entretenimiento. Existe un clima de opinión, una narrativa que consumimos una y otra vez.
Para Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología: “el punitivismo es una concepción que considera que frente a cualquier tipo de conflicto, ya sea conflictos tipificados como delitos o no tipificados como delitos, la única respuesta es el castigo. En el caso de los delitos, el castigo es más brutal, por más tiempo, por más años, de modo más gravoso. Por otro lado, los hechos que no son delitos, también suelen abordarse de manera exclusiva por la vía de la sanción, aunque no sea una sanción penal”.
Estas miradas presentes en nuestra sociedad no son necesariamente propias. Muchas son promovidas y fortalecidas por los imperios del norte. Según Raúl Zaffaroni, abogado penalista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “existe una criminología mediática mundial que nace en Estados Unidos y se expande por el mundo y que representa a la sociedad dividida entre buenos y malos. Donde el lugar del mal es representado por un ‘ellos’ que es un sector social que es colocado en el lugar de chivo expiatorio. Recordemos que es uno de los países con mayor cantidad de población privada de su libertad, y busca legitimar un modelo de seguridad punitivista y violento”.
Repensarnos
El desafío es repensarnos. Los discursos estigmatizantes operan como un bloque, y muchas veces los reproducimos inconscientemente con la ilusión de pertenecer a esa sociedad excluyente. Analizar y problematizar las inequidades presentes en la sociedad se vuelve urgente. Debemos dejar de reproducir acríticamente las miradas y narrativas violentas y discriminatorias que intentan imponernos.
En definición de Grosfoguel: “Hay que cambiar la geografía de la razón o la geopolítica del conocimiento como ejercicio epistémico para ver cómo se vería el mismo sistema-mundo si, en lugar de asumir la posición estructural de un hombre europeo, asumimos la posición estructural de una mujer indígena en las Américas”.
(*) Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas UNCO. Profesor de la UNRN @robertosamar
Foto de portada: Télam
Fuente para Diario Digital Femenino: Roberto Samar
Publicada en Ornitorrinco
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