El segundo tramo del juicio de la Subzona 14 llegó a su fin con las condenas a los represores y ya se anunció la continuidad en una tercera etapa de la causa, donde serán juzgados los delitos sexuales contra las víctimas mujeres.
Por Franco Armanini
para Plan B Noticias
Con la lectura de la sentencia del Tribunal Oral Federal se cierra el segundo tramo de la causa. Pero se abre la puerta a una tercera, en la que serán juzgados los delitos sexuales contra las mujeres víctimas de abuso y violaciones como parte del disciplinamiento que se ejerció durante aquellos años contra los distintos grupos de la sociedad civil, pero particularmente contra las mujeres.
El juzgado federal hizo un tercer procesamiento por casos de víctimas de la represión ilegal y de delitos sexuales. La fiscalía fue a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca y esta confirmó parte de esos casos que formarán la tercera etapa de los hechos ocurridos en nuestra provincia los meses previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por estos hechos ya se ofreció la prueba y se hizo el pedido de elevación a juicio. Ahora resta que el Tribunal Oral Federal ponga la fecha del debate oral y público.
Ayer los jueces condenaron a 25 años de prisión al ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini. La condena fue igual para el ex secretario de la gobernación, Omar Greppi, y el ex comisario Carlos Reinhart a 14 años de prisión. Aunque, por mayoría, no consideraron que los crímenes se cometieron en el marco de un genocidio, aplicaron duras penas para los ahora condenados. Se sabe que en el tercer tramo de la causa los tres fueron fueron procesados los por delitos sexuales contra las víctimas mujeres. Estos crímenes fueron cometidos en el marco del terrorismo de Estado y como sucede en muchos otros casos, llevó años para que pudieran ser denunciados, ya que, muchos de esos abusados o violadores estaban y están sueltos e impunes al día de hoy.
Uno de los casos pampeanos es el de Stella Maris Barrio. “Recibió el peor trato, fue violada por cinco represores en su traslado, y una vez ordenada su libertad, confinada a vivir a una cuadra de uno de ellos”, como recordó Raquel Barabaschi, víctima y querellante en la causa, al cierre de las acusaciones.
Se trata de una reclamo invisibilizado pero que finalmente pudo ser encausado. “La pelea porque esos crímenes y vejaciones se consideren como delitos imprescriptibles de lesa humanidad, también han sido bandera y motivo de denuncia de quienes batallaron todos estos años por llevar a la cárcel común a todos los genocidas”, planteó referente por la lucha de los derechos humanos.
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) señala que desde 2006 hasta ahora, hubo 915 condenados en distintos juicios de lesa humanidad, de las cuales solamente 95 recibieron sentencias por delitos sexuales cometidos durante la última dictadura. Solo el 10% del total.
El documento establece que a junio de este año, se dictaron condenas en 226 causas. Cabe señalar que el total de 58 de esos fallos se encuentran “firmes” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, no cabe recurso alguno.
Son muchas las mujeres que fueron víctimas de todo tipo de violencias, entre las que se cuentan violaciones, abusos y también los abortos inducidos, como lo que vivió Ana María Martinez, quien perdió su embarazo a causa de la tortura.
De las causas en las que se juzgó delitos sexuales, el 51 por ciento de los hechos fueron por abuso deshonesto o sexual, el 46 por ciento fue por violaciónes y otro 3 por ciento que son los casos de aborto inducido.
«Los rastros de las prácticas aberrantes sobre los cuerpos y la psiquis de las mujeres prisioneras, no constan en los legajos ni en los partes médicos de los centros clandestinos de detención, pero son una marca indeleble en cada una de nosotras»
Los crímenes de violencia sexual investigados en la causa son referidos a dos víctimas sobrevivientes.
Uno de los involucrados es el ex comisario de la policía, Carlos Roberto Reinhart. Tras el testimonio de una de las víctimas que lo identificó fue procesado como autor directo de abuso sexual. El ex policía continúa preso por el primer juicio de 2010 y el viernes pasado la justicia lo condenó en el segundo tramo de la causa.
Por ese hecho, se consideró como autores mediatos al ex jefe del regimiento de Toay, Omar De Bártolo, el ex secretario de la Gobernación, Omar Greppi, el ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, y el ex comisario y jefe de informaciones del grupo de tareas de la Primera, Roberto Fiorucci.
Otra de las mujeres no pudo identificar al victimario. Por este caso, fueron procesados como autores mediatos todos los antes mencionados.
Sobresale el hecho de que De Bartolo estará sentado en el banquillo de los acusados por primera vez, además, acusado por delitos de privación ilegal de la libertad en 84 casos.
En tanto Baraldini, fue condenado este viernes por primera vez como máximo responsable de los crímenes de la Subzona militar 1.4. Estaba prófugo en Bolivia y no pudo ser juzgado en el primer juicio de lesa humanidad en La Pampa.
También fue condenado Greppi por segunda vez. En 2010 lo condenaron a 20 años e inhabilitación perpetua por privación ilegal de la libertad agravada en cuatro hechos, y dos casos de tormentos físicos y psíquicos agravados. En 1976, era oficial encargado del Destacamento Militar 101, cabecera de la Subzona 1.4, y una vez consumada la intervención designado de facto como secretario general de la gobernación.
Friorucci zafó luego de que lo encontraran incapacitado mental y físicamente para continuar en el proceso judicial. Fue uno de los condenados en el juicio de 2010 a 20 años de prisión por delitos privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas y 13 hechos de aplicación de tormentos.
Los crímenes contra la integridad sexual de las personas forman parte del plan sistemático represivo que llevó adelante la dictadura militar. Pero es necesario otorgarle un lugar diferenciado.
