A raíz de un posteo de un usuario en X, que celebraba la delimitación de la “zona para adultos” en Cartagena, donde se garantiza, con pautas controladas, el ejercicio de la prostitución, bajo el argumento que “la prostitución jamás se va a acabar en el mundo”; el abogado constitucionalista Luis Miguel Hoyos[1] le responde con una fundamentación a la que adherimos y publicamos a continuación:
“La existencia de algo no legitima su permanencia. Es fundamental entender que una relación sexual, como en el caso de la prostitución, no puede convertirse en un contrato válido, incluso con consentimiento, porque ese tipo de acuerdo siempre implica una violación de la libertad sexual. No es posible ejercer la propia libertad sexual para ponerla en manos de otro, de la misma forma que nadie podría consentir en esclavizarse. Defender la prostitución como “trabajo” desconoce que trabajar con el cuerpo y hacer del cuerpo el lugar de trabajo no son lo mismo. Este falso paralelismo ignora que, en la prostitución, una mujer no es asalariada; ella es el medio de producción, y su producción es explotada casi siempre por un tercero, lo cual constituye opresión económica basada en el sexo. Esto está prohibido por tratados de derechos humanos. El sentido real de la prostitución no lo otorgan las leyes, la democracia ni la moral; es la “fantasía masculina de dominación”, que funciona como un laboratorio de desigualdad. En todas las democracias constitucionalistas, la prostitución está limitada. Los debates sobre su abolición están resueltos desde el periodo de entreguerras, aunque en Colombia, tanto la izquierda como la derecha suelen ignorarlo. Marxistas como Kolontái y feministas marxistas y radicales son abolicionistas porque la prostitución no puede dignificarse; pretenderlo es un oxímoron. Incluso desde el liberalismo, Stuart Mill se posicionó en contra. El abolicionismo está planteado hace 3 siglos. No hay debates de la prostitución. Hay «ventanas de Overton» para legalizar lo que la democracia moderna ya ha rechazado.
No es un tema moral, toda moral justifica esta práctica; es una cuestión de no llamar libertad sexual o trabajo sexual a lo que es, en realidad, una forma inmemorial de dominación. La experiencia política seria muestra que cuando en una sociedad se amplían los espacios de igualdad y mejora el nivel de vida, el número de mujeres que se dedica a la prostitución disminuye drásticamente. La vulnerabilidad, la marginación y la pobreza no son consecuencias de la prostitución; son sus causas. La prostitución está ligada a la feminización de la pobreza en todas partes. No contribuyamos al blanqueo de la economía criminal que rodea esta práctica. Julio, no conozco una sola «política prostibularia» que haya empoderado a las mujeres en términos de dignidad económica y social. No hay emancipación posible cuando la medida del asunto se basa en la opresión. La prostitución es, sin duda, una forma de opresión. Como varones, nuestra responsabilidad no es justificarla ni aplaudirla; es rechazarla con firmeza. Le invito a una reflexión: el principio de realidad no puede ser el utilitarismo o el pragmatismo cómodo que, desde el privilegio, acepta “mandar a otras a prostituirse”. Ese enfoque refuerza el racismo social que sigue considerando a ciertos cuerpos como sacrificables. «Todos menos el mío». En Colombia, ninguna mujer nace destinada a la prostitución; aunque muchas son alentadas o engañadas por redes de tráfico que les prometen mejorar sus vidas, terminan en la prostitución como un horizonte sin salida. Donde quiera que miremos, es el rostro de la pobreza y la vulnerabilidad el que vemos en cada una de estas mujeres explotadas y traficadas.
¿Regularizar la prostitución las ayudaría? Sólo perpetua la desigualdad y la opresión, legitimando una práctica que no contribuye a su dignidad ni les ofrece un verdadero camino de vida.»
[1] Barranquillero. Exsubdirector Nacional @insorcolombia en @Mineducacion (2013-2015). Exconsultor (Director Técnico) @USAID_Colombia @PartnersCol @fenascol @HIlatinoamerica y @UNGRD. Consultor experto en Gobierno, Administración Pública, Política Pública, Educación Inclusiva y Políticas de Inclusión Social. Ex delegado ante el Consejo Nacional de Discapacidad (2013-2015) y la Autoridad Nacional de Televisión (2013-2014) para los temas de accesibilidad de las personas sordas y con discapacidad. Profesor investigador en Constitucionalismo; Filosofía Moral y Política; Derecho de las Personas con Discapacidad; Teoría y Filosofía del Derecho de Familia; Igualdad de Género y Política Pública. Catedrático de la «Ley 1996/2019 y Régimen Legal de las Personas con Discapacidad» en la Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá @FacJuridicasPUJ.
