En la UNLPam existe, desde el año 1993, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer que se transformó, en 2019, en Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros (IIEG). Desde 1996, el Instituto coedita con la UNComa y la UNLu, La Aljaba, segunda época, Revista de Estudios de la Mujer, especializada en historia de las mujeres y enfoque de género. El equipo afincado en el mismo, participa en diversas instituciones, foros, asociaciones y organizaciones sociales involucradas con la investigación, el conocimiento científico y el activismo social por la igualdad de géneros. Uno de los objetivos radica, precisamente, en el estudio del impacto de las políticas públicas y el desarrollo de propuestas colaborativas para superar situaciones de inequidad.
Por: Mónica Adriana Morales*
Paulatinamente, se fueron gestando espacios de diálogos y de maceración de nuevos derechos en la UNLPam. En el año 2010 se dispuso expedir los títulos de las carreras atendiendo al género de quien egrese, con la oportunidad de solicitarlo formalmente al momento de iniciar el trámite correspondiente. En el mismo año con los cambios de planes de estudio en las carreras de formación docente se incorporó un seminario de Educación Sexual Integral y, en el año 2011, se creó la Cátedra Libre y Extracurricular sobre Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas existe desde el año 2014 el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), con una Comisión de Género, cuyo interés radica en promocionar una cultura de los derechos humanos en el sistema universitario.
Asimismo, se cuenta con un Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género desde el año 2017.
En el mismo orden de temas, reconocer y ampliar derechos, se estableció en el año 2019 un Cupo Trans en una porción no inferior al uno por ciento de la totalidad del personal de la planta No Docente de la UNLPam. Tal medida, apunta a promover la igualdad de oportunidades en el empleo público con la incorporación de personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para cubrir espacios laborales, incluyendo la capacitación correspondiente en los casos que fuera necesario.
En el mismo año, se promovió la creación de Espacios lúdico-educativos para hijas/os de integrantes de la comunidad universitaria. Si bien la disponibilidad espacial es escasísima -lo sabemos quiénes en la “normalidad” nos encontramos con sitios restringidos para las acciones pedagógicas habituales-, esta iniciativa es interesante para pensar una refuncionalización de los espacios existentes o de aquellos disponibles a futuro, que impacte sensiblemente en el mejoramiento de las condiciones de las actividades de la comunidad universitaria.
En el presente año, en el contexto del ASPO y mediando una iniciativa del IIEG, se realizaron campañas de sensibilización y difusión de líneas de atención a víctimas de violencia de género, a través de la publicitación de la línea nacional 144 y de los dispositivos locales desarrollados para la atención en este marco excepcional.
Asimismo, se inició la aplicación de la Ley Micaela, mediante la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y graduadas/os y se aprobó la Guía de Recomendaciones para el uso de lenguaje no sexista en la UNLPam, en todo acto administrativo, comunicacional y, deseamos enfáticamente, en la producción de conocimiento socialmente válido, a fin de deconstruir el lenguaje que naturaliza las asimetrías entre los géneros e invisibiliza a las mujeres, especialmente. Recientemente, por iniciativa de agrupaciones estudiantiles, se resolvió la provisión de productos de gestión menstrual a través de los centros de estudiantes y diferentes unidades académicas. Esta certera iniciativa procura la igualdad de oportunidades al reconocer el carácter esencial de tales productos y la deconstrucción del carácter tabú que posee el ciclo menstrual.
Se aprobó el nuevo Régimen de Contrataciones de la UNLPam, que incorpora el enfoque de género en las compras públicas entre otras novedosas cláusulas sociales y ambientales. El régimen establece la prioridad en la contratación de servicios de proveedoras/es que posean un Protocolo de actuación en caso de acoso, abuso y/o violencia en el ámbito de su empresa y cuenten, en su planta de personal, con mujeres y personas del colectivo trans.
Recientemente, se aprobó un nuevo Reglamento de becas de investigación y posgrado de la UNLPam cuyas modificaciones tienden a democratizar el acceso y ampliar oportunidades de realizar actividades de investigación. La normativa integra medidas que reconocen la desigualdad y el impacto que tienen las pautas culturales de maternidad y crianza, sobre mujeres y personas gestantes frente a otros géneros en los trayectos formativos y en el acceso a las actividades de investigación. En tal modificación, se promueve la paridad de género en la integración de las comisiones evaluadoras de las postulaciones, la incorporación de la docencia auxiliar como parte integral del proceso formativo y la ponderación del impacto de la maternidad y crianza en el rendimiento académico. Por otra parte, reconoce a las personas becarias el derecho a licencias por maternidad, adopción y paternidad.
Tal como se ha condensado, la UNLPam posee una larga trayectoria en el desarrollo de estudios, actividades de extensión y docencia enfocadas a desarticular tradiciones heteronormativas que, muy paulatinamente, se han formalizado en líneas de intervención. Aún resta la conformación de un programa de género que articule, idee nuevas acciones, monitoree el impacto de las múltiples actividades que se desarrollan y cuente con asignación presupuestaria para hacer palpables las transformaciones que se propician.
Las costumbres, lejos de modificarse al mismo tiempo que la normativa, “están constituidas por mandatos profundos y ancestrales que solo se modifican lentamente” (María Luisa Femenías, 2018). Entonces, qué orientación se les imprime a los programas administrativos y/o académicos es transcendental ya que, según se actúe con o sin perspectiva de género, estaremos facilitando u obstruyendo la cimentación de masculinidades no hegemónicas, no violentas y femineidades “para si” y no “para otros”. Pero, no menos importante es ser conscientes que el plexo normativo por sí mismo, no asegura acciones, decisiones y gestiones con perspectiva de género y ampliación de derechos, es necesaria la tarea de difusión, ejercicio y monitoreo de tales normas en todos los sectores universitarios para que sean realmente efectivas.
Finalmente, es necesario un presupuesto con perspectiva de género, por cuanto no sólo se debe discutir cómo se distribuyen los números entre diversos incisos, sino también construir conciencia y consensos en torno a las opciones más sugerentes sobre cómo y a quiénes llegan tales recursos y cómo dicha distribución contribuye a achicar las brechas de género.
Estas líneas de opinión, deseo cerrarlas en este día histórico para la ampliación de derechos para las mujeres y personas gestantes. Hoy es LEY la Interrupción voluntaria del embarazo y el sistema universitario ha construido senderos virtuosos en torno al reconocimiento de derechos. Es oportuno y saludable demandar mayor profundidad en la formación de identidades políticamente comprometidas con la autonomía femenina, con los derechos de las disidencias sexuales, con los sectores vulnerados y con la formación de profesionales para el cambio social. La Universidad tiene un camino delineado allí: constituir y sostener espacios de formación, investigación, reflexión y producción de conocimientos empáticamente entrelazados con la construcción de una sociedad igualitaria. Esto es una responsabilidad ineludible que posee el sistema universitario público con la sociedad que lo financia y, en cierto modo, lo refleja.
(*) Docente-Investigadora, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros (IIEG), Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa
