El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se manifestó, por primera vez, con un posicionamiento contundente respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.
Lo hizo a través de la «Observación General N°36», que fue redactada a fines del 2018, pero hace unos pocos días fue publicada en un solo idioma, el inglés.
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados parte.
Todos los Estados parte deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se cumplen o no los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión a dicho Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de «observaciones finales».
En este caso y respecto al aborto voluntario, el posicionamiento menciona que, los Estados parte pueden adoptar medidas diseñadas para regular las interrupciones voluntarias de embarazos, pero estas medidas no deben resultar en una violación del derecho a la vida de una persona embarazada o del resto de sus derechos. Es decir que las restricciones no deben poner en peligro sus vidas, someterlas a un dolor o sufrimiento físico o mental, discriminarlas o interferir arbitrariamente con su privacidad.
Respecto de los casos en que las personas tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE), por causales, como lo especifica el art. 86 del Código Penal en Argentina dice: «Los Estados parte deben proporcionar acceso seguro, legal y efectivo al aborto en los casos en que la vida y la salud de la mujer o la persona embarazada están en riesgo, o cuando llevar a término un embarazo causaría un dolor o sufrimiento considerable a la mujer o la persona embarazada, especialmente cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto».
En la misma línea este documento advierte que, al no existir normativa que regule la problemática del aborto, debe evitarse que se siga recurriendo a abortos clandestinos e inseguros revisando las leyes vigentes. Por ejemplo, detalla el documento, los Estados no deben tomar medidas como criminalizar embarazos de mujeres solteras o aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas que abortan o contra proveedores de servicios médicos que las ayudan a hacerlo, ya que tomar tales medidas obliga a mujeres, personas y niñas a recurrir a abortos inseguros.
Respecto de los obstáculos a la ILE que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se denuncian, la publicación recomienda a los Estados que son parte a no introducir nuevas barreras y a eliminar las barreras existentes que niegan el acceso efectivo al aborto seguro y legal, incluidas las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores médicos individuales.
Por último y en relación al derecho a la salud y a la educación sexual integral agrega que «Los Estados parte también deben proteger eficazmente las vidas contra los riesgos para la salud física y mental asociados con los abortos inseguros. En particular, deben garantizar el acceso de mujeres y hombres, y especialmente de niñas y niños, a información y educación de calidad y basada en evidencia sobre salud sexual y reproductiva y a una amplia gama de métodos anticonceptivos asequibles, y prevenir la estigmatización de las mujeres y adolescentes que deciden el aborto. Los Estados parte deben garantizar la disponibilidad y el acceso efectivo a la atención médica prenatal y postaborto de calidad para mujeres y niñas, en cualquier circunstancia y de forma confidencial».
Este documento representa un avance sustancial en los argumentos y el Estado Argentino como parte debe atender cada una de estas recomendaciones.
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
Comunicación y Prensa Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
Ver también
Naciones Unidas sobre la interrupción voluntaria del embarazo
