El femicidio nuestro de cada día
Sobre Úrsula y las demás mártires del patriarcado.
Otra vez un hecho tremendo viene a poner una marca más a la horrorosa estadística que nos tiene por víctimas a mujeres, niñas y feminidades travestis y trans.
Por: Moira Goldenhörn
Esta vez fue Úrsula en Rojas, y lo grotesco es que pudo también su madre ser víctima fatal de la violencia institucional policial con tintes de sexismo; o su amiga, quien recibió un balazo (de goma) en la cara al protestar por la inacción policial que, una vez más, posibilitó un femicidio.
Es difícil encontrar palabras más allá de los lugares comunes que día tras día habitamos para narrar, justamente, la muerte nuestra de cada día. Muerte que no nos falta nunca, que, implacable, nos priva cada 24 horas de una hija, una madre, una hermana, una nieta, una amiga.
Por eso esta vez hablemos de un poco más allá. Hablemos de las estructuras que posibilitan la cristalización y reproducción de la violencia machista. Hablemos de politicidad machista, de patriarcado estatal y pedagogías de la crueldad en la formación policial. Hablemos de familia judicial, familia patriarcal, clasista y racista.
Estadísticas que espantan, enfoques con presbicia: un estado que ve mejor en la distancia.
Según el Observatorio de femicidios de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en lo que va del 2021, el 25% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor. Además, el 17% de las víctimas poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4% contaba con un botón antipánico. El 12% de los femicidas pertenece a fuerzas armadas o de seguridad. El Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal contabilizó en 42 días, 46 femicidios.
Pensemos, ¿cómo es que quienes deben ser los y las encargadas de velar por la seguridad, el bienestar y el acceso a justicia terminan siendo en cierta forma posibilitadores del 25% de los femicidios o autores directos de los mismos? ¿Cómo puede ser que, aún denunciando, el Estado siga llegando tarde? ¿Qué otras herramientas ha generado el Estado en más de un año de gestión con un Ministerio nacional especializado, y otros similares en varias provincias? ¿Sabemos si hay estadísticas oficiales de las denuncias? ¿Hay estadísticas oficiales de delitos mediados por violencias basadas en el género y sus autores? ¿Son accesibles a la ciudadanía?
Enfocar las consecuencias catastróficas de la naturalización de las violencias basadas en el género solamente desde la mirada de la denuncia policial o judicial es como pretender llegar nadando a la punta de un iceberg que se está derritiendo, digamos. Corremos más riesgo de morir en el agua o de ser tomadas por locas ante la desaparición de tal iceberg que parecía evidente para nosotras, porque para los organismos de seguridad el patriarcado no existe y la violencia de género tampoco.
Si tenemos la suerte de llegar vivas a la comisaría o fiscalía, si llegamos a estar en condición emocional que permita denunciar, si llegamos a tener la suerte de ser tomadas en serio y podemos radicar la denuncia, todavía tenemos un largo derrotero para lograr restricciones de acercamiento, botón antipánico… y demás, que ambas medidas sirvan para algo. Es decir, que puedan evitar nuestra muerte. Porque aún cuando los agresores terminaran con condenas a prisión de efectivo cumplimiento, algunas mujeres son víctimas de hombres que pasaron años presos por violencias contra ellas… ¿Qué pasa en un sistema carcelario donde el egresado, lo primero que hacen al salir, es matar a quienes fueron ya sus víctimas? ¿Qué pasa con la seguridad de las mujeres y niñes? ¿Por qué pueden las fuerzas de seguridad proteger a un femicida ante una pueblada pero no a sus víctimas antes de ser asesinadas?
Se abren aún más interrogantes. ¿Qué líneas de gestión, qué intervenciones concretas, se están manejando en el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Disidencias para evitar los delitos mediados por violencia de género? ¿Quiénes son los actores sociales y políticos que se proponen? ¿Hay interacción con las otras áreas del Estado y con los Estados provinciales y los municipios? ¿Con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Es eficaz el sistema carcelario actual para reeducar hombres violentos? ¿Qué estrategias se plantean para trabajar con hombres violentos? ¿De qué manera podemos atacar las violencias invisibles antes que escalen a hechos tremendos?
Lo preocupante parece ser que, entre estadísticas y diagnósticos “desde arriba” por un lado, y la exigencia punitivista “desde abajo” para alejar al violento en la cárcel unos años, seguimos sin acercarnos a la problemática, sin conocer la realidad de los actores sociales y las causas concretas y cotidianas que encierran a las mujeres en el vínculo con sus agresores. Un exceso de formalismos racionales y políticamente correctos que terminan en inacción por un lado, y la indignación sanguínea ante las injusticias y la naturalización de la violencia estructural institucional, por el otro, culminan en que ésta es finalmente reprimida por los mecanismos más violentos de conservación del sistema patriarcal: esposando madres, baleando amigas, defendiendo hombres violentos, culpabilizando a las víctimas.
Pareciera que el foco principal de visión sigue únicamente sobre las víctimas, que son abordadas desde marcos teóricos muy diferentes a las vivencias y códigos de los territorios; y quedan a expensas de la voluntad policial de seguridad, protección y cuidado.
¿Quién nos cuida de los que cuidan?
Surge entonces la inevitable pregunta tanto por las formas y criterios de selección, contenidos y métodos de formación, así como la evaluación psicológica permanente de las personas que componen la policía ¿podemos sentirnos seguras con una policía que admite a estos agentes? ¿Son, como escuchamos, “hechos aislados” o hay un entramado de violencias naturalizadas que posibilita la ocurrencia de estos hechos tremendos al dejar de tomar con seriedad las denuncias y amparar hombres violentos? ¿Está la policía capacitada hoy para intervenir adecuadamente en casos de violencias basadas en el género? ¿Está preparada para cuestionar a sus miembros cuando incurren en alguno o varios de los tipos o modalidades de violencias basadas en el género? ¿Y el poder judicial? ¿Y los servicios penitenciarios?
El patriarcado como sistema se basa en un orden dicotómico del mundo donde lo femenino, y por ende las mujeres, están en un orden de inferioridad en relación a lo masculino y al hombre. Y en ese orden de ideas se adjudica a las mujeres determinados roles en la sociedad y a los varones, otros.
Y aunque se pretenda discutir que no es así hoy en día, basta con ver un poco alrededor: las mujeres siempre deben mostrar algún grado de sumisión al hombre, las mujeres siempre deben demostrar más que los hombres sus habilidades por fuera de los roles que les son adjudicados, las mujeres siempre son sospechadas de haber sido las culpables de los femicidios que las tienen por víctimas, o de las violaciones, o de los golpes.
Crónica y otros medios titularon que el novio de Úrsula “la mató porque lo dejó”… No, no. El novio la mató porque es un femicida, sólo por eso. Nadie mata a la pareja porque decidió terminar una relación, salvo que sea un femicida.
Y, por otro lado, en ese esquema patriarcal tradicional, los hombres deben demostrar su hombría con violencia, usar su potencia sexual para disciplinar mujeres, niños, niñas y a otros hombres “más débiles” y así “marcar territorio” de diversas maneras, todas violentas. Las mujeres somos territorio de conquista: somos de un novio, de un padre o de un hermano “cuida” que nos mide la pollera con que salimos mientras hace chistes con sus amigos sobre cómo nos queda, y quién puede o no acercarse a nosotras; o de un jefe que nos paga el salario con que alimentamos a nuestros hijos. Por ello debemos ser obedientes, para no ser víctimas del disciplinamiento patriarcal. Como fue disciplinada Nerina, la amiga de Úrsula, con un balazo en la cara.
El acceso a justicia con un poder judicial machista.
Debemos ser conscientes que un sistema judicial que cuenta por toda herramienta un plexo normativo con siglos de antigüedad que, aún con parches progresistas, mantiene prácticamente intacto su espíritu liberal, eurocéntrico y patricio, tendiendo a garantizar la propiedad privada y el honor del varón -principal sujeto de derechos- no es capaz de dar respuesta a la compleja problemática de las violencias basadas en el género.
La sola aplicación de las capacitaciones de la #LeyMicaela resulta insuficiente para garantizar la justicia en los casos concretos, donde la defensa del orden patriarcal adquiere diversas formas según la ocasión, así también la defensa de los privilegios de clase, de raza y territorio.
El acceso a justicia se vuelve imposible ante la falta de cuerpos de defensores especializados en la atención de mujeres, niños, niñas, adolescentes, feminidades y demás personas LGTBIQ+, y de fiscales y jueces/as que conozcan específicamente sobre la problemática y la materia jurídico-legal que la aborda.
La realidad muestra que la accesibilidad al sistema de protección de las mujeres y sus hijes está minada para las que se ven atravesadas por múltiples vulnerabilidades. La respuesta estatal llega tarde desde todos los niveles del Estado, y las acciones comunitarias no se visibilizan como opciones posibles ante el tejido social desgarrado por el patriarcado y el neoliberalismo, con su conocido “no te metás”.
El estado es responsable
Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de funcionarios y funcionarias públic@s? ¿Hasta dónde podemos excusarnos en la pandemia para no demostrar el buen funcionamiento traducido en intervenciones efectivas? La gestión pública, ¿entraña meras obligaciones de medios o debe asegurar algún resultado? ¿Cómo se evalúan esos resultados? ¿Cómo se están cumpliendo los compromisos internacionales sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y feminidades travestis y trans? ¿Qué pasa con los hombres violentos? ¿Por qué no pensamos en abordajes transformadores de las masculinidades hegemónicas como factor primordial de la prevención?
El Estado Argentino está llegando tarde a intervenir, y además de tarde está llegando mal. No tenemos estadísticas oficiales de femicidios, sino que utilizamos las que se generan en los observatorios de las ONG, basados en noticias periodísticas. Por ende, no hay tampoco relevamiento y estadística centralizada de delitos mediados por violencias de género ni de los hechos de violencias basadas en el género que no configuran delitos. La novedad ministerial, luego del femicidio de Úrsula, es la creación de un Consejo Interministerial que se ocupará de centralizar esta información para el abordaje de los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Algo no cierra. ¿Cuál era la propuesta anterior para el abordaje de los femicidios? ¿Con qué elementos estadísticos se estaba trabajando?
La prevención de las múltiples violencias basadas en el género es un asunto complejo, ya que la problemática reconoce varias aristas que le dan forma: el patriarcado existe. El patriarcado es un sistema de relaciones sociales, de relaciones de poder, que tienen por objeto mantener la supremacía de los varones en la sociedad, de los varones hetero, de los varones cis; pero de la masculinidad en general. Tiene por objeto mantener sus privilegios, como el del femicida de Úsula, cuyos compañeros de trabajo salieron a defender el edificio de la comisaría a los tiros, temerosos que la familia y amigas de Úrsula ¿pintaran paredes? No lo sabemos con certeza, pero hay una adolescente con un balazo en la cara. El patriarcado defiende a los tiros sus privilegios, como el de ser autor de violaciones y varias lesiones contra otras mujeres y seguir activo para “Tu policía”. “Como tiene que ser”.
Es hora de terminar con la cadena de complicidades estatales con los femicidios, travesticidios y todos los tipos y modalidades de violencias basadas en el género que tienen por víctimas a las mujeres, niños y niñas, feminidades travestis y trans, como a todas las personas LGTBI+; y también a algunos hombres heterocis que no quieren replicar las violencias machistas: pensemos en Fernando Báez Sosa, por ejemplo, o las violaciones disciplinadoras en las cárceles de hombres de las que muy poco se habla. Pero ése es tema de otra conversación.
