Género, Esclavitud y Tortura

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Por Admin abril 10, 2015 00:22

El Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A, presenta: «Género, Esclavitud y Tortura, a 200 años de la Asamblea del Año XIII«, que cuenta con el Prólogo de la Doctora Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia.
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Género, Esclavitud y Tortura

Género, Esclavitud y Tortura


PRÓLOGO
El 19 de marzo de 1812 se aprobó en España la Constitución de Cádiz que tuvo gran influencia en nuestro naciente movimiento independentista. Ese instrumento legal discutía la soberanía monárquica, pasaba el poder a la nación y diseñaba un sistema de distribución de poderes legislativo, judicial y un ejecutivo no concentrado porque el rey debía refrendar sus decisiones con los ministros que a su vez debían ser designados con acuerdo de las “cortes” legislativas.
“La Pepa” (así se llamaba la Constitución de Cádiz por ser femenina y haber sido promulgada el día de San José) tuvo una vigencia de solo dos años, hasta el 4 de mayo de 1814, cuando el rey Fernando VII volvió a ocupar el trono. Pero su influencia duró décadas por su perfil liberal democratizante. Fernando VII no sólo abolió la Constitución de Cádiz sino que se prohibieron los gritos a su favor. Es por eso que los españoles que se oponían al absolutismo se referían a ella en clave gritando “¡Viva la Pepa!”, expresión que ha quedado en el acervo colectivo si bien cambiando su significado.
Posteriormente, la Constitución de 1812 estuvo presente en otros dos períodos: el Trienio Liberal, desde el 10 de marzo de 1820 hasta el 1 de octubre de 1823; y desde el 13 de agosto de 1836, hasta la promulgación de la Constitución de 1837.
En términos de derechos la propuesta era revolucionaria: establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y garantizaba los derechos a la educación, libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio, y el derecho a la libertad y a la propiedad. No obstante (en una trampa del lenguaje usual para la época) la universalidad de derechos garantizada a todos los ciudadanos, encubría el hecho de que calificar como ‘ciudadano’ era privilegio de unos pocos.
El sufragio activo no era plenamente universal -se excluía a las mujeres, los sirvientes domésticos y en el caso americano a los grupos étnicos esclavos (en consonancia con el Cabildo del Río de la Plata que 14 el 19 de septiembre de 1811 resolvió que no serían considerados ‘vecinos’ –y por lo tanto no podrían participar del Cabildo- ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos ni las mujeres). A la vez, para ser elegido diputado era necesario “tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios”, por lo que la condición de propietario era definitoria.
Lo que nos interesa destacar es que el debate de las Cortes de Cádiz, que había comenzado en 1810, fue seguido con atención e inspiró mucho de lo actuado en el Río de la Plata. En particular nos interesa destacar que bajo este modelo el Segundo Triunvirato convocó el 24 de octubre de 1812, a una Asamblea General Constituyente para establecer “la organización general del Estado”. Dicha Asamblea comenzó a sesionar en enero y fue conocida por nosotros como “Asamblea del Año XIII”.
Estas vinculaciones hicieron que en 2012 la Dra. Stella Maris Martínez desde la Defensoría General de la Nación propusiera un encuentro para reflexionar sobre los vínculos políticos y las influencias de estos instrumentos, y sobre todo sobre la persistencia de violaciones de derechos que ya dos siglos atrás constituían situaciones inaceptables en pueblos que buscaban su emancipación de los poderes absolutos. En particular, la persistencia de la tortura como parte del interrogatorio, haciendo que sus instrumentos fueran eliminados.
En efecto, debemos a la Asamblea del Año XIII una obra democratizante de altísimo impacto: suprimió los títulos de nobleza, anuló las diferencias de nacimiento, abolió el sistema de encomiendas que permitía la explotación del indígena, declaró libres a los negros, hijos de esclavos, que nacieran después del 31 de enero de 1813, y prohibió la introducción de nuevos esclavos, abolió los instrumentos de tortura que utilizaban la policía y los jueces, dictó leyes para organizar la Administración General, el Tesoro y el Ejército.
Pasados dos siglos, desearíamos que aquellos ideales pudieran encarnarse en el ejercicio de derechos ciudadanos de todas las personas que habitan nuestro territorio, pero estamos muy lejos de ello. Nos pareció oportuno entonces ampliar ese diálogo y, desde el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, invitar a la Defensoría General de la Nación a reflexionar conjuntamente para poner en debate dos flagelos insistentes que se presentan 15 en nuestra sociedad con otras caras y afectan de modo particular por razones de género: la esclavitud y la tortura.
Esta publicación refleja ese encuentro para el diálogo, y conserva la fluidez del lenguaje coloquial de los paneles sin perder el rigor de las ideas. Es una oportunidad para seguir pensando cómo pasar de la letra de las normas al ejercicio de los derechos en cuerpos diversos y lejanos de los sujetos hegemónicos que pensaron para sí una ciudadanía que no tenía sexo (porque eran varones) ni color de piel (porque eran blancos) ni clase social (porque eran propietarios) ni edad (porque eran adultos) ni etnia (porque eran descendientes de europeos).
La democracia exige explicitar las condiciones de subordinación implícitas en la materialidad de los cuerpos, darles la palabra y transformar el Estado y la Justicia para que la diversidad de demandas encuentre diversidad de respuestas bajo la misma constelación de derechos. Traducir estas diferencias es en parte la misión del Observatorio de Género en la Justicia.
 

Dra. Diana Maffía
Directora Observatorio de Género en la Justicia

Fuente: http://editorial.jusbaires.gob.ar/

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