Meaca: “No podemos discutir un sistema penal donde la centralidad sea el castigo”

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Por Admin marzo 2, 2019 22:18

Meaca: “No podemos discutir un sistema penal donde la centralidad sea el castigo”

Para el defensor de los derechos del Niño de La Pampa la reforma penal juvenil que impulsa el Gobierno potencia un modelo de “descarte” social donde los medios cumplen un rol central: “Ante un hecho delictivo cometido por un joven, reaccionan con una fuerte exigencia de castigo, no buscando justicia, sino venganza”.

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para Revista Zoom

El abogado Juan Pablo Meaca es uno de los pocos defensores provinciales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que existen en el país. Apenas hay cinco y están en Santa Fe, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero y La Pampa. En este último distrito, en diciembre de 2014 y por concurso, fue designado Meaca, y desde entonces su labor es tomada como referencia en un campo donde existen muchísimas deudas por saldar.

De hecho, el nombramiento de un defensor de la niñez a nivel nacional, exigido por la Ley 26.061 de Protección Integral de la infancia, acumula una demora de 13 años. En paralelo, el gobierno de Cambiemos viene aplicando ajustes constantes sobre esta área, y días atrás presentó un proyecto de reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil que incluye bajar la edad de imputabilidad.

Para el funcionario de La Pampa, “ya nada se disimula” y quedó demostrado que “este grupo vulnerable no es prioritario”, porque se responde a una situación crítica “proponiendo cárcel como solución” y recortando partidas. Meaca, que también trabajó en temas de género y minoridad en Córdoba, advirtió que “el sistema vigente parte ideológicamente de suponer que la aplicación de violencia sirve para corregir la violencia” y que la instalación mediática de la seguridad como eje central del debate “genera no solo estrategias estatales de contenido represivo para los sectores controlados socialmente (los pobres), sino la justificación del descarte de los jóvenes”.

– ¿Por qué, como sociedad, nos cuesta tanto discutir seriamente la cuestión penal juvenil?

– Hablar de este tema nos posiciona en un análisis hipócrita sobre la situación de los niños y jóvenes que se encuentran privados de libertad. Posiblemente, surja de una visión antagónica que convive dentro de cada uno de nosotros, entre la realidad concreta de la situación de vulneración en que están estos jóvenes y los elementos conceptuales aportados por la opinión pública, los discursos que implantan los medios de comunicación y los sectores interesados, basados en la necesidad de encontrar un culpable al tema del día: “la inseguridad”, caballo de Troya para las próximas elecciones, el cual desplazó y ocultó la grave situación de pobreza de la niñez.

– En paralelo, se le aplica el mismo tipo de ajuste que al resto del Estado.

– Es innegable que los niños y adolescentes, y sobre todo los recursos que el Estado tiene la obligación de aportar para su protección, educación y salud, son la variable del ajuste y objeto de recortes constantes. Los índices de pobreza que anualmente publican Unicef y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA dan muestra de un deterioro geométrico, con una caída que este año implicará que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes del país sean pobres. La respuesta a esta situación de extrema gravedad es bajar la edad, proponiendo cárcel como solución, y recortar las partidas a un mes de aprobado el presupuesto nacional. Ya nada se disimula. Este grupo vulnerable no es prioritario.

– Como el resto de los especialistas, usted es muy crítico del proyecto oficial para reformar el sistema penal juvenil. ¿Por qué?

– Lo primero que llamó la atención es que fuera el Ministerio de Justicia el que convocara, en 2017, a referentes provinciales y nacionales de niñez para avanzar sobre una modificación de la Ley 22.278. No es el organismo con competencias sobre la temática, que es abordada por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Desarrollo Social. En esa oportunidad, se integraron comisiones con referentes de todas las provincias, divididos en mesas temáticas. Una se dedicó a la edad de imputabilidad, cuestión que no pudo ser consensuada porque casi la totalidad rechazó la baja de la edad: 36 especialistas contra siete a favor. Al margen de lo resuelto, el organismo nacional siguió avanzando y hoy cuenta con un proyecto que plantea bajar la edad a 15 años. Es de público conocimiento el rechazo de todos los referentes de niñez, especialistas, organizaciones sociales, espacios institucionales y hasta las provincias, que junto a la Secretaria de Niñez tienen proyecto propio, también oponiéndose. El día de la presentación, la máxima autoridad del Ministerio publicó en sus redes sociales la presentación de la baja de edad, olvidándose de que en realidad es un proyecto de responsabilidad penal juvenil. Eso demostró la intención real, lo único que reviste importancia e interesa: poder castigar como propuesta ante la inseguridad.

– ¿Cuál es la principal falencia que ve en la iniciativa del gobierno?

– Tiene graves problemas constitucionales y convencionales, que radican en que su estructura ideológica solo está interesada en el castigo y no en la reinserción social. A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se volvió necesario adecuar la Ley 22.278, sancionada en el proceso militar y no acorde a la normativa internacional vigente. Pero este proyecto no solo no respeta la exigencia de avanzar en estas garantías, sino que implica una violación al principio de no regresión en derechos de la infancia, agravando aún más la situación. Los principios de la Constitución Nacional chocan estrepitosamente con una realidad de vulneración de todo el sistema de protección de la infancia, ya tan imposible de no ver que se incorpora como un paisaje cotidiano al que nos hemos acostumbrado, otorgándole cierta normalidad a niñas y niños durmiendo en la calle, pidiendo, siendo explotados sexualmente o drogándose. ¿Qué efecto real tienen la Constitución y la Convención de los derechos del niño? Posiblemente ninguno.

– Ante una situación tan evidente, ¿por qué se intenta seguir imponiendo la vía represiva?

– Seguramente, lo central en el análisis de lo penal juvenil radica en definirse por dos posiciones ideológicas que hace años se han ido estructurando: la que históricamente se aplicó, proponiendo a la privación de libertad como solución a cualquier reacción de un adolescente ante el sistema, o la de avanzar a sistemas de reinserción social, equiparando las desventajas sociales, educativas y de inclusión con otros niños, lo que requiere inversión social en los sectores más vulnerables, recursos que fueron recortados. Pero una discusión actual solo puede avanzar basada en derechos, no podemos volver a discutir un sistema donde la centralidad sea el castigo, que históricamente se aplicó y nunca logró resultados efectivos.

– ¿Gran parte de la sociedad ignora la realidad de estos jóvenes?

Juan Pablo Meaca– El ingreso a cualquier centro penal juvenil, inmediatamente, nos deja ver la hoguera que produce de todo derecho establecido por nuestra Constitución y la letra muerta en la que convierte a las normas legales. Dentro de ellos, la realidad de la vulneración de todo tipo de circunstancias que sufren niños y adolescentes, no da espacio a ningún derecho. El principio que dictamina que “nadie sale de un correccional mejor de lo que entró”, demostrado a lo largo de nuestra historia y de los procesos de estos sistemas en el mundo, permite observar que las cárceles, los correccionales, los centros penales juveniles o el nombre que se les quiera dar para tranquilizar nuestras conciencias, son parte del problema.

– ¿Qué ejes tiene el proyecto que ustedes ofrecen como contrapunto?

– La propuesta penal juvenil que sostenemos hace hincapié, sobre todo, en la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, con un fuerte componente tendiente a la reinserción social en marcos sociales colectivos adecuados. Consideramos a la infracción penal que cometió el joven como un elemento que quiebra la convivencia social y que se produce por factores socioculturales, económicos y educativos, producidos por desventajas sociales que han sufrido, así como su grupo social, desde su desarrollo temprano, y que el sistema estatal debe remediar para garantizar la igualdad de derechos.

– ¿Cómo abordan el tema de la seguridad, que suele imponerse en todos estos debates?

– En una sociedad, según datos de Unicef de 2018, con el 48% de sus niñas, niños y adolescentes pobres, no habrá “seguridad” para nadie. La respuesta debe estar orientada ante el aviso de la disfuncionalidad, concretando igualdad de derechos y oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes, con inclusión verdadera y recursos en las aéreas educativas, de salud, adicciones, protección. Así podremos lograr la ansiada “seguridad”, considerando que la inseguridad la está padeciendo la infancia. Nuestra mirada entra en conflicto por ser contradictoria con lo que realmente sucede, en cuanto que estos jóvenes constituyen “vidas” que se descartan. Un adolescente que deambula por los efectos de la droga, un niño tirado bajo una frazada en la calle, una adolescente explotada sexualmente, van dejando de ser una parte social ante la mirada descomprometida del Estado, que solo se conmueve ante su reacción, proponiéndole el castigo y la pena a alguien que ya los sufre desde el nacimiento. La posibilidad de desecharlos en cuanto se detectan elementos antisociales o de reacción al propio sistema, se convierte en un proceso natural, donde la mayoría de los adultos detenidos pasa por sistemas juveniles. El informe “Jóvenes y Sistema Penal Juvenil”, del Ministerio de Justicia, refleja que el 80% de la población del sistema penal de adultos en situación de privación de libertad, en algún momento, pasó por el sistema penal juvenil.

– ¿Y qué pasa con el objetivo de “reinsertar” a estos jóvenes?

– Es una simple quimera para adornar nuestro texto constitucional y las conciencias de nuestra sociedad, esperando que el efecto alucinógenono oculte la degradación en el ser humano que produce la privación de libertad. A las claras, marca cierta intencionalidad, en cuanto, de antemano, el Estado tiene conocimiento del fracaso de las políticas inclusivas y no las modifica, porque periódicamente es instalada en sectores sociales, por medios de comunicación, la “cuestión” de la seguridad como tema central. Es un “falso problema” instalado por grupos e individuos estratégicamente situados. Esto genera no solo estrategias estatales de contenido represivo para los sectores controlados socialmente (los pobres), sino la justificación del descarte de los jóvenes, muchos de los cuales no llegan a edad adulta, con sistemas de reinserción que tienen la clara intención del fracaso por la falta de recursos para su implementación. Este año, las defensorías provinciales de Niñas, Niños y Adolescentes existentes debimos presentar nota al presidente de la República solicitando se respete el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre, el cual en enero ya fue recortado.

– ¿Cómo se conforma esta idea de un sistema que busca “el descarte”?

– Estos efectos que entendemos negativos y que el sistema nunca logra corregir, nos llevan a considerar que no son acciones no deseadas, sino objetivos principales, buscados para controlar a las clases sociales que son dominadas, mantenerlas en su vulneración y prever un recorrido represivo hasta su descarte social. Partimos de considerar que, en realidad, todo el sistema penal juvenil está pensado para realizar un control social de ciertos individuos, en este caso, niños, y jóvenes que son “identificados” por ciertas particularidades estructurales que construye la sociedad. El sistema considera que quienes posean estas características van a terminar generando comportamientos antisociales. Se produce su etiquetamiento y se les establece un devenir histórico que estará determinado por un fuerte control social, devolución de altos grados de violencia, largos procesos en situación de privación de la libertad y la muerte antes de llegar a la juventud, produciendo su descarte impune por los sistemas de seguridad estatales. Desde esta perspectiva, la construcción de los derechos humanos de la infancia rápidamente entraría en conflicto con las acciones del Estado para control social, aunque son sistemas que coexisten en la sociedad y en los propios individuos, y se establecen categorías separadas sobre el “niño” que se protege, perteneciente a cierto sector social, y el “menor” pobre que se descarta.

– ¿Cómo coexisten estas dos categorías?

– El sistema de protección de derechos, y el nuevo paradigma de derechos humanos de la infancia, están pensados para los niños como categoría conceptual clasista en estratos medios y altos de la sociedad, y no para “los menores”, como categoría conceptual distinta. Para esta última, se mantiene la mirada de un objeto despersonalizado, apuntando claramente a judicializar situaciones de pobreza y marginalidad. Lo contradictorio es que termina siendo el mismo niño en dos procesos diferentes de su vida: la “compasión” cuando es chico en situación de pobreza, y la mirada “represiva” cuando crece y pelea por sus derechos. Cuando hablamos de castigo queremos significar que se reclama no una reparación o sanción por el daño, sino producir un sufrimiento personal, que al no poder generarse directamente, se lo imparte por medio de las condiciones inhumanas en la privación de la libertad, algo que el mismo Estado, por medio de sus actores, garantiza que se efectivice, con mecanismos que legitiman la situación de dominación y refuerzan en el adolescente una reacción cada vez más violenta contra la sociedad.

– Es la idea de que el castigo debe ir más allá de la no libertad.

– Es la exigencia para que “la pase mal” el “delincuente menor”, y se ve multiplicada por la opinión pública y los medios de comunicación, que ante un nuevo hecho delictivo cometido por un joven, reaccionan con una fuerte exigencia de castigo, no buscando justicia sino venganza con un alto control social. También se produce un mensaje dirigido a los integrantes de todos los poderes, para reforzar la intervención con “mano dura”. El sistema vigente parte ideológicamente de suponer que la aplicación de violencia sirve para corregir la violencia, que incorporar en el joven varios procesos de extrema brutalidad va a determinar la corrección de su actuar. Es desconocer que ese actuar se produce, en gran medida, por el resultado de procesos históricos en los que sufrió abandono y violencia.

– En este escenario, ¿cómo juega el postergado nombramiento de un defensor del Niño de la Nación?

– Aun con las demoras, el adelanto en la designación del defensor permite poner en agenda el tema y dar una discusión nacional basada en la necesidad presupuestaria para sacar a la infancia de la pobreza y la indigencia. También implica seguir avanzando para lograr imponer un discurso mediático fundado en los derechos humanos de la infancia, en un proceso colectivo que contenga a todos, que destruya el modelo de seguridad implantado en la sociedad y abra una discusión sobre nuevas estrategias para implementar la garantía de derechos de todos los jóvenes.

– ¿Qué conclusiones pueden sacarse de lo ocurrido en Tucumán con la niña embarazada y del caso similar que un mes atrás sucedió en Jujuy?

– Que son un ejemplo más de la extrema vulneración en la que se encuentra la niñez. El sometimiento constante a procesos que legalmente deben ser considerados “tortura” de las niñas y adolescentes embarazadas, que luego de sufrir una situación de extrema gravedad como es el abuso sexual en la infancia, son obligadas a llevar adelante embarazos no deseados, aun con tremendas consecuencias para su salud, integridad y vida, habla a las claras del incumplimiento de todo tipo de normas y del abandono de cualquier rasgo de humanidad por parte de los actores intervinientes.

– ¿Por qué no es posible garantizar estos derechos?

– Desde el fallo F.A.L. de la Corte Suprema, quedó claramente definido el derecho de niñas y adolescentes de requerir una interrupción voluntaria del embarazo ante situaciones de abuso sexual y por causales de salud. Pero esto es entorpecido por los propios organismos estatales, como en las situaciones de Tucumán y Jujuy. El relato de las víctimas y la información profesional de los obstáculos que los actores estatales interponen, considerando a la infancia como un objeto que es vulnerado reiteradamente, dan cuenta del descarte que el Estado también realiza de estas niñas. La publicación de sus datos, las valoraciones religiosas y morales, los juzgamientos públicos, los objetores administrativos de derechos y la falta de empatía social son todas instancias cómplices de su linchamiento. El grito de “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” seguirá resonando en la conciencia colectiva de nuestro Estado, cada vez más inhumano y violento.

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