Los 14 candidatos a Defensor/a del Niño están en contra de la baja en la edad de imputabilidad

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Por Admin enero 10, 2019 11:30

Los 14 candidatos a Defensor/a del Niño están en contra de la baja en la edad de imputabilidad

El Gobierno busca bajar a 15 años la edad para imputar un hecho delictual. Los organismos de niñez se oponen a esta medida.

Por Mariana Iglesias

Hay consenso en reformar el sistema penal juvenil. Desde todos los organismos de Justicia y Niñez se repite que es antiguo e ineficiente. Pero en esta reforma que vuelve a plantear el Gobierno se cuela una vez más la idea de bajar la edad de imputabilidad, y en este punto también hay consenso entre los especialistas de infancia: todos se oponen. Ya lo han hecho UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y numerosos especialistas. Clarín consultó a las y los 14 candidatos a Defensor del Niño. Todos están en contra. Aseguran que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de la inseguridad y que es una medida regresiva y anticonstitucional. Lo que hace falta -explican- son medidas de prevención y políticas sociales de protección.

En noviembre, UNICEF presentó “Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina”. Hay 7.200 chicos cumpliendo algún tipo de medida penal y 1.300 están en Centros Cerrados, la mayoría por delitos menores. El 3,8 por ciento tiene menos de 16 años. El estudio asegura que estos chicos no deberían estar presos, que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no pueden estudiar, no tienen casa, no acceden a la salud. 

«Pensar sólo en disminuir la edad de imputabilidad como solución es simplista, porque centra la atención de la sociedad en la violencia de los adolescentes y no en la que se ejerce a diario sobre ellos: por fallas graves en el sostén familiar a causa de la pobreza de sus progenitores y su falta de educación, responsabilidad grave del estado por no brindar oportunidades adecuadas a gran parte de la comunidad, por educación de mala calidad, falta de oportunidades de recreación, deporte, acceso a bienes culturales, empleo joven. Necesitamos desarrollar políticas públicas para promover una sociedad menos violenta», dice un documento de la SAP.

La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes plantea la figura del Defensor del Niño. La ley es de 2005 y el cargo sigue vacante. En 2017, Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones no gubernamentales, activó el tema judicializándolo. Se formó una comisión bicameral, se presentaron 63 candidatos que dieron exámenes y en noviembre los que habían aprobado -nueve mujeres y cinco varones- expusieron ante la Bicameral, que debía designar a alguien antes de fin de año. No hubo acuerdo y los quince millones de niños, niñas y adolescentes -el 52 por ciento en situación de pobreza- no tienen defensor. A pesar de sus diferencias, la postura contraria a la baja de imputabilidad es unánime. Clarín buscó sus opiniones.

«El Gobierno instala un eje equivocado. Las estadísticas muestran que los delitos cometidos por adolescentes son los de menor gravedad. El diagnóstico es equivocado y lo que hace es estigmatizarlos. Lo que debe hacer es pensar en la prevención con políticas públicas», sostiene María Elena Naddeo, al frente del centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo CABA.

«Siempre hemos estado en contra porque no resuelve el problema. Lo que va a provocar es que haya muchos más chicos presos. Está claro que lo que hace falta son políticas públicas de prevención, pero en vez de apuntalar la escolaridad de cierran escuelas, clubes de barrio y talleres de recreación y arte. Si se cierran esas puertas las que se abren son las de la escuela del delito», dice Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina.

«Se ha demostrado que en Argentina los adolescentes menores de 16 cometen delitos en general contra la propiedad, sin armas. A esa edad son más víctimas que victimarios. Lo que se pretende imponer es anticonstitucional porque los derechos humanos no pueden ser regresivos sino que deben ser progresivos. Está claro que es una medida ineficaz e ineficiente. El problema es la pobreza y la falta de políticas públicas», asegura Marisa Graham, especialista en derecho de Familia.

Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, repite los argumentos de la Red Argentina No Baja (varios de los candidatos a Defensor del Niño forman parte de la Red): que no sirve, que es anticonstitucional. «Va en contra de los derechos humanos,promueve una política de punitivismo contra los adolescentes. Si les importaran los chicos podrían dar mayor presupuesto y compensar la política de ajuste», afirma.

«Estoy en contra porque no existe evidencia internacional de que el problema se soluciona bajando la edad. La agenda de política pública en materia de adolescencia es mucho más amplia y sistémica y es tarea del Estado encararla de modo integral, sin oportunismos políticos y generando los consensos de mediano y largo plazo mas allá de coyunturas específicas en el estado de la opinión pública», dice el politólogo Fabián Repetto.

«Celebro que se presente un proyecto de responsabilidad penal juvenil porque es una deuda pendiente de la democracia, pero la iniciativa no puede plantear la baja de la edad de punibilidad, para empezar, porque es inconstitucional. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones a la Argentina en junio del 2018 dijo expresamente que se ‘apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal’.

Esto es coherente con la línea que adopta este organismo creado por la Convención sobre los Derechos del Niño y a cargo de su interpretación, al establecer en su Observación General número 20 de 2016 sobre la efectividad de los derechos de los adolescentes, donde exhorta a los Estados a que mantengan la mayoría de edad penal a los 18 años”, dice Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet..

¿Y si la ley se aprobara bajando la edad de punibilidad a los 15 años? «Indagaría si la o el defensor podría hacer uso de una herramienta poco usada hasta ahora, regulada en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones -responde Herrera-. Plantear ante el Comité de los Derechos del Niño esta situación que confronta la baja de edad penal que establece una ley nacional con una postura consolidada en el ámbito internacional especializado».

 

Clarín

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Por Admin enero 10, 2019 11:30

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