Luego de la muerte de la beba nacida tras una cesárea obligada, organizaciones de mujeres comenzaron un reclamo para exigir la renuncia del ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid, por tener responsabilidad directa en lo sucedido. “Aplicar la ILE hubiera evitado la agonía de esa recién nacida, además de la maternidad forzada a la que se obligó a la niña”, señalaron en referencia a la niña violada por su vecino de 58 años.

La madre de la niña violada en San Pedro, Jujuy, solicitó mediante un recurso formal la remoción del ministro de Salud por violar “la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral” de su hija, quien había pedido se cumpla la ley de Interrupción Legal del Embarazo, cuyas causales están previstas en el fallo FAL, pero el equipo médico del Hospital Quintana retrasó la decisión, no se ajustó a derecho, y optó por realizar una cesarea.

El pedido de renuncia de Bouhid ya reunió más de dos mil firmas, entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos. “No fue ILE, fue tortura”, denunciaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la provincia norteña.

Se trata de una solicitud de renuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, por violar la intimidad de la paciente, su derecho a la privacidad y el secreto profesional. “El ministro difundió ilegalmente -sin el consentimiento de la niña ni de su familia- en medios periodísticos el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico que se llevaría a cabo, el horario de la intervención quirúrgica, las condiciones de salud previas y posteriores al curso de acción terapéutico consentido”, señala la solicitud.

Luego de practicada la cesárea, Bouhid había dicho a la prensa: “Nació viva, es una bebé”, a la vez que expresó su postura “a favor de las dos vidas”. En tanto, el gobernador, Gerardo Morales, había anticipado en la mesa de Mirtha Legrand que “una familia importante” de Jujuy estaba interesada en adoptar a la recién nacida, desconociendo el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por su parte, desde el movimiento de mujeres convocarán a una conferencia de prensa, una marcha federal y presentarán una denuncia penal contra el ministro jujeño por vulneración de derechos tales como: tortura, obstaculización de la ILE, incumplimiento de deberes de funcionario público y de confidencialidad.

“Se torturaron dos vidas. No cumplió ninguna ley. Exigimos renuncia”, sentenciaron desde la Campaña.

Fuente: Notas Periodismo Popular