REDI manifiesta su enérgico repudio ante la decisión de recortar las pensiones no contributivas llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social basándose en el decreto 432/97.
Las pensiones por invalidez e incapacidad laboral surgieron normativamente para dar recursos a quienes quedaban fuera del mercado laboral. Su otorgamiento como derecho cambió para cubrir la situación de vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad que estructuralmente tienen dificultades para conseguir trabajo y precisan del amparo del estado al no poder procurarse un mínimo sustento y cobertura. El decreto 432/97 reviste inconstitucionalidad sobreviniente pues contradice a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, jerarquizada con rango constitucional desde 2014, en cuanto al fomento de la vida autónoma.
El discurso del gobierno respecto al Plan Nacional de Discapacidad sostiene que se busca que las personas con discapacidad tengan un proyecto de vida independiente. La aplicación de la tijera neoliberal mientras no se articula la creación de trabajo genuino desmiente esta intención. Otra actitud repudiable es la que estigmatiza al colectivo en su conjunto cuando el ministerio de Desarrollo Social desliza que está corrigiendo irregularidades ante pensiones mal otorgadas. Incluso cuando pretenden justificar la acción regresiva desde la Administración Pública no han tomado el curso de generar un expediente y las bajas se ejecutaron sin notificar a las personas afectadas.
Esta medida, en un contexto macroeconómico adverso con una inflación del 25% interanual, llegada a un 44% en 2016, con caída del PBI y un aumento del desempleo a ritmo alarmante, se suma a varias políticas desfavorables para las personas con discapacidad. Los recortes llegaron a la cobertura del programa Remediar, el transporte gratuito afectado por el decreto 118/06 y se añaden al ajuste que sufre toda la sociedad, exceptuando los sectores beneficiados por la brutal transferencia de recursos implementada por el régimen neoliberal gobernante.
Exigimos el cese del ajuste que recae sobre los sectores más vulnerados de la sociedad, la restitución del derecho adquirido por las personas que perciben pensiones no contributivas, que el estado accione para cumplir el cupo laboral de personas con discapacidad y respete los marcos institucionales.
REDI – Red por los derechos de las personas con discapacidad
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