Problemáticas de la aplicación de los protocolos de violencias en la Universidad.
¿Qué dicen estudiantes de abogacía de la UNLPam?
Por Daniela Zaikoski Biscay[1]
Introducción
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Las relaciones sociales educativas no escapan a lo que se ha denominado “injusticia epistémica” (Fricker, 2017), es decir, en el sentido de que las instituciones y las prácticas sociales favorecen a los poderosos y que los poderosos gozan de una ventaja epistémica tal que les permite producir sentidos del mundo. Las relaciones sociales educativas en las universidades y en las carreras de Derecho son en diversos modos asimétricas y producen injusticia epistémica.
En ese sentido, el espacio social universitario es violentogénico y discriminatorio. En consecuencia, produce vulneraciones a los principios mínimos fundantes del orden jurídico y ético global de los derechos humanos. Las violencias en la universidad se han constituido reciente y promisoriamente en objeto de estudio y, si bien existe un cúmulo de producción científica sobre el tema, hay mucho interés y necesidad de seguir estudiando este fenómeno. A fin de poder analizar las violencias en el marco de las universidades, como una grave afectación a la dignidad, al derecho a la vida sin violencia, a la educación y al trabajo, este trabajo se organiza del siguiente modo: en un primer apartado hacemos un brevísimo recorrido por la conceptualización básica sobre violencia de género de acuerdo a la normativa vigente y el problema de la institucionalización de la perspectiva de género; en segundo lugar, revisamos las principales características del Protocolo de Abordaje de las violencias de la Universidad Nacional de La Pampa y, en un tercer apartado; analizamos las opiniones de estudiantes Sociología Jurídica de la carrera de derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam recogidas en las encuestas realizadas en 2020 y 2021. Por último, cerramos con unas breves palabras de reflexión.
Género, Universidad y Violencias: Conceptos y normativas
El estudio de las violencias como manifestaciones de la discriminación en el ámbito de las universidades y, más particularmente en las facultades de Derecho, es reciente. Sin dudas, esta área de estudios se nutre de la doble vertiente de los feminismos: la teorización feminista en la academia y la movilización social. Ni una ni otra son recientes en nuestro país, pero si podemos decir que han adquirido relevancia, han empezado a desmontar y han podido consolidarse en las instituciones de nivel superior en los últimos años. La implementación de programas, la creación de institutos o departamentos y el avance de los denominados feminismos jurídicos de forma lenta pero imparable han ido modificando los supuestos androcéntricos de la universidad como institución de producción de conocimiento y de las carreras de abogacía. Ello no significa que desde los sectores más conservadores del statu quo universitario no haya resistencias ni reacomodamientos, pero lo cierto es que no pueden ocultarse ni desconocerse los avances que han ocurrido ni la mayor visibilización de los problemas que afectan diferencialmente a mujeres y diversidades, imbricados con distintas dimensiones intersecadas por factores de discriminación.
Sin ánimo de exhaustividad, podemos decir que son varias las explicaciones acerca de esta mayor visibilización. Como otras autoras, nosotras creemos que a transición y consolidación democrática a partir de los años 80 en Argentina y la región tuvo impacto positivo en el desarrollo tanto del movimiento de mujeres, feministas y de diversidades como así también en la institucionalización de los estudios de mujeres, género y más recientemente de diversidades y sexualidades en la academia (Perez y Zaikoski Biscay, 2017; Cano, Zaikoski Biscay y Andriola, 2021). Piccone (2021) destaca el surgimiento del Ni una menos como un giro o redireccionamiento de los feminismos hacia la cuarta ola y señala que esa emergencia tan notoria solo pudo darse en un contexto de luchas anteriores. Esta autora resalta que hay lapsos de tiempo u oportunidades que otorgan más visibilidad a los problemas. Otros momentos son de latencia, aunque el movimiento y la academia feministas sigan trabajando y problematizando; 3 un momento precede o acompaña al siguiente de forma dialéctica, de forma sinérgica.
En base a este marco, el abordaje de las violencias en la universidad se vuelve complejo y responde a varias dimensiones. Más aún entre quienes nos dedicamos a mirar el derecho desde la lente de las ciencias sociales y el género. En este escenario, pensamos que se deben poner en discusión algunos presupuestos erróneamente considerados sobre las violencias y en particular las que ocurren en la universidad. En principio, la universidad se piensa así misma como un espacio libre de violencias; si ocurren en el espacio universitario es porque existen ciertas condiciones, disposiciones o infraestructura que puede resultar peligrosos para la circulación segura de las mujeres. Esta idea supone la dicotomización de los espacios sociales (público/privado); presume que la universidad se halla en el espacio de lo público y niega las condiciones que favorecen o producen violencias, que no son solo infraestructurales ni meramente arquitectónicas. Lo cierto es que la universidad funciona como una geografía que ubica espacialmente unos cuerpos en un lugar y unas “cuerpas” en otros. La supuesta peligrosidad de los espacios (zonas de ingreso, estacionamientos, campus, etc.) también puede ser mirada bajo la lente del control. Mejor no circular, no estar o no habitar espacios peligrosos: mejor pasar por desapercibida, en fin, mantenerse en el espacio paradigmático de las mujeres, el privado.
Un segundo supuesto a desmontar dice que las violencias contra las mujeres ocurren en sectores sociales con baja o poca educación. Esto es un mito ampliamente tematizado por los estudios feministas que han demostrado que las violencias ocurren en todas las clases sociales, es intra e intergenérica, afecta a personas de diversas identidades y orientaciones sexuales. Femenías (en Colanzi, Femenías y Seoane, 2016:49) respecto del mito que dice que las personas incultas son más violentas, se pregunta: “Si las personas educadas no son significativamente menos violentas que las demás, ¿es que la educación sigue reproduciendo una ideología sexista? ¿Qué responsabilidad nos cabe en esto?”.
Un tercer supuesto que circula con fuerza en las universidades es aquel que indica que si no hay denuncias es porque no hay violencias (o hay pocas). Este argumento no solo desconoce el distinto impacto que producen las discriminaciones y violencias, sino que oculta que las mujeres y diversidades tienen especiales dificultades en la universidad (y en otros espacios) para que su voz, intereses y necesidades sean considerados. De eso se trata la injusticia epistémica. El hecho de que sean los varones quienes han sido históricamente los “sujetos epistémicos” tiene como consecuencia la desvalorización de conocimientos producidos por otros sujetos y bajo otras condiciones. ¿Por qué una alumna o profesora o trans o trabajadora no docente víctima de violencia pensaría que su voz y su caso será escuchado? Existe suficiente evidencia de que la falta de correspondencia entre las violencias y las denuncias no se explica por la baja frecuencia de las violencias sino por los problemas para encuadrar la situación en el marco de la violencia y así plantear y sostener las denuncias. No se denuncia o se denuncia poco, porque las personas afectadas sienten desconfianza o descreimiento ante las posibles soluciones que ofrece la institución, porque saben cuán sexista es la cultura institucional universitaria. Tapia Tapia (2020) expresa que en las instituciones de educación superior existe una neutralidad que se traduce en la falta de intervención salvo que haya una resonante denuncia, y que esa neutralidad tiene que ver con las características paradigmáticas (de la modernidad) de la construcción del conocimiento. En este sentido, ese silencio ante las violencias que se traduce en la escasa cantidad de denuncias puede deberse a múltiples causas, pero no porque los hechos no existan. Las víctimas saben o pueden saber en el contexto en que se desenvuelven si el problema será adecuadamente abordado o si serán culpabilizadas por la situación, saben o pueden saber si se investigará y sancionará a quienes la cometan.
Otro supuesto que es necesario desmitificar es aquel que señala que la violencia contra las mujeres en razón de género en la universidad es siempre asimétrica. Además de errónea, esta presuposición dificulta la visibilización de los casos que ocurren entre pares (estudiantes-estudiantes/ docentes-docentes, etc.). De este supuesto se deriva el problema de que las respuestas no pueden asimilarse sin más a cómo se trata la violencia laboral ya que las relaciones pedagógicas requieren otras soluciones y alternativas distintas a la relación de empleo público o contratación con terceros que hacen las universidades.
Existe abundante normativa internacional sobre educación y mujeres que se despliega en diversos instrumentos que prohíben la discriminación y destacan que las violencias afectan a las niñas y mujeres y a personas de los colectivos de la diversidad sexo-genérica en los procesos educativos… Seguir leyendo.
[1] Abogada. Magíster en Sociología Jurídica (UNLP). Docente regular de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa. Secretaria del fuero civil y comercial en el poder judicial de La Pampa.
