Luego del informe sobre el tema elaborado por el Instituto de Estudios de Género y el Hospital Universitario, el Ministerio de Salud  (Mendoza) decidió investigar los casos. Pero dice que son excepcionales.
La lupa que se ha puesto sobre la violencia de género que sufren las mujeres en los servicios de salud sexual de la provincia, según lo reveló un informe del Instituto de Estudios de Género de la UNCuyo (Idegé) publicado por UNO el domingo pasado (Denuncian violencia de género en los servicios de salud sexual) , despertó varias reacciones en el Ministerio de Salud de la provincia.
La primera fue sostener que los casos pueden existir, pero que no son habituales en los centros asistenciales públicos. La segunda, solicitarles a los testigos la denuncia correspondiente a esas prácticas, porque constituyen un delito.
En este sentido, el propio titular de esa cartera, Carlos Díaz Russo, tiene previsto reunirse con el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, para interiorizarse aún más sobre el origen de esos datos que se desprenden de una serie de cuestionarios realizados a más de 350 profesionales de la salud sobre intervenciones sanitarias bajo la perspectiva de género, en el marco de un ciclo organizado por el Idegé y el Hospital Universitario de la UNCuyo.
El punto más polémico del informe elaborado por ambos organismos académicos es el referido la  violencia obstétrica, en particular contra mujeres que llegan a los hospitales públicos con complicaciones posaborto. Y dice textualmente: “Han sido reiterados los testimonios de trabajadores/ras de la salud, a lo largo de la realización del curso, sobre la habitualidad de la realización de legrados sin anestesia en distintos efectores de Mendoza. Un ejemplo de los castigos que personal situado estratégicamente en lugares de poder ejerce contra las mujeres ante la sospecha de haber interrumpido un embarazo”.
El mismo documento hace hincapié en el desconocimiento por parte de los médicos sobre la totalidad de los indicadores de maltrato físico y psicológicos contra las féminas, y los obstáculos impuestos por los mismos profesionales para que las mujeres accedan a los anticonceptivos y la ligadura de trompas (ver aparte Más ligaduras de trompas y con menos requisitos ).
Con el informe en mano, el Ministerio de Salud reconoce que pueden existir obstáculos en la atención de algún centro de salud porque su director imponga su visión moral o religiosa en este tema, ya que los médicos en su formación no tienen incorporada la perspectiva de género, algo para seguir trabajando, pero les parece inverosímil que un legrado pueda practicarse sin anestesia.
“Lo habitual es dar atención y cumplir con la Ley de Salud Reproductiva. Los obstáculos a estos servicios son  excepciones, y queremos que si alguien es testigo de estos abusos los denuncie para poder intervenir”, indicó Fanny Sarobe, subsecretaria de Gestión de Salud, acompañada por el titular del Programa de Salud Reproductiva, Pablo Alonso, y el director general de Promoción y Prevención de la Salud, Carlos Cardello.
Según los funcionarios,  la única manera de corregir el problema es concientizar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Cualquier persona que sufra algún tipo de maltrato en los centros asistenciales de salud sexual debe llamar al 0800-222-3444 , la línea sexual del Ministerio de Salud de la Nación, o al 4236908, del Programa de Salud Sexual de la Provincia, tras lo cual se investigará el caso para garantizar la realización de prácticas negadas.
por Carina Luz Pérez
cperez@cdiariouno.net.ar
Diario Uno Mendoza