Por Lynn Rosenthal y Felicia Escobar 11, 2012  Nota editorial
EE.UU: Casa Blanca. Esta publicación es la primera de una serie sobre la importancia de reforzar la Ley contra la violencia hacia las mujeres. Se harán otras publicaciones sobre la violencia hacia las mujeres indígenas norteamericanas y las víctimas dentro de la comunidad LGBT.
Desde 1994, la Ley contra la violencia hacia las mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta esencial para ayudar a proteger a las víctimas de la violencia doméstica y sexual. Al tiempo que VAWA ha intentado mejorar las respuestas de la justicia penal y de las comunidades a las víctimas del abuso, la ley eventualmente modificó el ambiente para aquellas víctimas que anteriormente no tenían otra alternativa que sufrir en silencio.
Desde entonces, el Congreso, de manera bipartidista, ha demostrado repetidamente su compromiso a preservar y mejorar las metas básicas de VAWA aumentando las protecciones en todas las reautorizaciones subsiguientes de VAWA. Esto se demostró recientemente con el proyecto de ley del Senado para la reautorización de VAWA (S. 1925) presentado por los Senadores Patrick Leahy (D-VT) y Mike Crapo (R-ID) que fue aprobado el mes pasado con una votación de 68 a 31, con un fuerte apoyo bipartidista. El S. 1925 fue presentado después de meses de contribución de ideas de un amplio rango de grupos de interés. Desafortunadamente, los líderes Republicanos en la Cámara de Representantes han adoptado un enfoque diferente, con la presentación del H.R. 4970, que es un proyecto de ley presentado por el Representante Sandy Adams (FL-24), que realmente reduce las protecciones para las víctimas de la violencia doméstica. El martes, con una votación de 17-15, los Republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron esta medida en el Comité Judicial de la Cámara, sin considerar debidamente las secciones inter-jurisdiccionales que estipulan protecciones en los terrenos de las tribus, en los programas federales de vivienda y en los recintos universitarios en todo el país.
El proyecto de ley de Adams agrega requisitos onerosos y contraproducentes que comprometen la capacidad de los proveedores de servicios para llegar a las víctimas, no protege adecuadamente las víctimas en las tribus, carece de protección y servicios importantes para las víctimas dentro de la comunidad LGBT, debilita los recursos para las víctimas que viven en viviendas con subsidios del gobierno, y elimina mejoras importantes para cubrir la violencia en las relaciones de parejas y el acoso sexual en los recintos universitarios. Entre los componentes más preocupantes de este proyecto de ley se encuentran aquellos que eliminan y perjudican drásticamente las protecciones importantes y establecidas durante tiempo que siguen siendo vitales para la seguridad y las protecciones de las víctimas inmigrantes sujetas a abuso.
Desde su comienzo, VAWA ha reflejado las circunstancias particulares que encaran las víctimas inmigrantes y, por lo tanto, ha demostrado un compromiso a ofrecerles protección y cubrir los asuntos específicos que ponen en peligro las vidas de estas víctimas especialmente vulnerables. Este compromiso incluye cubrir los problemas que encaran las inmigrantes que contraen matrimonio o se encuentran en relaciones con ciudadanos o residentes legales abusivos. En muchas de esas relaciones, las parejas abusivas usan la situación migratoria como herramienta para controlar y abusar más de las víctimas inmigrantes. Actualmente, VAWA cubre esta situación permitiéndoles a las inmigrantes sujetas a abuso que sometan una petición en relación con su situación migratoria, de manera independiente de sus cónyuges abusivos, lo que las libera del abuso y el control del cónyuge.
El proyecto toma un paso significativo hacia atrás de la ley existente permitiéndoles a los funcionarios de inmigración que entrevisten al presunto ofensor y consideren la información obtenida para tomar una determinación sobre la adjudicación de la petición hecha por la inmigrante sujeta a abuso para cambiar su situación migratoria. Esto no solo perjudica la protección crítica de la confidencialidad de que dependen las víctimas para buscar seguridad para ellas y sus hijos, sino que permite que los abusadores manipulen el proceso de inmigración para ocasionarles aún más daño. Debido a que los riesgos de daños graves y de homicidio aumentan cuando una víctima toma pasos para abandonar una relación abusiva, esta disposición pone a las víctimas justamente frente al peligro. Esta propuesta destruye casi 18 años de una ley establecida y socava la propia base de VAWA. Jamás hasta ahora se habían retractado los legisladores del principio básico de VAWA de la seguridad de las víctimas.
El proyecto de ley también desanima a las inmigrantes de reportar el acoso sexual y otros delitos pues establece restricciones innecesarias en el programa de visas U y no provee un aumento del número de visas disponible. La visa U es una herramienta que usan y apoyan generalmente los funcionarios del cumplimiento del orden para ayudar a mantener seguras nuestras comunidades mediante el enjuiciamiento de los delincuentes. Muchas agencias del cumplimiento del orden han exhortado al Congreso a que aumente el número de visas U disponible de manera que se pueda exhortar a las víctimas a que se identifiquen, reporten los delitos y reciban la ayuda que necesitan para estar seguras.
Por último, el proyecto de ley de Adams descentralizará el proceso de adjudicaciones de inmigración de VAWA, pasando por alto a los inspectores que han recibido capacitación específica sobre la violencia doméstica y el acoso sexual, y requiere entrevistas adicionales para las inmigrantes sujetas a abuso, lo que les impone cargas innecesarias a las víctimas. Normalmente, las víctimas inmigrantes tienen opciones limitadas para escapar de las relaciones abusivas y las disposiciones del proyecto de ley de Adams contradicen el propio propósito de VAWA al poner en riesgo las vidas, la salud y la seguridad de las víctimas.
Las leyes de nuestra nación deben continuar fortaleciendo las protecciones para nuestras poblaciones más vulnerables, y no reducir esas salvaguardas. El compromiso bipartidista establecido durante largo tiempo de ponerle fin a la violencia doméstica tiene que continuar recibiendo apoyo y siendo reforzado para proteger mejor a todas las víctimas de la violencia, el abuso y la explotación. Exhortamos a la Cámara de Representantes a que se una al Senado para aprobar un proyecto de ley bipartidista de reautorización de VAWA que proteja a todas las víctimas.
– Lynn Rosenthal es la Asesora de la Casa Blanca sobre la Violencia Hacia las Mujeres. Felicia Escobar es la Directora Principal de Política sobre Inmigración.
En Inglés:
Rolling Back Protections for Domestic Violence Victims Lynn Rosenthal and Felicia Escobar
Ed. Note: This is the first in a series of posts on the importance of strengthening the Violence Against Women Act.  Additional posts will follow on addressing violence against Native women and LGBT victims.
Since 1994, the Violence Against Women Act (VAWA) has been an essential tool in helping to protect victims of domestic and sexual violence.  While seeking to improve criminal justice and community-based responses to victims of abuse, VAWA ultimately changed the landscape for those previously left to suffer in silence.
Since then, Congress – on a bipartisan basis — has repeatedly shown its commitment to preserving and enhancing the core goals of VAWA by increasing protections in all subsequent VAWA reauthorizations. This was recently demonstrated by the Senate’s VAWA reauthorization bill (S. 1925) introduced by Senators Patrick Leahy (D-VT) and Mike Crapo (R-ID) that passed last month on a vote of 68 to 31, with strong bipartisan support. S. 1925 was introduced after months of input from a wide range of stakeholders. Unfortunately, Republican leaders in the House have taken a different approach, with the introduction of H.R. 4970, a bill authored by Rep. Sandy Adams (FL-24), that actually rolls back protections for victims of domestic violence. On Tuesday, on a vote of 17-15, House Republicans passed this measure out of the House Judiciary Committee, without properly considering the cross-jurisdictional sections that provide for protections on tribal lands, in federal housing programs, and on college campuses around the country.
The Adams bill adds burdensome, counter-productive requirements that compromise the ability of service providers to reach victims, fails to adequately protect Tribal victims, lacks important protection and services for LGBT victims, weakens resources for victims living in subsidized housing, and eliminates important improvements to address dating violence and sexual assault on college campuses.  Among the most troubling components of this bill are those that jettison and drastically undercut existing and important, long-standing protections that remain vital to the safety and protection of battered immigrant victims.
Since its inception, VAWA has reflected the unique circumstances that immigrant victims face, and as such, has demonstrated a commitment to offering them protection and addressing the specific issues that endanger the lives of these particularly vulnerable victims. This commitment includes addressing the problems faced by immigrants married to or in relationships with abusive citizens or legal residents.  In many of these relationships, abusive partners use immigration status as a tool to control and further abuse immigrant victims. Currently, VAWA addresses this by allowing battered immigrants to petition for their own immigration status—independent of their abusive spouses – freeing them from their spouse’s abuse and control.
The Adams bill takes a significant step backwards from the existing law by allowing immigration officials to interview an alleged offender and consider the information obtained in making a determination about the adjudication of a battered immigrant’s petition for status. This not only undermines the critical protection of confidentiality relied on by victims to find safety for themselves and their children, it also allows abusers to manipulate the immigration process to cause further harm.  Because the risks of serious injury and homicide increase when a victim is taking steps to leave an abusive relationship, this provision puts victims directly in harm’s way. This proposal guts nearly 18 years of established law and undermines the very foundation of VAWA.  Never before have policy makers retreated on the core VAWA principle of victim safety.
The bill also discourages immigrants from reporting sexual assault and other crimes by placing other unnecessary restrictions on the U visa program and fails to provide an increase in the number of available visas.  The U visa is a tool widely used and supported by law enforcement officials in order to help keep our communities safe by prosecuting criminals.  Many law enforcement agencies have called upon Congress to increase the number of available U visas so that they can encourage victims to come forward, report crimes, and receive the help they need to be safe.
Finally, the Adams bill will decentralize the VAWA immigration adjudications process – bypassing examiners who are specifically trained in domestic violence and sexual assault – and mandates additional interviews for battered immigrants, causing unnecessary burdens on victims.  Immigrant victims often have limited options to escape abusive relationships and the provisions in the Adams bill contradict the very purpose of VAWA by putting victims’ lives, health, and safety at risk.
Our nation’s laws should continue to strengthen protections for our most vulnerable populations – not roll back those safeguards.  The long standing bipartisan commitment to ending domestic violence must continue to be supported and strengthened to better protect all victims from violence, abuse, and exploitation.  We urge the House of Representatives to join with the Senate in passing a bipartisan VAWA reauthorization bill that protects all victims.
Lynn Rosenthal is the White House Advisor on Violence Against Women. Felicia Escobar is the Senior Policy Director for Immigration.
Fuente: The White House Blog