Por Maria Laura Razzari[1]
Las leyes para mi gusto no sirven a las sociedades por su potencial punitivo, muy por el contrario las leyes son eficientes cuando se transforman en el norte ético que las comunidades adoptan para sí.
Sin embargo, quienes trabajamos en el territorio de la violencia de género, observamos diariamente que priorizar la función punitiva de una ley, en ocasiones es la excusa perfecta para proteger de su aplicación a quiénes esta ley indica que deben ser sancionados.
La cultura de la impunidad hacia la violencia ha llegado al punto de hacer que lxs mediadorxs que intervienen en la ruta crítica de mujeres en situación de violencia de género e intrafamiliar decidan no aplicar los procedimientos de rigor con tal de no “empeorar las cosas”.
La cultura de la impunidad invita a las mujeres en situación de violencia a ser “tolerantes” desde la más rancia asimetría de poder moralizante que a fin de cuentas culpabiliza a la víctima de provocar un agravamiento de la situación si pide ayuda por estar siendo despojada de su salud mental, seguridad física, posesión de sus bienes y de sus vínculos afectivos más importantes.
Las mujeres en situación de violencia – en esta cultura patriarcal de la impunidad – dejan de ser vistas como personas para ser vistas como víctimas es decir: mujeres, vulnerables, dudosas, inestables, prejuzgables y a la postre manipulables desde los dispositivos emocionales que el propio patriarcado se ha ocupado de programarles: la subordinación de su ser persona a su ser madre y la culpabilización por promover escenarios de beligerancia en defensa de sus derechos.
Y todo ocurre silenciosa, concreta pero invisibilizadamente ante nuestros confundidos ojos.
Todas las leyes que se yerguen sobre la política de la equidad de género están siendo saqueadas, inescrupulosamente vaciadas en la práctica por razones ideológicas. Así cuando una mujer en situación de violencia pide ayuda, antes de concebirla como sujeta de derechos sólo se considera su obligatoriedad de seguir siendo madre, y todas las medidas se arbitran en beneficio de que pueda cumplir esta función social, antes que procurar la toma de conciencia de ella como persona autónoma en primer lugar.
Así es como en los establecimientos educativos – en el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral – siguen insistiendo con llamar a profesionales de la salud para que den charlas, siendo de este modo partícipes del vaciamiento de la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Sexual Reproductiva y con ello promotores del patriarcado que inhibe la comprensión de que el primer territorio de soberanía política es el cuerpo.
Del mismo modo en que las dependencias de seguridad y justicia ven una madre en lugar de una persona, en las escuelas ven cuerpos domesticables en lugar de sujetxs de derecho.
Las dependencias del Estado están fallando en la tarea de que las leyes trasciendan como norte ético porque los establecimientos educativos de todos los niveles y profesiones niegan los espacios políticos e institucionales para que se lleven a cabo los debates que requiere la aplicación transdiciplinar de la ley en aula, para que la ciudadanía supere la posición de menor eternx como nos sucede históricamente a las mujeres.
Mientras lxs profesionales de la salud, la seguridad, la educación y la justicia no comprendan que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, sino que es política: que es el ámbito por excelencia desde donde aprendemos a vivir relaciones de poder que nos oprimen o emancipan, estaremos en manos de todo tipo de especialistas que patologizan, minorizan, controlan y excluyen a las personas de su condición de sujetxs de derecho.
Sin embargo, quienes trabajamos en el territorio de la violencia de género, observamos diariamente que priorizar la función punitiva de una ley, en ocasiones es la excusa perfecta para proteger de su aplicación a quiénes esta ley indica que deben ser sancionados.
La cultura de la impunidad hacia la violencia ha llegado al punto de hacer que lxs mediadorxs que intervienen en la ruta crítica de mujeres en situación de violencia de género e intrafamiliar decidan no aplicar los procedimientos de rigor con tal de no “empeorar las cosas”.
La cultura de la impunidad invita a las mujeres en situación de violencia a ser “tolerantes” desde la más rancia asimetría de poder moralizante que a fin de cuentas culpabiliza a la víctima de provocar un agravamiento de la situación si pide ayuda por estar siendo despojada de su salud mental, seguridad física, posesión de sus bienes y de sus vínculos afectivos más importantes.
Las mujeres en situación de violencia – en esta cultura patriarcal de la impunidad – dejan de ser vistas como personas para ser vistas como víctimas es decir: mujeres, vulnerables, dudosas, inestables, prejuzgables y a la postre manipulables desde los dispositivos emocionales que el propio patriarcado se ha ocupado de programarles: la subordinación de su ser persona a su ser madre y la culpabilización por promover escenarios de beligerancia en defensa de sus derechos.
Y todo ocurre silenciosa, concreta pero invisibilizadamente ante nuestros confundidos ojos.
Todas las leyes que se yerguen sobre la política de la equidad de género están siendo saqueadas, inescrupulosamente vaciadas en la práctica por razones ideológicas. Así cuando una mujer en situación de violencia pide ayuda, antes de concebirla como sujeta de derechos sólo se considera su obligatoriedad de seguir siendo madre, y todas las medidas se arbitran en beneficio de que pueda cumplir esta función social, antes que procurar la toma de conciencia de ella como persona autónoma en primer lugar.
Así es como en los establecimientos educativos – en el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral – siguen insistiendo con llamar a profesionales de la salud para que den charlas, siendo de este modo partícipes del vaciamiento de la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Sexual Reproductiva y con ello promotores del patriarcado que inhibe la comprensión de que el primer territorio de soberanía política es el cuerpo.
Del mismo modo en que las dependencias de seguridad y justicia ven una madre en lugar de una persona, en las escuelas ven cuerpos domesticables en lugar de sujetxs de derecho.
Las dependencias del Estado están fallando en la tarea de que las leyes trasciendan como norte ético porque los establecimientos educativos de todos los niveles y profesiones niegan los espacios políticos e institucionales para que se lleven a cabo los debates que requiere la aplicación transdiciplinar de la ley en aula, para que la ciudadanía supere la posición de menor eternx como nos sucede históricamente a las mujeres.
Mientras lxs profesionales de la salud, la seguridad, la educación y la justicia no comprendan que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, sino que es política: que es el ámbito por excelencia desde donde aprendemos a vivir relaciones de poder que nos oprimen o emancipan, estaremos en manos de todo tipo de especialistas que patologizan, minorizan, controlan y excluyen a las personas de su condición de sujetxs de derecho.
