Por Soledad Deza* para Diario Femenino

Recientemente celebramos el tratamiento del femicidio como un delito con pena agravada para aquel hombre que propicia la muerte de la mujer a quien se siente, o se ha sentido, unido sentimentalmente. Se entiende que la muerte para esa mujer no fue accidental y que ese homicidio encierra elementos especiales como es el abuso de ese poder que sólo se registra con esa dureza, puertas adentro de una casa y en el seno de una relación que ha colocado una mordaza.
Y si, es que la violencia inmoviliza lamentablemente.
Repensar el derecho y su función social, es un desafío que va más  alla de contar con “buenas leyes” o con  “buenas resoluciones judiciales” para las  mujeres. Pensar en el derecho como herramienta social significa hacer de esta disciplina un instrumento transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos hacia una  convivencia humana basada en la aceptación de la otra persona como una legítima “otra”. Repensar el derecho es poner en duda las ideologías sobre las que se asienta ese discurso jurídico que despliegan sus operadores.
Una ideología es un sistema coherente de creencias que orientan a las personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo; proporciona una base para la evaluación de conductas y otros fenómenos sociales; y sugiere respuestas de comportamiento adecuadas. Y una ideología patriarcal no sólo explica y construye las diferencias entre mujeres y hombres como  biológicamente inherentes y naturales, sino que mantiene y agudiza otras (todas) formas de dominación. El derecho, como herramienta social, debe cortar por lo sano todo reducto que sirva para convalidar inequidades entre los géneros.
El derecho, para dejar de ser androcéntrico, debe acudir a disipar todas aquellas instituciones que refuercen la posición disvaliosa de la mujer.
Derogar el aveniento fue un acierto, sin dudas, pero es útil entender que el derecho es mucho más que ley. El derecho es discurso, institucionalidades viejas y nuevas, gestión judicial, políticas públicas de prevención y por sobre todo, labor jurisdiccional. El derecho sin la interpretación que de el hagan sus operadores, es una retórica vacía de contenido que habrá de llenarse “naturalmente” con lo tenga a mano, con aquello que ya existe, o lo que es peor, con los mismos valores que nos trajeron hasta acá, con  el caso de Carla Figueroa, a comprobar la impotencia de la ley para resolver algunos casos.
Esa ideología de abuso de la posición de abuso de la posición dominante que por años obliterara a las mujeres con desigualdad de poder, que subyace al derecho, es precisamente lo que un enfoque de género impone desarticular. Las señales que desde las instituciones se envían a aquellos que han transgredido la ley son casi tan importantes como las condenas que se apliquen. Convalidar la labor jurisdiccional que con falta de diligencia coadyuvó a una muerte trágica es retroceder más pasos que los que se consiguieron dar luego de tanta inmovilidad.
El compromiso de la justicia debe impactar en todo el ordenamiento y de forma estructural para que la igualdad sea real. Para combatir la violencia de género se precisa compromiso estatal de todos los poderes y diseño de una política integral de protección a la mujer que incluya acciones preventivas que atraviesen la educación y el desarrollo. Se precisa sensibilizar y concientizar sobre los daños. Se precisa que las oficinas de violencia doméstica funcionen,  pero no sólo para hacer estadísticas. Se precisa que las oficinas de la mujer, capaciten a todos y a todas, aún a aquellos empleados, funcionarios y jueces que no demuestren interés en la temática. Se precisa atención, respeto y contención para las víctimas, de manera tal que volver al lado del maltratador no sea una opción. Se precisa revalorizar la palabra como canal de comunicación. Se precisan mensajes claros. Se precisa coherencia entre la ley, el derecho y las políticas que habrán de implementarse.
La herramienta penal es útil, pero si el poder judicial que se encarga de aplicar la ley esquiva el peso de la misma y elude impartir justicia, esa misma injusticia se proyectará negativamente a la sociedad. Si aquellos cuya función es escrutar a los Magistrados que habrán de sancionar a los violentos se colocan una venda en los ojos, lejos de hacer justicia, terminarán por convalidar la misma inequidad de poder que se acomoda en la base de la violencia de contra las mujeres. La figura del femicidio es sin dudas un gran paso para combatir la violencia de género, pero no olvidemos que por cada hombre preso, igualmente habrá una mujer muerta.
El escrutinio estricto para todos los Jueces, como operadores de la ley y como los responsables de dotar de contenido a los derechos, es determinante para que el derecho no se vuelva impotente ante la realidad y para librar a las mujeres de la violencia.
 
 
(*) Abogada, integrante de Abogadxs por los DDHH de las Muejeres
Alianza de Abogadxs por la defensa de los DDHH de las mujeres
Especialista en Género, Sociedad y Estado