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El Gobierno Nacional irrumpió nuevamente con un Proyecto de ley penal juvenil que despierta fuertísima oposición en el ámbito especializado y en las organizaciones de la sociedad civil que militan y trabajan con la infancia. Como un desafío deliberado, en abierta provocación política Patricia Bullrich y Martin Garavano presentan una versión atenuada del proyecto original de bajar la edad de punibilidad adolescentes, esta vez a 15 años.

Por Maria Elena Naddeo*

Ya el verano pasado el Ministerio de Justicia se vio obligado -por las fuertes críticas recibidas – a convocar a Audiencias públicas. En las mismas, una gran mayoría (41 de 45 oradores) plantearon su disidencia fundada, su fuerte rechazo, a bajar la edad de punibilidad.

Ahora, y en uno de sus últimos informes sobre esta cuestión, UNICEF Argentina plantea un eje principal para orientar este debate:

“En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva.” (1)

En éste y otros varios relevamientos de organismos especializados en infancia y adolescencia surge claramente que niños niñas y adolescentes son las principales victimas de las situaciones de violencia que atraviesan la vida intrafamiliar, la violencia social, el gatillo fácil, las adicciones y los circuitos de venta ilegal de sustancias.

Y también está comprobado según estudios derivados del análisis de las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que el suicidio adolescente ha aumentado gravemente en los últimos veinte años.

Contraría el sentido común entonces la insistencia del Gobierno Nacional en presentar en pleno mes de enero, vacaciones de la comunidad, un proyecto que, bajo la cubierta de organizar un Régimen penal juvenil, endurece las condenas y baja la edad de punibilidad a 15 años.

Una decisión electoralista

Se trata sin duda, de una decisión política de neto corte electoralista. El malestar social, en un contexto económico de ajuste, inflación y aumento de tarifas, también registra la inseguridad como un fenómeno de especial preocupación, por ello las iniciativas tendientes a endurecer el código penal y a encontrar “chivos expiatorios” del delito son vistas en el marketing político como favorables para congraciar al gobierno con una opinión pública que reclama mayores niveles de tranquilidad y bienestar.

Los organismos internacionales estudiosos de esta temática han señalado una y otra vez que el aumento de la edad de punibilidad no ha incidido en la baja del crimen. Y nosotros podemos aportar además, que la participación de adolescentes en delitos de gravedad tiene una incidencia ínfima, casi inexistente en lo que hace a homicidios y violaciones. Aun considerando una mayor presencia relativa de adolescentes y jóvenes en los delitos contra la propiedad es preciso priorizar en las decisiones el eje de la prevención y no de la punición.

El sistema penal, en cualquiera de sus expresiones, ha demostrado no ser una herramienta eficaz para la rehabilitación o resocialización de quienes ingresan a sus dispositivos. El sistema penal es selectivo, estigmatizante y reproductor de nuevas violencias. (2)

Por ello es preciso centrar el esfuerzo de las instituciones del Estado, de los ámbitos parlamentarios, de los ministerios, en repensar las políticas públicas existentes y proponer – en reemplazo de las viejas recetas punitivistas y represivas – programas de inclusión social, educativa y laboral de alcance pleno en las barriadas populares y en general en toda la población juvenil y adolescente.

Los cambios realmente necesarios

En segundo lugar, reiteramos que derogar el obsoleto Decreto-Ley 22.278 –Régimen penal de menores– es un desafío necesario, pero solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca reales alternativas de socialización.

El nuevo sistema deberá ofrecer, además del debido proceso, un sistema de penalidades mínimas. con la privación de libertad como ultima ratio y dispositivos o programas alternativos de responsabilización.  en la misma franja etaria de 16 a 18 años.

A su vez, habrá que revisar cuales son las acciones que se están realizando para que los jóvenes mayores de 18 años que hoy ingresan al sistema penal de adultos cuenten con programas de egreso que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónoma, y prevenir nuevas situaciones de violencia.

Por último, consideramos que el proyecto promovido por los ministros Bullrich y Garavano, además de aumentar fuertemente la penalidad y bajar la edad de su concreción, está inmerso en un contexto y en una orientación general de decisiones políticas tendientes a reforzar el paradigma represivo y violatorio de los derechos humanos de la población.

El esfuerzo de las acciones gubernamentales debe estar al servicio de una mayor inversión en el nivel educativo, en los programas sociales de inclusión y participación ciudadana para los y las jóvenes de los sectores populares.

Más escuelas, más programas culturales y deportivos, menos cárceles y menos dispositivos represivos.

 

*Copresidenta de la APDH – Asamblea Permanente por los derechos humanos  – Directora de Niñez, adolescencia y genero de la Defensoría del Pueblo CABA

 

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