La jornada de ayer, martes 23 de abril fue histórica. Una multitudinaria y arrasadora marcha federal por la universidad pública en la que participaron tanto el movimiento estudiantil de la UBA, como otras universidades públicas y privadas a nivel nacional, acompañadas por la CGT, los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales y organismos de derechos humanos en diferentes ciudades del país demostró que, el pueblo argentino quiere seguir avalando y sosteniendo el derecho a recibir educación.
Por María Inés Alvarado*
para Diario Digital Femenino
Si bien es algo que hemos escuchado desde la niñez, no está de más recordar, en el contexto social y político actual, que la educación es un derecho humano fundamental. Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “La educación es en sí misma un derecho emancipador y uno de los instrumentos más potentes que permite que los niños y los adultos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar plenamente en la sociedad”. Esto significa que, cuando un Estado garantiza el acceso a la educación desde los primeros años de vida, la ciudadanía puede desarrollar una mejor calidad de vida y alcanzar mayores estándares de desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo, en muchas sociedades, este derecho sigue siendo un privilegio, dado que no está garantizado por el Estado y, porque muchas familias, no ven en la educación, un derecho.
Cuando un niño o una niña entra en la escuela, se ponen en juego una variada cantidad de significaciones. La escuela, como sistema educativo, no solo favorece el desarrollo intelectual de ese niño o esa niña, sino que también le aporta la posibilidad de relacionarse y formarse en el encuentro con otros pares que aportan a su educación principios comunes a las nuevas generaciones, para perpetuar los valores de toda una sociedad. La educación es, en sí misma, un aprendizaje necesario para desarrollar capacidades físicas e intelectuales de su personalidad, como la identidad y la integración social y profesional, ofreciendo a sectores vulnerados la posibilidad de salir de la pobreza.
En nuestro país, la Ley Nacional de Educación N° 26.206, del año 2006, plantea en su Art.1, “el derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella” son “ un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, para lo cual agrega en su Art. 3 que “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Por todo esto, cuando el diputado de la Nación Alberto «Bertie» Benegas Lynch sugirió que «no cree que la obligatoriedad de la educación» y deslizó la idea de que los padres puedan hacer trabajar a sus hijos, arremetió contra un derecho fundamental y universal de niñeces y adolescencias que pondera la noción de que cada niño, niña y adolescente (NNyA) es un sujeto de derechos tal como plantea la Convención sobre los Derechos del Niño al defender la idea de que NNyA tienen derecho a estar informados y a conocer cuáles son sus derechos, entre los cuales figuran el de recibir educación y el de no trabajar sino, por el contrario, el de recibir protección y cuidado especiales.
Para Domingo Sarmiento, “el padre del aula”, acérrimo liberal de los primeros años de vida de nuestra Nación, la educación también era un derecho. Él proclamó que la necesidad de la obligatoriedad en la educación, obliga a un padre o a una madre, aun ignorantes o analfabetos, a respetar el derecho del menor a educarse, a formarse como ciudadano de una sociedad democrática y, cuando haya adquirido los conocimientos necesarios, decidir por sí sobre su propio futuro. La Educación Sexual Integral (ESI), desde su lugar de política pública de preservación de contenidos en materia de derechos, acompaña esta lucha por preservar y defender una educación pública y de calidad que asegure el respeto por las necesidades sociales de NNyA.
(*) Docente, comunicadora. Co-directora de La ESI en juego.
Columnista de Diario Digital Femenino – De ESI Sí Se Habla
Seguinos en Instagram @diariodigitalfemenino_
@lennycaceres69
