Declaración CONACAI
El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) emitió una declaración relacionada con la cobertura periodística del asesinato de un niño en La Pampa. Transcribimos textualmente:
El asesinato de un niño de cinco años en Santa Rosa, La Pampa, renueva para las y los periodistas el desafío de una cobertura muy compleja, ya que demanda el conocimiento de las normas que se aplican al hecho y a la investigación en curso.
Esas normas establecen el reconocimiento del derecho de la familia a estar preservada de la presión social que cualquier crimen, pero en especial el que tiene como víctima a un niño, puede desencadenar. Asimismo, disponen el cuidado de la intimidad y el honor del niño, su imagen y su historia personal, y la de quienes lo rodeaban.
Por lo tanto, es necesario que las y los comunicadores se pregunten sobre cuánto contribuye al interés y al bienestar público la difusión de circunstancias que están en el ámbito familiar y privado, además de que no ayudan e incluso pueden obstaculizar la investigación y el esclarecimiento del asesinato.
Establecer fehacientemente los factores que impulsan a una persona a cometer un crimen es siempre una tarea que exige conocimiento científico y métodos de investigación avanzados. Especulaciones y suposiciones al respecto suelen inducir a errores y, si son difundidas por medios de comunicación, pueden estimular en la opinión pública ideas equivocadas. No hay evidencia científica alguna que indique que una preferencia, identidad o percepción de género de una persona pueda ser un factor precipitante de acciones agresivas o criminales, porque esto depende de otros factores.
La familia, las y los allegados a la víctima, están bajo estado de conmoción y por lo tanto con dificultades específicas para establecer cómo fueron los hechos y proponer cómo deben ser enfrentados, y qué castigos corresponden una vez que se establezcan responsabilidades. La solidaridad que despiertan su dolor y su angustia no debe ser manipulada con fines de ninguna clase, sea para impactar a las audiencias, sea para generar reacciones sociales o acciones político-partidarias.
El respeto a la memoria de la víctima, a su dignidad e intimidad, y la de su familia, es lo primero que se pone en riesgo en estos casos, y no puede ser soslayado. El derecho a informar y a estar informado se practica sin vulnerar otros derechos, individuales y colectivos.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2021
Descargar documento: http://www.consejoinfancia.gob.ar/wp-content/uploads/2021/11/Declaraci%C3%B3n-CONACAI-29-11-21.pdf
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¿Qué es el CONACAI?
Es el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, creado por el artículo 17 de la Ley 26.522 con un carácter multidisciplinario, pluralista y federal. Su función principal es asesorar a la autoridad de aplicación de la ley en el diseño de políticas públicas en materia de comunicación e infancias con perspectiva de DDHH. Funciona bajo la órbita de la Subdirección de Fiscalización y Control de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales con participación de la Dirección de Relaciones Institucionales del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
¿Quiénes lo integran?
Fueron convocadas para integrar el CONACAI las siguientes instituciones:
Gobiernos provinciales y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Cultura de la Nación, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (CASACIDN), Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Confederación de Docentes Argentinos (CEA), Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentina (SAVIAA), Asociación Civil Las Otras Voces, Asociación Civil Nueva Mirada, Fund TV, Signis Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), Asociación Argentina de Publicidad (AAP).
¿Cuáles son sus objetivos?
Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su vinculación con los medios audiovisuales, estimular la apropiación crítica del audiovisual y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y promover la producción de contenidos de calidad en los servicios de comunicación audiovisual dirigidos a las audiencias infantiles y juveniles.
¿Cuáles son sus funciones principales?
• Elaborar propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a las niñas, niños y adolescentes;
• Establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para las niñas, niños y adolescentes, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos;
• Seleccionar con base en un modelo objetivo de evaluación, los proyectos que se presenten al Fondo de Fomento Concursable previsto en el artículo 153 de la ley 26.522.
• Formular un plan de acción para el fortalecimiento de las Relaciones del Campo Audiovisual que comprende cine, televisión, video, videojuegos, informática y otros medios y soportes que utilicen el lenguaje audiovisual, con la cultura y la educación.
• Promover la formación en recepción crítica de medios y la participación activa de niñas, niños y adolescentes en las producciones audiovisuales.
• Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente.
