La autoridad de aplicación será la Policía de la Provincia y se creará una comisión de carácter consultivo. El decreto 582 ya se publicó en el Boletín Oficial.
15 de junio de 2012. El gobernador de Córdoba, José Maniel de la Sota, firmó ayer la reglamentación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en plena vigencia la nueva legislación.
El texto suscripto por De la Sota establece, tal como se esperaba, que la Policía de la Provincia de Córdoba será la autoridad de aplicación a los fines de clausuras y demás procedimientos contemplados en la ley.
La reglamentación, además, crea la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
La Comisión tendrá carácter consultivo y se integrará como un foro de análisis, discusión y debate en torno de la problemática de la trata de personas y explotación sexual en la provincia de Córdoba y funcionará en la secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Estará integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de la Justicia Federal de Córdoba; del Ministerio Público; de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Mesa Provincia-Municipios y de organizaciones no gubernamentales con personería jurídica que tengan como fin específico la prevención y la lucha contra la trata de personas.
Además, se establece que toda la información que manejen o reciban los integrantes de la Comisión será estrictamente confidencial en la medida que afecte a las víctimas de trata.
La secretaria de Prevención de la Trata de Personas de Córdoba, María Amelia Chiófalo, remarcó que “es plenamente operativa en todo el territorio provincial, independientemente de la adhesión de municipios y comunas”, en diálogo con Cadena 3.
“Hasta ahora, de una manera contundente, lo ha manifestado el intendente de Carlos Paz. Pero lo van a analizar en el Concejo Deliberante. Sin embargo, también hay que destacar que esa posición no es unánime, porque hay un proyecto presentado donde sí se plantea la adhesión a la ley provincial”, agregó.
Por otro lado, se refirió a la situación de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Anmar) y aseguró: “Siempre nos hemos puesto a disposición para trabajar en conjunto en todo lo que signifique contención y recuperación de aquella persona en situación de prostitución. Pero no podemos fomentar ni colaborar para mantener a las personas en situación de prostitución. Como Estado no podemos ni fomentar ni colaborar para mantener a las personas en situación de prostitución. En eso no coincidimos con la fundación”.
El texto suscripto por De la Sota establece, tal como se esperaba, que la Policía de la Provincia de Córdoba será la autoridad de aplicación a los fines de clausuras y demás procedimientos contemplados en la ley.
La reglamentación, además, crea la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
La Comisión tendrá carácter consultivo y se integrará como un foro de análisis, discusión y debate en torno de la problemática de la trata de personas y explotación sexual en la provincia de Córdoba y funcionará en la secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Estará integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de la Justicia Federal de Córdoba; del Ministerio Público; de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Mesa Provincia-Municipios y de organizaciones no gubernamentales con personería jurídica que tengan como fin específico la prevención y la lucha contra la trata de personas.
Además, se establece que toda la información que manejen o reciban los integrantes de la Comisión será estrictamente confidencial en la medida que afecte a las víctimas de trata.
La secretaria de Prevención de la Trata de Personas de Córdoba, María Amelia Chiófalo, remarcó que “es plenamente operativa en todo el territorio provincial, independientemente de la adhesión de municipios y comunas”, en diálogo con Cadena 3.
“Hasta ahora, de una manera contundente, lo ha manifestado el intendente de Carlos Paz. Pero lo van a analizar en el Concejo Deliberante. Sin embargo, también hay que destacar que esa posición no es unánime, porque hay un proyecto presentado donde sí se plantea la adhesión a la ley provincial”, agregó.
Por otro lado, se refirió a la situación de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Anmar) y aseguró: “Siempre nos hemos puesto a disposición para trabajar en conjunto en todo lo que signifique contención y recuperación de aquella persona en situación de prostitución. Pero no podemos fomentar ni colaborar para mantener a las personas en situación de prostitución. Como Estado no podemos ni fomentar ni colaborar para mantener a las personas en situación de prostitución. En eso no coincidimos con la fundación”.
Fuente: Cadena3
