Con un comunicado en redes digitales, la AMADH – Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos rechaza y repudia la aprobación de una ordenanza para regular la oferta de sexo en la vía pública de Mar del Plata.
Diario Digital Femenino consultó a Graciela Collantes, Consejera Federal contra la Trata/ explotación sexual y Asistencia a sus víctimas del Ministerio de Justicia, sobreviviente, e integrante de AMADH para que nos explique las consecuencias de esta medida y su opinión respecto de la responsabilidad estatal.
-Esto es un retroceso, como consejera federal contra la Trata, integrante de AMADH y sobrevivientes de la prostitución debemos llamar la atención de lo que estas medidas significan. Habrá más violencia, más pobreza, más muertes y el país no desconoce esto.
También como integrantes del Consejo Federal contra la trata/ explotación sexual y asistencia a sus víctimas, y las sobrevivientes de este sistema pedimos al intendente Guillermo Montenegro que tiene 45 días para aprobar o rechazar este proyecto –Expediente 1280-VJ-2021-, que lo rechace. Sabemos de su no reconociendo a los Derechos Humanos, pero pedimos que un funcionario tiene que acatar la ley, que por suerte en Argentina legislación concreta, varias y pioneras en el mundo.
Redes digitales.
Desde la organización, integrante además del Consejo Federal contra la Trata, expresaron “Rechazamos y repudiamos la aprobación de hoy en el Consejo Deliberante de Alvarado para establecer una zona roja en Mar del Plata.
En vez de avanzar en materia de derechos, retrocedemos! La prostitución no es un delito y quienes lo ejercen no pueden estar delimitadas a un sector de la ciudad como si fuera un castigo.
Este tipo de normativas y los códigos contravencionales no son más que una herramienta para engrosar la caja de la policía y la corrupción.
No queremos un Estado proxeneta!
Nuestros cuerpos no se reglamentan!
No queremos más códigos contravencionales ni zonas rojas!
Queremos derechos!
A los calabozos y las zonas rojas no volvemos nunca más!”
En ese sentido, también enviaron una carta a la presidenta del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, Marina Sánchez Herrero. La nota está firmada por la socia fundadora de la AMADH, Graciela Collantes y las integrantes de la Comisión Directiva, Cecilia Córdoba, Silvina Chiconi y Eugenia Brizuela.
En la nota repasan e informan del recorrido y experiencia de la ONG, “con el objetivo de expresarle nuestra profunda alarma y preocupación por el tratamiento del proyecto (Expediente 1280-VJ-2021) remitido al Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón que tiene como fin el establecimiento de “zonas rojas” en la ciudad, regulando la prostitución en la vía pública”.
Agregan además que “Semejante proyecto no solo compromete la responsabilidad internacional del Estado argentina en materia de prevención, investigación y sanción del delito de explotación sexual y trata de personas sino que, también, contradice el espíritu con el que logramos derogar el artículo 68 represivo de la prostitución, intentando replicar políticas de control, criminalización y segregación sobre las personas en prostitución, situación que sin dudas profundiza la exposición a las violencias institucionales y de género”.
Y manifestando claramente “el hecho de que esta iniciativa haya sido acompañada por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad da cuenta de un abordaje criminalizaste que, además, desatiende la perspectiva de género y de derechos humanos en el abordaje de la prostitución. Su acompañamiento deja entrever una concepción que prioriza la atención sobre la peligrosidad de la prostitución, dejando de lado el hecho de que se trata de la regulación de una realidad que involucra fundamentalmente a mujeres, trans y travestis, la gran mayoría racializadas y atravesadas por la pobreza, sin acceso a un empleo formal ni a la educación”, puntualizaron.
En el mismo sentido recordaron al cuerpo legislativo que “a ley argentina, fundada en los convenios internacionales, prohíbe este tipo de posiciones, ya que el riesgo de profundizar la administración, control y explotación de la prostitución ajena es verdaderamente alto. Las experiencias en Argentina y el mundo indican que generando espacios específicos solo se acentúa el poder de las mafias y redes de trata y narcotráfico”.
Tal como lo publica el sitio 0223, “con sanciones, aprobaron ordenanza para regular la Zona Roja y ahora el Ejecutivo deberá definir la ubicación”
El Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó este viernes una ordenanza para regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública, a través de un proyecto del oficialismo que contempla la aplicación de sanciones para quienes no respeten los lugares y horarios autorizados para la actividad.
El que llegó a la sesión como dictamen por mayoría logró el acompañamiento de los once concejales del interbloque de Juntos y de Nicolás Lauría, mientras que el proyecto del Frente de Todos quedó como primera minoría con sus nueve votos. Ambas propuestas tenían un contenido idéntico en la mayoría de los aspectos, aunque para la oposición no había que incorporar sanciones por considerarla una “criminalización” de las personas en situación de prostitución. Por fuera, Acción Marplatense en soledad planteó una tercera alternativa: la convocatoria a una mesa de trabajo con múltiples actores institucionales para consensuar un proyecto. En tanto, llamó la atención la ausencia de Alejandro Carrancio.
El dictamen apoyado por el Palacio Municipal establece que quienes no respeten zonas y horarios recibirán multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil. Serán los jueces de Faltas los encargados de establecer las sanciones, mientras que la Secretaría de Seguridad tendrá a su cargo a la implementación de la ordenanza.
A partir de la aprobación de la ordenanza se abre un debate de primer orden: tras la promulgación, el intendente dispondrá de un plazo de 45 días para decretar la ubicación del o los lugares autorizados para funcionar como Zona Roja. En ese periodo, el jefe comunal podrá recibir recomendaciones y pedidos de reuniones con sectores implicados para sumar insumos al momento de considerar las zonas habilitadas.
