Establece un procedimiento para determinar la capacidad de la niña o mujer solicitante, dando intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sobre la solicitud, lo que a nuestro criterio no es necesario. El procedimiento de objeción de conciencia no se encuentra regulado adecuadamente, favorece la dilación burocrática en la atención y respuesta a las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo. No nos parece incorrecta la intervención de un equipo interdisciplinario, pues tal como está redactado, su función es de apoyo y contención a la paciente a requerimiento del médico tratante, lo que a su vez, va en línea con la contención y atención necesaria para el tránsito pre, durante y post aborto.