Ya dijimos, niñas no madres

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Por Admin agosto 30, 2019 12:14

Ya dijimos, niñas no madres

Ya dijimos, niñas no madres

En la Argentina el aborto es legal por causales desde 1921. Sin embargo no se brinda como una opción posible en la mayoría de los centros de atención para la salud de la provincia de Córdoba. Esta es una realidad lamentable. Se sabe que en el país cada 3 horas una adolescente de menos de 14 años es madre. Obligar a parir es tortura.

En la Argentina el aborto es legal, según el Código Penal en su artículo 86, en dos causales, cuando se pone en peligro la vida o la salud de la persona gestante y en caso de violencia sexual. Además la normativa nacional contempla los tratados internacionales de Derechos Humanos de carácter constitucional, el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y el protocolo para la atención de personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, cuando una persona concurre a un centro asistencial en nuestra provincia parecería que el marco legal vigente y la garantía de derechos se dejan de lado. Mucho más cuando quien está gestando es adolescente porque ni se la tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión.

El nuevo código civil ampara a niñas y adolescentes para decidir sobre su propio cuerpo al considerar la autonomía progresiva. Se establece que las personas que tienen menos de 13 años son sujetxs de derechos, por lo que debe primar el interés superior de ellxs y el rol de lxs adultxs es asentir, es una compañía. De 13 a 16 años, pueden realizar cualquier práctica en salud excepto las que sean invasivas, es decir tratamientos de gravedad con evidencia científica que lo ampare. Y a partir de los 16 años pueden tomar cualquier decisión que respecta a su salud.

Es necesario ante la consulta de una persona que esté cursando un embarazo, dar opciones, lo cual constituye el principio rector de “transparencia activa” con el fin de que pueda tomar una decisión autónoma con la información suficiente.


Las cifras son alarmantes. En Argentina el 15% de los partos son en personas menores de 20 años, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. Según datos oficiales, en Córdoba hay 136 niñas-madres por año. La mayoría de las cuales, como decíamos anteriormente, no tuvieron la posibilidad de decidir si querían continuar la gestación o interrumpirla.


La maternidad forzada es una extrema vulneración de derechos. El embarazo no sólo implica un riesgo evidente para la salud física de las niñas de 10 a 14 año sino que también está asociado a elevados niveles de depresión, angustia, ansiedad y el trastorno total de sus vidas. Un alto porcentaje de niñas madres deja la escuela por vergüenza, por estigma, porque se tienen que dedicar a las nuevas tareas de asumir el cuidado o sustento de la persona recién nacida, situación que afecta de manera desproporcionada a las niñas que ya enfrentan discriminaciones estructurales.

ya lo dijimos niñas no madres

Obligar a una persona que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a unx bebé está considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ninguna otra circunstancia, más que el embarazo, obliga a las personas a proveer los recursos de sus cuerpos para el sostenimiento de otro. La compulsión legal de obligar a una niña a continuar un embarazo en esas condiciones es claramente una violación a los Derechos Humanos. Cuestionamos la investigación judicial sobre el agresor sexual luego de obligar a parir a una niña para, recién ahí, hacer el examen de ADN; es una acción tardía y es tortura, ya que este procedimiento puede hacerse dando la opción de una Interrupción legal del embarazo sin necesidad de llevar el embarazo a término.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó la necesidad de proteger la dignidad e integridad física de la persona gestante y aclara que el derecho no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral. Por ello, esta protección es particularmente importante cuando se trata de adolescentes. El Estado está obligado a brindar la protección necesaria contra este tipo de violaciones.

Por todo lo dicho anteriormente, nos sorprende la noticia de una niña cuya integridad sexual fue vulnerada, queda embarazada, y todo indica que no le dieron a conocer sus derechos. No podemos dejar de imaginar todos los pasos que no se hicieron, que ninguna institución sanitaria, educacional o judicial instrumentó, omitiendo por desconocimiento o con alguna otra intencionalidad, los procedimientos que corresponden legalmente ante estas situaciones. No podemos dejar de pensar en el rol del Estado, en las responsabilidades y en las decisiones de los efectores de la justicia. ¿Qué impacto tiene algo así en la salud y en el resguardo de la niña?

Ponemos en cuestionamiento la ruta de atención que transitan o han transitado esas niñas. ¿Podemos creer que en todo el territorio argentino las instituciones y sus efectores garantizan derechos y acompañan de forma adecuada estas situaciones? ¿Cuántas consultas requiere una niña gestante para que alguien sospeche violencia sexual? ¿Todxs lxs profesionales de la salud ante la sola pauta de esta posibilidad, dan información de las opciones existentes? ¿Le informaron a ellas y a sus familias la opción, en el marco de la ley, al acceso a su derecho de ILE? Las niñas ¿pueden ejercer su derecho a contar con unx abogadx, juzgado, fiscal que escuche y resguarde sus intereses para cuidar su integridad?

Entendemos que es necesario que los equipos de salud dejen de judicializar los pedidos de ILEs. Lxs profesionales de la salud son lxs primeros que deben facilitar el acceso a este derecho arbitrando los medios necesarios para la resolución, preservando la confidencialidad y dando respuestas asertivas. Pero claro está que no puede depender sólo de las buenas voluntades de lxs trabajadorxs, sino también de decisiones políticas de gestión.

Tenemos conocimientos de situaciones de falta de acceso a ILEs en la provincia, de profesionales e instituciones sanitarias públicas que obstaculizan, demoran, judicializan, o impiden el acceso a este derecho. La provincia de Córdoba cuenta con insumos y profesionales capacitadxs para llevar adelante las ILES, profesionales garantes de derechos, visibilizadxs hace poco en un recursero nacional de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir pero todavía la provincia no se pronuncia públicamente al respecto, o más bien dilata su implementación y la aplicación de este derecho. Es obligación del Estado llegar a todos los rincones de la provincia. Es primordial que desde el Ministerio de salud de la Provincia se instrumenten los mecanismos necesarios, por un lado, para informar a la comunidad de la existencia de esta práctica y de los programas de salud y leyes que lo explicitan, y por otro para agilizar la capacitación a lxs profesionales de toda la provincia y sobre todo aquellxs que trabajan en áreas geográficas de menor acceso a servicios de salud.

Recordamos que este último año ha tomado estado público en la Argentina la situación que atravesaron NIÑAS OBLIGADAS A GESTAR. No podemos dejar de pensar en la muerte de aquella niña wichi en Chaco con tuberculosis, de las niñas de Tucumán y Jujuy que obligaron a realizar una cesárea sin darle información ni opciones previas y que tuvieron que atravesar múltiples violencias institucionales, en las que se violó el secreto profesional, se manifestaron grupos antiderechos fuera de los hospitales, sometiéndolas nuevamente a situaciones nefastas que indudablemente pueden causar un daño psicológico.

Por esto, una vez más decimos Niñas No Madres. Exigimos que se cumpla con el marco legal vigente en la provincia. Necesitamos más equipos capacitados en salud sexual y (no) reproductiva. Accesibilidad a tratamientos adecuados para llevar a cabo las ILEs y atención de calidad en estas prácticas. Educación sexual integral, anticonceptivos disponibles y aborto legal, libre, seguro y gratuito.

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Fuente: La Tinta

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