---

Editorial de Diario Digital Femenino

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta, presentó días atrás el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022, establecido en  la Ley 26485 de Protección Integral. La iniciativa, innovadora e interesante, fue anunciada por la ministra junto al presidente de la Nación, y cuenta con aciertos pero también con una serie de falencias que es necesario poner en discusión. Entre ellas, la nula mención a la Educación Sexual Integral.

Una mirada federal

Los aciertos comenzaron el 10 de diciembre de 2019, con la jerarquización de esta área que había sido completamente desfinanciada y vaciada durante la gestión de Mauricio Macri. El reconocimiento a la diversidad también fue un gran cambio en la impronta que se emanaba desde el Estado.

En lo concerniente al Plan de Acción presentado, es preciso destacar su construcción federal. Los lineamientos se definieron en Foros Participativos que se llevaron a cabo en distintos puntos del país con la participación activa de militantes y organizaciones sociales, investigadoras e investigadores, y funcionarios y funcionarias de distintos niveles de los tres poderes estatales.

De esta manera, se confeccionaron estas acciones a realizar entre 2020 y 2022, que fueron resumidos por Mariana Carbajal en esta nota de Página 12:

1. Creación del Programa “Acompañar”: se trata de un programa de asistencia integral, con transferencia monetaria y acompañamiento destinado a contribuir en el corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentra en situaciones de riesgo en contextos de violencia por motivos de género.
2. Creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país: Llevarán a cabo políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral.
3. Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. Los ministerios de Justicia y DDHH y de Seguridad junto al de Mujeres crearán un programa interministerial para llevar adelante una política focalizada sobre el fenómeno de los femicidios, travesticidios y tansfemicidios. Entre otras cuestiones, incluirá un sistema de alertas tempranas para identificar situaciones de riesgo en violencia de género, evaluarlas a tiempo y prevenir los casos de mayor gravedad. Además, se dispondrá de un trabajo articulado para la búsqueda de personas.
4. Programa de modernización, optimización y difusión de la Línea 144.
5. Creación de un sistema digital de emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales.
6. Creación del Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG). Permitirá elaborar datos sistematizados e información estadística con alcance federal.
7. Creación de un Programa para el Apoyo Económico Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familiares en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio. Se propone una asignación económica excepcional destinada a paliar gastos necesarios ante estos hechos fatales, como así también contar con orientación, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico para familiares y en particular, lxs hijxs de las víctimas.
8. Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral, a través de financiamiento de proyectos de refacción, equipamiento y ampliación.
9. Programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencias por motivos de género, con la finalidad de promover la inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía.
10. Creación del Programa Nacional de prevención de las Violencias por Motivos de Género. Contendrá dos subprogramas, uno sobre la construcción de otras masculinidades y otro sobre vínculos sexo afectivos responsables y diversos. Incluye la realización de una campaña nacional integral y federal, en medios públicos y comunitarios, diseñada para aportar el cambio cultural y social.
11. Creación del Programa Generar: para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional.
12. Creación del Programa Articular: para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad.
13. Creación del Registro Nacional de Promotores Territoriales y Diversidad a Nivel Comunitario.
14. Relanzamiento del Programa Escuelas Populares de Género y Diversidad. Apunta a fortalecer los espacios de formación llevados adelante por redes comunitarias, organizaciones y grupos sociales.
15. Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención de las personas con derecho a la interrupción Legal de embarazo.

ESI y Prostitución, las ausencias.

Sin embargo, una lectura del Plan de Acción permite advertir dos aspectos que se discutieron en los foros y que no quedaron plasmados. De esta manera, es preciso poner en discusión algunos puntos.

En primer lugar, en los puntos clave de esta iniciativa no se desprende una política clara y profunda de prevención, sino que parece apuntar más a políticas de asistencia que se ponen en marcha cuando la situación de violencia ya se materializó.

Este problema surge al observar que en el Plan de Acción no se hace mención alguna, ni siquiera en una cita, a la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI es una herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para modificar la estructura patriarcal a través de trabajar en las aulas y formar desde la niñez en el respeto a la diversidad, la prevención a todo tipo de violencia y la construcción de vínculos igualitarios.

Tampoco se desprende del Plan de Acción un trabajo de articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, cuando debería ser uno de los actores principales.

Otra ausencia muy cuestionada por las organizaciones es la de la Prostitución. Si bien es un debate aún no saldado dentro del movimiento feminista, desde la organización “Convocatoria Abolicionista Federal” emitieron un documento para reclamar por su incorporación como un tipo de violencia.

“La formulación de las líneas de acción se condicen con un plan de esas características y, según los discursos de presentación del mismo, abordaría de manera integral todas las violencias. Sin embargo, basta una lectura para comprender que no está prevista la prostitución como violencia contra las mujeres y demás personas prostituidas, pese a que supone la cosificación y mercantilización de las mismas y les produce daños físicos y psíquicos que han sido largamente investigados”, señalaron.

Desde la organización reconocieron que “es cierto que la ley mencionada sólo habla de ‘prostitución forzada’, que algunos interpretan como equivalente a explotación de la prostitución de otra persona. Pero también es verdad que la interpretación de la ley debe ser armónica con el conjunto de la legislación y especialmente con los principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos”.

En otro párrafo recordaron que “el reclamo de inclusión de la prostitución como violencia contra las mujeres, fue planteado en los diversos Foros previos por quienes formamos parte de Convocatoria Abolicionista Federal, con lo cual no se ha cumplido con el compromiso de construir dicho Plan de acción teniendo en cuenta la consulta a la sociedad civil que supusieron dichos Foros. Esas voces no fueron escuchadas”.

“Al no incluir en dicho plan a las personas prostituidas, tampoco les alcanzan las medidas sociales, económicas y asistenciales que allí se formulan. Denunciamos esta omisión como una forma de incumplimiento por parte del Estado argentino de la legislación abolicionista y de los principios de derechos humanos contenidos en todos los tratados firmados y ratificados por nuestro país. Exigimos, por tanto, políticas públicas que consideren a la prostitución como una forma de violencia de género, especialmente contra las mujeres y niñas y establezcan medidas que permitan salir de la prostitución”, sostuvieron.

Esta postura no parece ser la única dentro del movimiento abolicionista. Especialistas han acercado su postura a Diario Digital Femenino y han planteado sus dudas sobre “el apoyo a la consigna Prostitución es violencia”.

Esto se debe a que, si bien acuerdan con la consigna, no está claro “qué alcances tiene convertida en ley” y se preguntan “¿No se vuelve prohibicionista la posición?”

“Si la prostitución es por definición violencia y se legislara así, las personas prostituidas también estarían involucradas en el delito. Nos suena a prohibición, nos inclinaríamos por una consigna como ‘El proxenetismo es violencia’”, reflexionaron y remarcaron que “la prohibición no sirve para nada, sobre todo cuando va contra el sentido común”.

“Pero el abolicionismo actual va más allá, define a la prostitución misma como algo a eliminar, y nos parece que eso es impensable si primero no se libra una batalla cultural que estamos muy lejos de haber dado y menos ganado”, consideraron.

Los posicionamientos y las discusiones en torno al Plan de Acción son diversas y es interesante ponerlas en debate, siempre y cuando apunten al objetivo que se propone: erradicar la violencia contra las mujeres e identidades disidentes. Por lo pronto, habrá que ver qué recepción tienen estos reclamos en el Ministerio que conduce Gómez Alcorta y el desenvolvimiento de este  Plan.