Los medios de comunicación muestran con frecuencia al Poder Judicial en el centro de la agenda periodística. Los reclamos a la justicia que se hacen más visibles se vinculan generalmente con varios factores.

Por Natalia Gherardi

Por ejemplo, con falta de celeridad en los procesos; la ineficacia de las medidas de protección para el alarmante número de mujeres en situación de violencia de género; las desigualdades que se advierten ante la investigación de distintos delitos; las escasas intervenciones judiciales que promueven la reparación integral del daño causado; y las dificultades para organizar respuestas articuladas de todos los poderes del Estado cuando es preciso garantizar la aplicación de políticas públicas antes que respuestas individuales.

Pero pocas veces la agenda social incorpora otra dimensión relevante sobre el Poder Judicial: ¿quiénes lo integran? ¿Quiénes son las personas que deciden? ¿Cuáles son sus trayectorias profesionales? Un Poder del Estado que no se integra como resultado del voto popular, durante mucho tiempo también estuvo lejos del escrutinio público.

Solo de modo excepcional se llegaban a conocer sus decisiones o a sus integrantes y eran contados los casos en los que se reclamaba (pública o institucionalmente) mayor transparencia en sus razonamientos.

Un avance en la calidad de nuestra democracia es que la agenda de transparencia y rendición de cuentas haya alcanzado al Poder Judicial desde hace varios años. En la misma línea, una concepción igualitaria de la democracia impulsó el reclamo por mayor igualdad de género no sólo en la integración de la Justicia sino también en el razonamiento de fondo de sus decisiones.

Ese es contexto en el que debemos analizar los proyectos de ley que promueven más mujeres en el Poder Judicial. Promover la designación de más mujeres en los puestos de decisión jerárquicos tiene como objetivo inmediato asegurar su participación plena en ámbitos políticos, lo cual tiene un valor en sí mismo al fortalecer el debate democrático: el debate será más plural y diverso cuando más voces se puedan ver representadas.

Sin embargo, también persigue un objetivo que va más allá. Con la mayor presencia de mujeres se desafían los estereotipos de género construidos y se aumenta nuestra legitimidad no sólo como ciudadanas, sino también como sujetos políticos.

De esta forma será posible desmontar el andamiaje cultural que, enquistado en las instituciones, dificulta una distribución equitativa del poder político que el Estado argentino se comprometió a alcanzar, promoviendo la igualdad para toda la sociedad.

Es necesario que el Estado tome la decisión de hacer uso de todas las oportunidades posibles para promover esa mayor participación a través de políticas activas, como es la nominación de candidatas para los cargos más altos de la Justicia. Está claro que el solo paso del tiempo no cambiará este profundo desbalance de género en la composición del Poder Judicial.

La experiencia muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión coincidieron con el avance de los derechos de las mujeres. Esto se debe a que las experiencias que atraviesan a muchas mujeres y las dificultades con las que se enfrentan hacen, al menos probable, que incorporen esas problemáticas a la agenda política.

Este fue el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que avanzó en los estándares internacionales en relación a los derechos de las mujeres en los momentos donde se incorporaron juezas mujeres en su conformación.

De la misma manera, en nuestro país, con la llegada de dos mujeres a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se concretó la creación de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito del máximo tribunal de justicia del país.

Así se dieron pasos fundamentales para avanzar en políticas para promover la igualdad dentro de la propia estructura de la justicia, pero también en la mejora del servicio que se ofrece a las personas en situación de violencia doméstica.

Sin embargo, la representación de los intereses de las mujeres no se ven necesariamente reflejados en candidatas mujeres y es por eso que el objetivo de perseguir la equitativa participación de las mujeres debe ir de la mano de un claro compromiso con la igualdad de género en todas aquellas personas (mujeres o varones) que sean propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En rigor, ninguna persona que sea candidata a integrar el Poder Judicial de la Nación, y más aún los máximos cargos del Poder del Estado que tiene la obligación de garantizar el respeto por los derechos de la ciudadanía, sea mujer o varón, puede prosperar en la medida en que muestre un desinterés por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser un objetivo deseable, es una obligación del Estado. A24

*Natalia Gherardi es Abogada. Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género