
Una revista colombiana publicó denuncias de acoso y abuso contra un director de cine, que denunció a las periodistas. ¿Qué dijo la Justicia?
Por Mariana Iglesias
La investigación detalló los acosos sin revelar la identidad de las mujeres, que decidieron contar los abusos a la revista pero no denunciarlos ante la Justicia. En la publicación -firmada por las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño- se explicaba que era «una investigación de cinco meses», y que habían hecho «un proceso de verificación cumpliendo con los más altos estándares periodísticos».
Guerra respondió con la estrategia del acoso judicial: una denuncia penal, una demanda civil y dos acciones de tutela. Un año después, por un fallo de tutela, la revista tuvo que rectificar los hechos y presentar más evidencias. No sólo corroboraron los hechos sino que sumaron una nueva denuncia y duplicaron los testimonios.

La causa llegó a la corte Constitucional, que negó la tutela pedida por Guerra y determinó que el reportaje respetó los derechos fundamentales de Guerra al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia porque se ajustó a los estándares constitucionales del periodismo: “publicaron un trabajo periodístico que respeta la ética de la profesión, así como la apuesta adicional, ética y profesional en defensa de los derechos de las mujeres, y con miras a la creación de un espacio seguro para la transmisión de sus denuncias”.
“Estas mujeres llevaron a la sociedad los ecos de las voces de otras mujeres, inseguras ante una institucionalidad que aún se evidencia precaria para enfrentar el acoso y el abuso; y que, en muchas ocasiones, termina por generar daños adicionales a las víctimas».
¿A qué se refiere la corte? A las dificultades que enfrentan las víctimas al denunciar estos delitos: minimización, revictimización, burocracia, maltrato. Para sostener una denuncia hay que tener dinero: los abogados son caros y los procesos largos.
Vale la pena leer todo el fallo, que deja el planteo sobre “el periodismo feminista, su responsabilidad social y la transmisión de denuncias sobre presuntos hechos de acoso, abuso o violencia sexual, como herramientas democráticas para propiciar la equidad de género, defender el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, y combatir la desigualdad estructural por razones de sexo y género.”