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En Argentina, las tareas de cuidado pagas o no pagas son realizadas por mujeres quienes son las principales proveedoras de cuidados, desde su pubertad hasta avanzada edad. Y pongo énfasis en estos dos extremos de la línea temporal ya que son claves, el primero para entender como las subjetividades femeninas se construyen y constituyen a partir de esta división sexual del trabajo que forja identidades que legitiman y perpetúan la desigual y sexista distribución de los roles sociales, y la segunda porque se observa que esta asignación de roles se extiende aún más allá del período de cese de actividad laboral formal (jubilación) ya que las tareas de cuidado no tienen fecha de retiro.

Por Paola Urquizo*

En Argentina el cuidado ya sea remunerado o no remunerado, es realizado por mujeres siendo esta cualidad una atribución cultural que subjetiva a las mismas en el proceso de construcción social de las identidades femeninas. O sea, es condición de género el desarrollo de la capacidad o el expertise en las prácticas en torno al cuidado de otras personas. Si bien, el modo en el cual los cuidados se brindan muestran diferencias entre las mujeres pobres y las de estratos medio y altos.

Mientras que las primeras tienen a su cargo el trabajo total de los cuidados (organización, trabajo “sucio” y en aumento la provisión financiera también), las mujeres de estratos medios y altos que pudieron acceder a educación y empleo formal, en general mercantilizan el trabajo “sucio” pero aún mantienen la organización y la crianza de hijas e hijos, personas adultas mayores bajo su responsabilidad. Esto se expresa a través de la denominada carga mental de los cuidados, sobre la cual, seria menester profundizar en el abordaje investigativo desde las ciencias de la salud, ya que la misma afecta la calidad de vida de las mujeres y se manifiesta a través del stress o burn-out de las denominadas coloquialmente “amas de casa”.

Por otra parte cuando los varones realizan trabajo de cuidado, lo hacen en forma remunerada ya que su identidad masculina, se constituye sobre el estereotipo del varón proveedor, profesional, exitoso a nivel económico y no cuidador, con lo cual su inserción en el trabajo de cuidado se ha producido principalmente en aquellos ámbitos que son remunerados como  salud y docencia, accediendo incluso a lugares de poder y prestigio en esos ámbitos ( cargos directivos, reconocimiento social y profesional) aunque los mismos sean trabajos altamente feminizados en las bases. La fuerza de la impronta patriarcal es tan potente que aún en aquellos trabajos remunerados de cuidados que son ocupados principalmente por mujeres, los varones, cuando deciden ocuparlos por cuestiones económicas principalmente, encuentran en su ejercicio espacios de poder y de prestigio que no encuentran las mujeres. (brecha salarial, techo de cristal, etc).

Y en cuanto al trabajo de cuidados no remunerado ejercido por varones, si bien hay pequeños avances en lo que se denomina “nuevas masculinidades”, aún se sigue promoviendo desde la justicia de familia (ámbito institucional donde se debería garantizar el acceso a derechos y a una vida libre de violencias para mujeres e infancias)  como “ayuda” al ejercicio, por ejemplo luego de las separaciones, de paternidades responsables y que asumen el rol que por ley ya se encuentra legislado como corresponsable de los cuidados y crianza en el caso de hijas e hijos.

Nos encontramos padeciendo la falta de una organización social de los cuidados que tienda a la desfamilirización y desfeminización de la responsabilidad de las tareas de cuidados, genere corresponsabilidad social (políticas públicas) y especialmente una construcción identitaria masculina basada en la provisión y no en el cuidado y su contraparte en cuanto a la construcción identitaria femenina.

Esta es una discusión o disputa dentro del mismo movimiento de mujeres, que ha subestimado en algún punto la trascendental importancia de lograr un cambio en la organización social de los cuidados como herramienta de emancipación y liberación femenina.

Este aspecto fue expresado claramente en el informe emitido por la Dirección de Género del Ministerio de Economía y Unicef, El impacto de la pandemia covid 19 en las familias monomarentales, donde se advierte acerca del altísimo grado de vulnerabilidad de estas familias, muchas de las cuales conseguían sus recursos económicos del trabajo remunerado de cuidados en casas particulares, trabajo informal o emprendimientos personales, que obviamente se vieron restringidos durante el confinamiento.

Aunque me gustaría sumar a esta consideración, que este grupo de mujeres responsables de familias monomarentales, son quizás el más olvidado y menos estudiado en cuanto a su conformación, ya que no se cuentan con investigaciones especificas sobre este universo de familias, que no sólo se centren en sus ingresos y condiciones laborales, sino en acceso a la vivienda, salud, y principalmente justicia. Según un relevamiento que pude realizar con la colaboración del Observatorio del Derecho a la ciudad, en una muestra de 1220 familias a cargo de mujeres durante el año 2021, solo el 37% percibía cuota alimentaria en cumplimiento a los deberes de asistencia alimentaria vigentes en nuestro país según el Código Civil. Y esta es una vulneración histórica y sin visos de resolución que padecen millones de mujeres en Argentina, manteniéndose el Estado ciego, sordo y mudo con respecto al incumplimiento de sus deberes de protección según convenios internacionales suscriptos. Considero que esta crisis institucional de derechos junto con la organización injusta de los cuidados, sumerge a este colectivo de mujeres en una vulnerabilidad mucho mayor que debe ser atendida con urgencia.

Según la Profesora Nadya Guimaraes (Universidad de San Pablo, Brasil) en Latinoamérica los cuidados se desarrollan principalmente en el llamado Circuito del amor y la obligación.

El circuito más invisibilizado y naturalizado, que se manifiesta principalmente en los vínculos familiares de cuidados, siendo las mujeres las responsables del ejercicio de los mismos, bajo el mandato o constructo social del amor, la capacidad “innata” a partir de la posibilidad de engendrar, parir y amamantar, y una impronta religiosa católica dominante en la educación de las subjetividades, basada en un modelo patriarcal de familia (padre proveedor-madre cuidadora).

Si bien las configuraciones familiares fueron cambiando a partir del avance en derechos promovidos por los movimientos feministas y de las diversidades de género que permitieron reformas legales como el divorcio, modificaciones en el Código Civil, introducción de convenciones como Belem do Pará y de los Derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución Nacional, aún se encuentran absolutamente enquistados los estereotipos y mandatos culturales de género que producen subjetividades basadas en el modelo patriarcal de división sexual del trabajo y esto se ve reflejado principalmente en la doble jornada laboral que millones de mujeres en nuestro país realizan y que supone un riesgo observable y verificable para su salud física, psíquica y ejercicio de una vida plena de derechos.

Por otra parte también nos enfrentamos a la reducción del número de miembros que componen las familias lo que hace que la cantidad de personas adultas disponibles para proveer cuidados se reduzca. Este es un fenómeno y una cuestión demográfica sobre la cual no se ha prestado la atención pertinente desde la perspectiva de las políticas públicas en torno a los cuidados y que se observa con mucha claridad en los grandes centros urbanos, donde el desmembramiento familiar no sólo se produce por cuestiones vinculares, sino también por factores económicos y físicos ( viviendas reducidas, altos niveles de violencia intrafamiliar y social, hacinamiento, altos niveles de desempleo y empleo precarizado que producen efectos en las dinámicas familiares, etc).

En relación a este aspecto de la reducción de la cantidad de familias nucleares en Argentina el 11% de los hogares son “monoparentales”, según datos de la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en el libro La Argentina en el siglo XXI en 2019. De esos hogares, el 84% son monomarentales. Es decir, están a cargo de mujeres. Además, de acuerdo a un informe publicado por UNICEF en 2018, la pobreza infantil es mucho más elevada (52%) cuando se trata de hogares con una sola persona adulta a cargo. Cuando es una mujer la que se encuentra en el rol de jefa de hogar en forma exclusiva, la misma no sólo hace frente a los cuidados de sus hijos/as sino a la provisión económica de esos hogares. Sobre una misma persona se asientan entonces la responsabillidad financiera y de provisión de cuidados. Estamos en estos casos ante una situación de vulnerabilidad que lamentablemente en nuestro país, se ha invisibilizado tanto desde las políticas públicas como desde el Estado como proveedor de justicia en relación a los derechos humanos de mujeres y niños/as. Considero que la invisibilización no sólo se basa en una falta de perspectiva de cuidados y de género en las políticas públicas vigentes, sino en cuestiones financieras y económicas ya que según datos del último censo una de cada 10 familias en Argentina son monomarentales o tienen jefatura femenina. Con lo cual la concreción de políticas monetarias específicas para el acompañamiento de este tipo de hogares, supondría una inversión social que el Estado parecería no estar dispuesto a hacer.

A pesar de que son hogares que se encuentran en el límite de la línea de pobreza, no solo por la falta del doble ingreso, sino porque la falta de corresponsabilidad parental y social de los cuidados, hacen que los empleos a los cuales estas mujeres pueden acceder son de jornada reducida, altamente precarizados y mayoritariamente en el área de los servicios de cuidados ( docencia, salud, cuidados comunitarios, etc) que les permiten compatibilizar las responsabilidades de cuidados con la tarea remunerada de cuidados. Son en definitiva, la representación más clara de la explotación, sometimiento y opresión que la feminización de los cuidados produce en las sociedades patriarcales.

Si sumamos a esto que el Estado, en su función de proveedor y garante de derechos, no sólo no cumple con su función en el ámbito judicial, sino que produce revictimización, violencia institucional y perpetúa la división sexual del trabajo a través de sentencias de alimentos que en la mayoría de los casos ( si se accede a la justicia) no contemplan ni ponen en valor las tareas de cuidados que las mujeres realizan, estamos ante un escenario de altísimo riesgo para este grupo de mujeres que como ya he expuesto, asciende al 10% de las conformaciones familiares en Argentina.

Nos enfrentamos entonces a una problemática que no puede ser abordada simplemente desde una política especifica ya sea económica o una sentencia judicial, ya que la realidad que viven las familias monomarentales es producto de una yuxtaposición de vulneraciones y desigualdades estructurales que requiere de un abordaje politico interdisciplinario. Porque no solo estamos contemplando la vulneración de derechos de mujeres a vivir una vida plena y libre de violencia, sino que la cronificación de esta yuxtaposición de vulneraciones (económica, profesional, laboral, pobreza de tiempo, etc) afecta la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal como así también su salud integral y su futura calidad de vida como adulta mayor.

Desde una perspectiva feminista de atención de la salud como una integralidad, la cronificación de la violencia en cualquiera de sus formas, aún las mas sutiles e invisibles, hace mella en la autoestima, la capacidad cognitiva, la disponibilidad de herramientas intelectuales y sociales, cuando bajo el estereotipo de la mujer-madre, tanto el Estado, como la sociedad, cargan sobre las espaldas de estas mujeres jefas de hogar no solo la responsabilidad de los cuidados sino también la responsabilidad del sostenimiento financiero de los mismos.

Claramente necesitamos registrar en estudios e investigaciones, el impacto en la salud psico-física que las mujeres ya vienen manifestando en las consultas médicas y psicológicas, a través de padecimientos físicos y psíquicos, muchos de ellos subdiagnosticados o naturalizados como síntomas de la época en la cual vivimos. Estudiar el burn-out materno, y crear programas específicos de atención a la salud de las cuidadoras es no sólo una cuestión de salud pública sino de derechos humanos.

Porque cuidar a quienes tienen la responsabilidad de la reproducción social no sólo es un deber sino un derecho de las mujeres y una apuesta a una sociedad más sana, plena e igualitaria.

(*) Psicóloga especializada en salud mental infanto juvenil y profesora de nivel inicial.

Mujeres en Palabras – Diario Digital Femenino