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Sobre derechos laborales y oportunidades reales.

Por Mariela Acevedo*

No es un debate nuevo: Regulacionismo vs. Abolicionismo dividen las aguas en los feminismos desde hace décadas con argumentos a favor y en contra de la regulación del ejercicio de la prostitución. En las últimas semanas las confrontaciones entre quienes consideran que la prostitución debería estar regulada en tanto servicios sexuales y quienes sostienen que es un sistema que violenta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad enardecieron debates en redes a partir de la campaña publicitaria de Jimena Barón y de las fotos en las que posaba con Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).

Un debate ríspido y el privilegio de la tibieza

A partir del momento en el que Jimena Barón encendió la mecha, los muros y pantallas de chats se convirtieron en un hervidero de argumentos, insultos y slogans en torno al ejercicio de la prostitución. El debate es complejo, las posiciones tienen matices al interior del movimiento feminista y discusiones internas no saldadas. A riesgo de simplificar me permito caracterizar algunas de las aristas de discusión que se presentaron en estas semanas para desmitificar luego algunas de las ideas instaladas que se reiteran sin reflexión.

Por un lado, quienes abogan por regular, suelen posicionarse a favor de los derechos laborales de lxs TS (Trabajadorxs Sexuales) y señalan las críticas como la combinación de una moral religiosa sumada a una clase privilegiada y a cierto apego a la vigilancia de los cuerpos de otres. Se resume en la frase “Siempre con las putas, nunca con la yuta” donde yuta, no es solo la policía sino también quienes “yutean” el cuerpo y las prácticas sexuales libres y voluntarias de personas adultas, es decir, se les dice “yuta” a quienes sostienen posiciones abolicionistas. En la posición regulacionista insisten en que trata y prostitución son dos situaciones distintas (una obligada y otra elegida) y ciertamente, una es un delito y la otra es una actividad que no es ilegal. Los argumentos regulacionistas se basan en la idea de desestigmatizar prácticas sexuales con la idea de que se trata de una transacción similar a la de cualquier otro trabajo, solo que con mala prensa, producto de la iglesia que nos inculcó la culpa y que junto a otras instituciones, nos metieron en la cabeza la idea de que cobrar por una actividad que involucra nuestra sexualidad es vergonzante: nos hicieron creer que era amor cuando era trabajo no pago. Desde esta posición se suele apelar a ejemplos de trabajos que no tienen reconocimiento y son mal pagos, para señalar que lo que opera en la condena al ejercicio de la prostitución es un atávico residuo que considera que la sexualidad es “sagrada” y no puede comercializarse. Quienes apoyan la regulación han presentado proyectos en distintas provincias que buscan establecer cuáles serían los controles necesarios para que la actividad pueda ser considerada trabajo: registro de ts, libreta sanitaria para quienes ejercen y espacios habilitados para tal fin. También en búsqueda de hacer visible sus demandas y de desestigmatizar las prácticas de sexo pago han tejido alianzas con sectores académicos y espacios políticos.

Por otro lado, quienes se reconocen abolicionistas sostienen que no persiguen la prohibición de la prostitución: no se trata de cuestionar las prácticas sexuales de quienes ejercen la prostitución sino de cuestionar un sistema —el sistema prostituyente— que recluta cuerpos para su explotación y descarte en beneficio de quienes lucran económicamente o consumen prostitución. Desde esta perspectiva, se insiste en pensar las conexiones entre trata y prostitución: la trata es una forma —la más brutal— de reclutamiento para la prostitución. De forma que la trata y la prostitución son codependientes y las fronteras entre una y otra son lábiles. La frase que identifica esta posición podría sintetizarse en “Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio” y el insulto usual a quienes abogan por el reconocimiento del trabajo sexual suele ser la acusación de fiolas o proxenetas. Los argumentos abolicionistas se basan en que el ejercicio de la prostitución no es ilegal y de hecho, las normativas que persiguen su ejercicio son inconstitucionales. Se trata de viejos edictos o contravenciones que deben ser derogadas y cuyo cuestionamiento ha sido una de las principales tareas de los espacios abolicionistas como la derogación del artículo 68 en la provincia de Buenos Aires con el que se encarcelaba a mujeres y travestis en situación de prostitución. O sea, el principal lobby abolicionista es por el rechazo a normas que persigan el ejercicio de la prostitución o que intenten regularla (crear zonas rojas, implantar libretas sanitarias, controles o exigencias a quienes ejercen la prostitución). 

Hay por último, una ancha avenida del medio en la que circulan entre una y otra posición quienes no definen su apoyo, en algún caso intentan conciliar ambas posiciones, algo que podría sintetizarse en la idea de “derechos laborales para lxs trabajadorxs sexuales y oportunidades para las sobrevivientes de explotación sexual”, incluso alguna periodista tuiteó  esta genialidad y agregó: “libertad para quienes sufren trata y paz para todas las mujeres”. Sinceramente, pensé que ironizaba, pero al parecer era una propuesta real de una comunicadora feminista que cerraba preguntándose el por qué de la polémica. Esa posición, es a mi entender mucho más problemática que las dos anteriores. En primer lugar, porque esa conciliación no es posible: una regulación que entienda la prostitución como un trabajo impediría políticas públicas…para salir de un trabajo. Es decir, en la actualidad existen pocas “iniciativas” (llamarlas políticas públicas sería un exceso) a la que pueden acceder quienes se encuentran en situación de prostitución y quieren dejar de ejercer. Una de ella es la posibilidad de acceder como beneficiarias al Programa Hacemos Futuro (anteriormente llamado Ellas Hacen) gracias a la militancia de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMDH). La asociación —desprendimiento forzado AMMAR tras no reconocerse como trabajadoras sexuales— está integrada por mujeres y travestis que ejercieron o ejercen aún la prostitución y abogan por mayores oportunidades educativas y laborales para la población más vulnerable que encuentra en la prostitución una forma de supervivencia. Son abolicionistas. Sí: putas, feministas y abolicionistas. El debate es complejo, adelantamos arriba. No todas las personas que ejercen se definen como trabajadoras sexuales. Por eso (y en segundo lugar), no tomar posición o proponer un espacio neutro desde el cual hablar sin consecuencias es más parecido al abolicloset, ese espacio al que los discursos que estigmatizan al abolicionismo empujaron a colegas para no expresarse o hacerlo de manera tibia, por el miedo a ser señaladas como falsas feministas, antiderechos, antiputas o yutas. Tal vez buscan no exponerse pero lo cierto es que no hacerlo es un privilegio. Que arda el abolicloset.

Algunas claves: Ni yutas ni fiolas

Las acusaciones de uno y otro lado no aportan nada a la discusión. Cualquiera que tenga posición tomada sabe que ha escuchado argumentos de la posición contraria que le han hecho dudar o ha reconocido internamente “ese es un buen punto”. También tenemos colegas que fueron regulacionistas y se hicieron abolicionistas y viceversa. María Galindo, autora junto a Sonia Sánchez del libro “Ninguna mujer nace para puta”, un verdadero manifiesto abolicionista, es una de las autoras (junto a la Organización de Mujeres en Estado  de Prostitución-OMEsPro) de la ley de regulación de establecimientos en los que se ejerce el trabajo sexual en La Paz[1]. La regulación municipal aprobada en noviembre de 2018, habilita “oficinas” de venta de sexo de forma cooperativa y autogestiva y tienen prohibida la venta de alcohol y la ganancia de terceros. La experiencia de “putas sin patrón”  pretende arrebatarle el negocio al proxenetismo, sin cuestionar la estructura desigual. Tal vez porque la lucha es larga y el tiempo es ahora. Podría entenderse como una suerte de control de daños. La experiencia de reglamentación en Uruguay por otro lado ha fortalecido el negocio de los dueños de establecimientos y precarizado aún más la prostitución callejera. La ley de reconocimiento del trabajo sexual en Uruguay es de 2002 y según la referente Karina Núñez la reglamentación les haquitado autonomía a quienes ejercen.[2]. El negocio lo hacen —como siempre— quienes regentean. No ser propietaria más que del propio cuerpo tiene ese problema. Pero no solo el regulacionismo tiene que revisar sus premisas. Lohana Berkins, de quien nadie dudaría de su compromiso abolicionista, afirmaba que era necesario “aggiornar el abolicionismo” en referencia a ciertas posiciones poco propensas a pensar las interseccionalidades, las identidades por fuera del binarismo y otras cuestiones que necesitan ser revisadas desde otras ópticas, pero sin renunciar a un principio: lo que para algunas privilegiadas puede ser una elección para muchas otras en situación más precaria es un destino, ¿para quienes legislar entonces?

Lejos de la neutralidad, la clave es preguntarse ¿por qué regular el ejercicio de la prostitución beneficiaría a quienes la ejercen cuando hoy esta no es ilegal? La respuesta desde el regulacionismo señala que podrían acceder a derechos laborales, incluyendo el acceso a seguridad social y jubilación. Es un buen punto. Si se regulara como trabajo, según señalan las autoras de los proyectos presentados que pueden consultarse en la página de AMMAR[3], es posible que  se mejoren las condiciones de las afiliadas al sindicato. Si la meta es pagar monotributo, en realidad eso es accesible sin regulación y no reconoce derechos laborales. Los derechos laborales apuntan a la relación de dependencia y solo podrían discutirse si pretendiéramos que el trabajo sexual fuera posible en relación de dependencia, es decir, lo que el diccionario define como “proxenetismo”. Pero no es eso lo que estamos discutiendo, no? Por otro lado, si la regulación solo habilitara el trabajo autónomo, se establecerían las pautas para que haya una prostitución regulada y otra por fuera de estas normas. 

Es decir, hoy hay ejercicio de la prostitución que no puede ser penalizado porque no es delito. Si se regulara, el ejercicio de la prostitución de quienes ejerzan por fuera de la norma (sin libreta sanitaria, en zonas no autorizadas, por fuera de la mirada estatal) estarían en la clandestinidad y por tanto es posible suponer que serían perseguidxs y penalizadxs: la posición regulacionista, como afirma la abogada Silvina Perugino, oculta en su propuesta un prohibicionismo que dejaría en situación aún más precaria a quienes ejercen la prostitución y no están organizadas. Aquí, quienes abogan por la regulación, deberían reconocer que tenemos un buen punto.

Argumentos, no slogans

Si me llaman yuta no puedo seguir discutiendo. Si le gritamos fiolas no podemos seguir debatiendo. No nos vamos a poner de acuerdo, no espero eso. Creo que sí podríamos reconocer que más allá de las diferencias profundas en nuestros enfoques y perspectivas tiene que haber pisos mínimos de respeto. La organización es la mejor herramienta para demandar al Estado derechos, en eso acordamos y no es menor. Desde el abolicionismo no creemos que sean derechos laborales sino una serie de derechos vulnerados previamente y que deben ser garantizados a todas las personas, pero especialmente a quienes se encuentran en mayor situación de precariedad. La regulación no afecta solo a quienes se encuentran en situación de prostitución, que con la norma deberían someterse a la vigilancia, registro y eventual autorización o prohibición de ejercer, sino a toda persona que se encuentre desempleada y solo cuente con su cuerpo y su “capital erótico” —un valor determinado por la edad, clase, apariencia, exotismo, competencia y nivel de demanda, entre otras cosas— para negociar tiempo y acto con quien posea el billete. Siempre con las putas, implica escuchar a todas, discutir la prostitución como institución patriarcal es tan necesario como discutir la institución familiar y los mandatos de obediencia y sumisión, de estar siempre disponibles para otres. Como afirma María Galindo “es imposible pensar feminismo ni hacer feminismo sin pensar prostitución. Tampoco es posible comprender el universo complejo de las mujeres sin tener la prostitución y a la llamada “puta” como centro de este universo.” Pero regular no es sinónimo de garantizar derechos, para eso es necesario promover políticas públicas de inclusión que apunten a la derogación de todas las normativas que persiguen el ejercicio de la prostitución y la plena participación de todas las voces en la construcción de ciudadanías plenas.

*Mariela Acevedo es feminista, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en comunicación y docente. Administra el portal Feminismo Gráfico y es editora de Revista Clítoris. Escribe, da clases y realiza tareas de investigación en el campo de la comunicación, la salud, los géneros y las sexualidades.

[1] María Galindo narra el proceso de construcción de la normativa en CTXT (dic. 2018) Disponible en  https://ctxt.es/es/20181205/Politica/23296/maria-galindo-mujeres-creando-prostitucion-la-independent.htm La lectura del proyecto sancionado (pendiente de reglamentación) puede accederse en https://es.calameo.com/read/000137394371d1e496485
[2] Entrevista de Mariana Carbajal del 12/02/2020 en https://www.pagina12.com.ar/247021-el-trabajo-sexual-me-visibilizo-como-persona
[3] Pueden consultarse los proyectos presentados en http://www.ammar.org.ar/-Justicia-.html para un análisis de las propuestas es recomendable la lectura de Silvina Perugino (2018) https://razonyrevolucion.org/la-ley-del-prostituyente-analisis-critico-de-las-propuestas-legislativas-que-buscan-legalizar-el-sistema-prostituyente-en-argentina/

 

Imagen de portada: La Vanguardia

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