Por: María Florencia Alcaraz

La mamushka de violencias institucionales que se abrió aquel 21 de marzo de 2014 cuando Belén llegó, con un dolor de panza, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda no termina de cerrarse. La misma maquinaria judicial patriarcal que la llevó desde la camilla de un hospital con un aborto espontáneo hasta la cárcel, hoy no respeta los plazos legales. El último viernes se cumplieron los noventa días hábiles que tenía el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán para expedirse en la causa y resolver la apelación presentada por la abogada, Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, que exige la anulación de la condena a ocho años y su absolución.
“Tengo que seguir luchando para que se demuestre de una vez por todas mi inocencia”, dijo Belén a Las 12. Ella esperaba la absolución el 2 de diciembre para recuperar la vida que tenía cuando todavía no era Belén, el nombre de fantasía que protege su verdadera identidad. Cuando supo que la Corte no había resuelto en tiempo y forma, primero se angustió, no quería ver a nadie. “Es feo porque esto me prohíbe muchas cosas”, contó. La demora obtura, entre otras cuestiones, sus posibilidades de trabajo: no puede conseguir un empleo formal porque está procesada y necesita un certificado de buena conducta. Antes trabajaba en una cooperativa; ahora se las rebusca vendiendo –con la ayuda de sus tías– peluches y cotillón que aprendió a fabricar de manera artesanal en la cárcel. El encierro injusto desparramó las piezas de la vida laboral, familiar y social que tenía hasta ese entonces, a los 25 años. La falta de una resolución judicial no colabora en el rearmado.
“La demora es una forma de ejercer poder. Hay un plazo legal para el dictado de las sentencias pero el Poder Judicial convive, de forma pacífica, con la mora en la mayoría de los casos. A la Corte se le perdió de vista que el caso de Belén no es un caso común: tiene puesta la mirada nacional e internacional y detrás un movimiento de mujeres fuerte, potente, organizado”, dijo Deza, la abogada que logró la libertad para Belén. En ese entonces también hubo dilaciones. El 16 de agosto, la Corte suprema local se pronunció sobre su prisión preventiva. Con la firma de los jueces Daniel Posse, Antonio Estofán y Antonio Gandur se dispuso la liberación. El fallo decía que los miembros de la Sala III de la Cámara Penal, que la habían condenado, debían instrumentar la libertad de inmediato. Pasaron cincuenta y cinco horas hasta que se hizo efectiva. En ese plazo, Deza tuvo que presentar un habeas corpus.
Los engranajes del sistema de administración de justicia funcionan con celeridad cuando se trata de encarcelar a las mujeres. Pero los tiempos judiciales se ralentizan cuando el propio sistema debe reconocer errores y dictaminar sobre cuestiones de fondo. La detención de Milagro Sala, en Jujuy, es otro ejemplo: Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron su inmediata liberación, pero la referente de la organización barrial Tupac Amaru sigue presa. Cada día que pasa en el penal de Alto Comedero, el gobierno argentino incumple sus compromisos internacionales.
“Es una violación más de los derechos de Belén, porque el derecho a recibir un pronunciamiento para cualquier persona que está procesada forma parte del derecho constitucional de defensa”, explicó Deza. Belén  habla de ella como su “hada madrina”:        desde que se hizo cargo de su defensa, todo cambió.
Hoy la defensa está en un callejón sin salida porque no existe ningún mecanismo que pueda obligar al máximo tribunal a pronunciarse. “La Corte va a dictar la sentencia cuando tenga ganas. Creyeron que la sociedad iba a olvidar que estaba pendiente la inocencia. La libertad fue lo urgente, la inocencia es lo importante”, señaló la abogada.
La dilación profundiza, además, la estigmatización injustificada que vive Belén en Tucumán.
En las dos semanas previas al vencimiento del plazo, el Palacio de Justicia de la provincia apareció empapelado con afiches de grupos anti-derechos que pretendían presionar a los magistrados. Estaban acompañados con fotos de bebés de publicidad: “Señores jueces de la Corte: fui un niño indefenso. Exijo justicia por mi asesinato”. Detrás de los afiches estaban lxs miembrxs de la Comisión del Derecho a la Vida del Colegio de Abogados local, que también repartieron folletos con el mismo mensaje en los alrededores del lugar.
Para Edurne Cárdenas, abogada especialista en temáticas de género del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “Belén está en libertad pero lleva la condena sobre sus hombros”. CELS y Amnistía Internacional junto a una decena de organizaciones se presentaron como amicus curiae ante el tribunal y exigieron que la joven sea absuelta y su condena anulada.
“El caso de Belén puso en evidencia todas las injusticias del sistema judicial patriarcal y clasista. La Corte Suprema de Tucumán tiene la oportunidad de dar una sentencia que lleve al propio sistema a reflexionar sobre sus prácticas y que incite a cambiarlas. Todo el proceso que ella vivió fue una catástrofe. Nunca tendría que haber estado presa”, dijo Cárdenas.
En total, Belén estuvo encerrada dos años, cuatro meses y 23 días. A pesar de la falta de pruebas, el 19 de abril de este año la Sala III de la Cámara Penal la condenó por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. La acusaron por la muerte de un feto, encontrado en el baño del Hospital y sobre el que no se hicieron pruebas de ADN. La Justicia machista tiene nombre y apellido: Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas fueron los jueces que firmaron ese fallo. No es casual que, tiempo después, los mismos magistrados dejaron impune la violación de Celeste, una chica trans que fue abusada en una comisaría tucumana.  Si el encierro de Belén pretendió ser un mensaje disciplinador hacia todas las mujeres, la libertad fue un triunfo colectivo del movimiento de mujeres organizado.
Ahora la Corte tucumana tiene la oportunidad de dictar un fallo que termine con el martirio institucional. Como dijo Deza: “la inocencia de Belén es la inocencia de todas”.