La «discapacidad» no equivale ni presupone «capacidad restringida»: la progenitora puede solicitar alimentos para su hijo mayor con autismo. “R., G. S. c/ O., M. L. s/ Alimentos – Fijación”, Oficina de Gestión Asociada de Familia N.º 1, Centro Judicial Monteros (Tucumán), 4 de septiembre de 2026. Jueza interviniente: Dra. Mariana Josefina Rey Galindo
Por Erica Pérez*
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I.- Resumen de los hechos
La progenitora, con el patrocinio de la Defensoría Oficial, promovió un juicio de alimentos contra el padre de su hijo. El joven ya es mayor de edad y tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde la infancia. Cuenta con Certificado Único de Discapacidad y percibe una pensión no contributiva.
La Sra. G explicó que siempre asumió sola la crianza y los cuidados diarios. La vida familiar se organizaba en torno a tratamientos médicos, terapias y apoyo emocional, mientras el aporte del padre era escaso e irregular. El juzgado fijó alimentos provisorios del 35 % de los haberes del demandado, como empleado municipal.
Fracasada la mediación, en la audiencia del art. 275 del Código Procesal de Familia de Tucumán (CPFT) el progenitor opuso una excepción de falta de legitimación activa.[1]Su argumento era simple: el hijo es mayor, no tiene sentencia de restricción de la capacidad y no otorgó poder a su madre. Por lo tanto, ella no podía reclamar en su nombre.
La defensa recordó que el joven participó de la mediación, pero que cualquier acto que altere sus rutinas lo desestabiliza. Esa evaluación se hizo con su psicóloga tratante, y el propio joven manifestó que no quería concurrir.
La jueza rechazó la excepción con dos órdenes de razones: una procesal y otra de fondo.
II.- Sobre la excepción procesal
El CPFT regula la audiencia del juicio de alimentos de manera concentrada: allí se contesta la demanda, se ofrece la prueba y se recibe la que pueda producirse en el acto. La norma es expresa: no se admiten reconvención, excepciones de previo y especial pronunciamiento ni cuestiones que alteren la estructura o el fin del proceso.[2]
Para la jueza, el texto es categórico. La excepción resultaba formal y sustancialmente inadmisible y debía rechazarse in limine. El fundamento es la propia naturaleza del reclamo alimentario: atiende necesidades vitales que no pueden quedar suspendidas por incidencias ajenas al trámite.
El fallo aclara que esta conclusión se limita a la vía elegida y a la oportunidad del planteo. No decide en definitiva quién está legitimado ni qué apoyos necesita el joven. Esa cuestión está siendo evaluada en un proceso de capacidad en trámite ante el mismo fuero.
La respuesta podría haber terminado allí. Sin embargo, la jueza avanzó sobre el fondo, y es ese desarrollo el que da al precedente su mayor interés.
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III.- La cuestión de fondo “La discapacidad no equivale ni presupone capacidad restringida”
El núcleo del fallo es una distinción que el demandado pasó por alto: la discapacidad no equivale ni presupone capacidad restringida.
Desde el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la discapacidad no es un defecto de la persona. Es el resultado de la interacción entre sus deficiencias y las barreras del entorno que limitan su participación (art. 1).[3] La Convención tiene jerarquía constitucional (Ley 27.044; art. 75 inc. 22 CN).
En la misma línea, el Código Civil y Comercial presume la capacidad de ejercicio de todas las personas (art. 31 inc. a). Las restricciones son excepcionales y solo pueden surgir de una sentencia dictada con garantías interdisciplinarias (art. 32).[4]
De allí la conclusión de la jueza: que no exista sentencia de restricción no deja al joven sin derechos ni lo inhabilita. Al contrario, confirma su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas (art. 12 CDPD). El argumento del demandado, en cambio, convertía la presunción de capacidad en una trampa: como el hijo es capaz, nadie podría reclamar por él; y como no puede comparecer, el reclamo quedaría sin titular.
IV.- La madre como apoyo de hecho
Resuelto ese punto, el fallo se pregunta cómo se articula, en concreto, el acceso a la justicia de este joven. La respuesta es la figura del apoyo informal o de hecho.
La jueza tiene por acreditado que el TEA condiciona severamente sus rutinas y su autonomía funcional en actos de la vida civil y procesal. En la vida diaria, ese soporte lo ejerce su madre de manera continua. Para el fallo, esa intervención no usurpa derechos ni necesita, en un trámite alimentario urgente, una designación judicial previa.
El apoyo normativo está en la Observación General N.º 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[5]Allí se reconoce la validez de los apoyos informales y se pide a los Estados que los faciliten, en lugar de levantar barreras burocráticas.
La magistrada cuida el alcance de su afirmación. Reconocer la legitimación de la madre no adelanta qué apoyos necesita el joven, ni si corresponde alguna representación para actos específicos. Eso se definirá en el proceso de capacidad.
V.- Ajustes razonables: no exigir lo que daña
El fallo da un paso más. Subordinar la demanda al resultado del juicio de capacidad, o exigir al joven que firme un mandato o comparezca a actos que lo desestabilizan, sería un obstáculo injustificado. La jueza lo califica como una revictimización inadmisible.
El fundamento es el deber de realizar ajustes de procedimiento para garantizar el acceso a la justicia (art. 13 CDPD), reforzado por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad[6]. Ese deber pesa más en un reclamo alimentario, donde está en juego la subsistencia cotidiana.
El caso muestra una vulnerabilidad doble: la condición de discapacidad y el carácter impostergable de los alimentos. Frente a ella, la tutela judicial debe ser reforzada, preferente y efectiva (arts. 75 incs. 22 y 23 CN; arts. 12 y 13 CDPD).
VI.- A modo de conclusión
El precedente desarma un argumento que, de prosperar, dejaría sin acceso a los alimentos a muchas personas adultas con discapacidad: si son capaces, nadie puede reclamar por ellas; y si no pueden comparecer, el reclamo no avanza.
La jueza resuelve ese círculo con tres herramientas: la estructura concentrada del juicio de alimentos, la presunción de capacidad y la validez del apoyo de hecho. El resultado es coherente con el modelo social: no se restringe la capacidad del joven para protegerlo, sino que se remueven las barreras que le impiden ejercer sus derechos.
También hay una dimensión que el fallo no menciona, pero que atraviesa el caso. Detrás de muchos reclamos por hijos e hijas con discapacidad hay una madre que sostiene sola los cuidados, durante años y más allá de la mayoría de edad. Exigirle formalidades que la ley no impone prolonga esa carga.
El verdadero valor del precedente reside en su mensaje: la discapacidad no puede convertirse en una razón para que los alimentos esperen, y remover los obstáculos procesales que lo impiden es el modo en que quienes imparten justicia garantizan una tutela judicial efectiva.
(*) Abogada U.B.A. columnista jurídica del Diario Digital Femenino. Dirección de equidad de género y diversidad sexual de la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires. https://blog-ericaperez.blogspot.com
Referencias
[1] Código Procesal de Familia de Tucumán, arts. 87 y 275.
[2] Código Procesal de Familia de Tucumán, arts. 87 y 275.
[3] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378 y con jerarquía constitucional otorgada por Ley 27.044.
[4] Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 31, 32, 43, 662, 706 y 712. Texto de los arts. 705 a 723.
[5] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N.º 1 (2014), sobre el art. 12: igual reconocimiento como persona ante la ley.
[6] Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (2008, actualizadas en 2018).
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