Presentación – La Pampa
Introducción
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Desde el 2005, en nuestro país, las organizaciones que conforman la Campaña Nacional por el derecho al aborto, impulsan y activan acciones enmarcadas en la igualdad social y jurídica entre los géneros para alcanzar políticas integrales, que garanticen los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos –DSRy(no)R–. Para ello, al mismo tiempo que se impulsaba el debate y la aprobación de un proyecto de ley que despenalizara y legalizara el aborto en la Argentina, fue necesario develar y desarmar paradigmas que sostenían un pretendido orden natural de las cosas, reforzados frecuentemente desde las instituciones del Estado, cuyas decisiones no solo provocan consecuencias de gran impacto social, sino que afectan de manera significativa la vida de las mujeres y de otras identidades sexo genéricas. Ya en 2018, la Defensoría General de la Nación comenzó una investigación sobre la criminalización del aborto, que publicó cuando se debatía por primera vez en el Congreso la legalización de esa práctica. Para esta época, en Tucumán, el caso “Belén” había tomado estado público y, aunque por entonces se afirmaba que la ley penal se aplicaba poco o que no eran muchas las mujeres presas o condenadas por abortar en Argentina, nuevos interrogantes se enunciaban: ¿hay presas por aborto en la Argentina, bajo qué figuras penales fueron detenidas esas mujeres? En el 2020, un grupo de investigadoras y de organizaciones decidió abordar el estudio de esta situación compleja, poco visibilizada hasta ese momento, en la que se vulneran los derechos humanos de aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que enfrentan una emergencia obstétrica y que, a partir de dicha situación, eran criminalizadas en procesos caracterizados por la discriminación y la violencia institucional.

En el informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” [1], previo a la aprobación de la Ley N.° 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se presenta un análisis de los informes oficiales solicitados a Ministerios Públicos y Cortes provinciales sobre procesos iniciados por la figura penal de aborto, de homicidio, homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona, en los casos en que la víctima fuese un/a recién nacido/a y la denunciada/investigada es la persona gestante; también se consulta sobre las personas detenidas, procesadas o penadas, por estos delitos. Este trabajo informa sobre las características y la magnitud que presenta la persecución penal de los abortos y los eventos obstétricos, a partir de dos relevamientos diferentes: en primer lugar, se ocupa de los procesos penales iniciados contra mujeres por abortos propios o interrupciones voluntarias de sus embarazos. En segundo lugar, se aboca a los procesos penales en los cuales la muerte de “un/a recién nacido/a” en los momentos inmediatamente posteriores al parto, es atribuida a una conducta pasiva o activa de la mujer gestante/ parturienta. Los datos, que fueron aportados por las jurisdicciones de: Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), suman 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos. Además, se recopiló y analizó un corpus de notas de prensa de medios gráficos digitales provinciales y nacionales entre 2012 y 2020, a partir de lo cual se identificaron 26 casos de criminalización de abortos y 47 casos de criminalización de otros eventos obstétricos, distribuidos en 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las principales conclusiones de esta investigación fueron: • Se constata falta de información y de datos estadísticos sobre el tema por parte de los ministerios de justicia, las subsecretarías de política criminal y penitenciaria y por la gestión penitenciaria provincial y federal. • La persecución penal del aborto, que actúa como control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres, encarcela y castiga principalmente a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud. Y también produce consecuencias sobre la población, mediante la extensión del miedo a la criminalización o a perder la vida. • La política penal aplicada es selectiva: la mayoría de las mujeres criminalizadas fueron estigmatizadas, culpabilizadas y vulnerabilizadas por otros tipos de violencia institucional, en las que interactúan el racismo, la clase y el género. Son ejemplos de esa vulneración de derechos la difusión del contenido de las historias clínicas (HC) sin cuidado por la privacidad de la persona, y el no acceso de la mayoría de las mujeres criminalizadas a una defensa particular • En estas criminalizaciones operó como principal estrategia discursiva la figura de la “buena madre”. Las mujeres eran consideradas desviadas o monstruosas y la prensa las describió en clave de horror y frialdad[2] . • Cuando se determina el encarcelamiento de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a partir de un proceso penal, las penas suelen ser extendidas, con padecimientos agravados durante la privación de libertad. Los mecanismos más frecuentes que dieron inicio a estas causas fueron: 1. la violación del deber de confidencialidad por parte de las y los integrantes de los equipos de salud que realizan una denuncia. Corresponde al 33% de los relatos analizados en las notas de prensa. 2. la denuncia por parte de personas allegadas o las mismas mujeres. En este caso se afecta la prohibición de ser obligada a declarar contra sí misma, porque resulta extorsivo utilizar un pedido de auxilio para iniciar la persecución penal, porque pone a las personas y a sus acompañantes en la situación de auto incriminarse a cambio de la atención de su salud…Seguir leyendo

[1] Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Universitario San Martín (CUSAM), María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos. Coordinación de la investigación: Vanina Escales y Santiago Nabaes La coordinación de la investigación y la redacción estuvo a cargo de Vanina Escales y de Santiago Nabaes. La mesa de trabajo estuvo integrada por Guadalupe Basualdo, María Lina Carrera, Lucía de la Vega, Carolina Di Próspero, Victoria Igol, Rosana Fanjul, Macarena Fernández Hofmann, Laura Guarinoni, Andrés López Cabello, Gloria Orrego-Hoyos, Marcela Perelman, Lilo Ponce, Natalia Saralegui Ferrante, Agustina Vidales Agüero. https://www. cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/12/La-criminalizaci%C3%B3npor-aborto-y-otros-eventos-obst%C3%A9tricos-en-la-Argentina-5.pdf

[2] Dorothy Roberts lo señala en “Maternidad y delito”, “la penalización del aborto refuerza la norma según la cual las mujeres deberían querer tener hijos porque fuerza literalmente a las mujeres a convertirse en madres. Aquí, la sociedad considera el rechazo de la mujer a dar a luz como un acto antinatural, una rebelión contra la esencia de su rol”.

Fuente para DDF: Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género

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