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Reparación integral: un derecho de las víctimas de trata de personas

PRÓLOGO

Stella Maris Martínez[1]
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Reparación integral: un derecho de las víctimas de trata de personas

La trata de personas ha sido reconocida como una de las violaciones de derechos humanos más graves, en especial de mujeres y niñas y de las personas de los grupos más vulnerables. Sin embargo, hay cierta conducta de naturalización, de tolerancia, de comprensión, sino de complicidad, por parte de políticos y operadores judiciales. Hay un número observable de condenas –que, por lo general, recaen sobre los eslabones más bajos de la cadena de responsables pero, en la realidad, no hay una mirada centrada prevalecientemente en las víctimas y sus derechos.

Por tal motivo, en el año 2014, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, fue creado el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas para intervenir en la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas y de explotación, su acceso a la justicia y su asistencia jurídica integral. Proporciona asesoramiento y patrocinio jurídico y es pionero en patrocinar las primeras querellas y acciones civiles en la materia. Despliega litigio de impacto con el fin de modificar las respuestas judiciales; genera articulaciones con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y realiza actividades de capacitación y difusión en diversos ámbitos.

Me gratifica presentar esta publicación, que está enmarcada en el acuerdo suscripto entre el Ministerio Público de la Defensa y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que proporcionó apoyo al proyecto “Mejorando la administración de justicia en casos de trata de personas para explotación sexual”, el cual fuera desarrollado por el Programa de referencia. El proyecto constituye una experiencia novedosa, ya que han intercambiado sus experiencias y perspectivas personas que se desempeñan como jueces y juezas, junto con fiscales y quienes asumen la tarea de la defensa pública oficial.

Este proyecto ha llevado a cabo una serie de actividades de investigación, capacitación y publicaciones destinadas a brindar a las y los operadores de justicia herramientas para avanzar en el acceso y reparación efectiva de las víctimas de trata de personas desde un enfoque de género y derechos humanos.

El derecho a la reparación, en un sentido general, ha tenido un extenso reconocimiento en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. De igual modo, se destacan adelantos teóricos y en la jurisprudencia, especialmente en el nivel internacional y el sistema interamericano. Los Estados tienen que cumplir obligaciones para asegurar el acceso de las víctimas a la reparación efectiva.

A fines de exponer los contenidos del derecho humano a la reparación, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, en 2005, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A tal efecto afirmó que una reparación plena y efectiva, adquiere las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. Generalmente ha sido definida como la obligación de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de sus derechos humanos. Esto resulta sumamente difícil en relación con las víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual y, por lo general, adquieren mayor atención otros componentes del derecho a la reparación.

En particular, se destaca la indemnización, que debe comprender todos los perjuicios sufridos por las víctimas. Entre ellos, el daño físico o psicológico, y el tratamiento que requieran como consecuencia; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, así como de progreso y desarrollo personal; los daños materiales; la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; el daño moral; los gastos de asistencia jurídica o de otra índole, tales como medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales, los gastos del cuidado de sus familiares, entre otros.

La rehabilitación o recuperación debe incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. Es necesario que contemple un período de reflexión durante el cual se brinde asistencia a las víctimas para su recuperación mediante alojamiento adecuado, asistencia médica, oportunidades de educación, capacitación y empleo, e inserción profesional o laboral, teniendo en cuenta las especificidades de las víctimas, sus edades, experiencias, vivencias y culturas, así como su situación familiar.

También son indicadas, según el caso, dentro del derecho a la reparación integral, las garantías de satisfacción y de no repetición que pueden incluir diversas medidas, prestando especial atención a que no se revelen datos que puedan exponer o revictimizar a las víctimas. Estas medidas incluyen desde la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos de las víctimas hasta la incorporación de la temática en el ámbito de la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

Las garantías de no repetición alcanzan programas de formación y de capacitación de los sectores en contacto con las vulneraciones de derechos de las víctimas de trata y la observancia y efectivo control de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, con la finalidad de evitar la connivencia, tolerancia o aquiescencia del Estado en todos sus niveles.

Si bien estos avances del derecho internacional han sido ampliamente difundidos, las medidas de reparación efectiva para las víctimas de trata de personas resultan sumamente limitadas y largamente inaccesibles. Ello, pese a que nuestro marco normativo nacional también reconoce el derecho a la reparación en la legislación específica en la materia, ley 26.364 y su modificatoria ley 26.842.

Hasta el momento, las víctimas no logran hacer escuchar sus voces en los tribunales y constituirse en parte querellante y, menos aún, actora civil, y acceder a una reparación efectiva; salvo una excepción, en la cual una víctima, patrocinada por el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas, obtuvo una sentencia favorable en la Cámara Federal de Casación Penal, la cual aún no se encuentra firme. Ello demuestra ostensiblemente los obstáculos que las víctimas deben sortear para acceder a sus derechos más básicos, entre ellos el acceso a la justicia.

Por estas razones, esta compilación ha sido concebida para prestar aportes conceptuales, así como la puesta en ejercicio de estos conceptos teóricos, entre los que se destaca el desarrollo del “derecho reforzado a la reparación de las víctimas de trata de personas” como correlato sustantivo de la obligación estricta de debida diligencia para reparar, aplicado tanto en el litigio como a través de un “amicus curiae” y su recepción por parte de la jurisprudencia nacional. Incluye el análisis del caso en el cual la víctima se constituyó en querellante y actora civil, haciendo foco en la responsabilidad estatal en la trata de personas. Se explica la relevancia del recupero de activos como instrumento específico con fines a la reparación. Se ofrece una síntesis tanto del marco del derecho internacional en la materia, así como del derecho comparado.

[1] Defensora General de la Nación

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