La semana pasada el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Mahiques, firmó una resolución fundacional para la política criminal en violencia de género. La misma contempla una serie de definiciones institucionales que dan forma a una política pública integral en la persecución penal en los casos de violencia de género. Los lineamientos de esta nueva política contemplan 10 acciones.
Por Alejandra Benaglia*
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En la presentación a la prensa – que contó con la presencia de Alberto Nanzer, Secretario General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima, Natalia Figueroa titular de la Oficina de Seguimiento de Implementación de la Política Criminal, Nicolás Papalia, titular de la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades y Ana Barata, Secretaria de Políticas de Asistencia Integral a la Persona Afectada por el Delito- el Fiscal General Mahiques aseguró que “ésta es, sin duda la resolución más importante que voy a firmar porque va a ser una nueva forma de investigar estos delitos que realmente nos preocupan a todos. Creo que estoy saldando de alguna manera una deuda histórica del Poder Judicial. Lo hago en el ámbito de mis competencias, que es la Ciudad de Buenos Aires, rodeado de un grupo de expertos que ha dedicado parte de su vida a esto.”
Los principales lineamientos de la Resolución FG Nº 65/2021 están basados en tres pilares: 1) promoción de un enfoque general que permita contemplar las características especificas de cada caso, 2) incorporación de una perspectiva interdisciplinaria y 3) una política basada en evidencia.
En dialogo con este medio Nicolás Papalia, titular de la Oficina de Planificación de Políticas de Género y Diversidades del Ministerio Público Fiscal explicó que esta resolución es un gran paso en relación a la investigación y litigio de los casos de violencia de género. “Implica un gran avance en términos del reconocimiento de derechos para las víctimas de violencia. Primero, porque incorpora en el concepto de violencia por razones de género también a las personas LGTBIQ+ lo que reconoce que la violencia contra estas personas va a ser investigada también por fiscalías especializadas. Un hecho que va a contribuir a visibilizar este tipo de violencias, en particular aquellas cometidas contra las personas trans que hoy están invisibilizadas. Y segundo, esta resolución genera que el Ministerio Público Fiscal optimice todos sus recursos disponibles para promover mejores y más eficientes investigaciones en esta materia a través de el establecimiento de pautas, procedimientos y criterios para que sus organismos especializados e interdisciplinarios laboren de manera coordinada garantizando, no sólo una mejor investigación de las denuncias penales, sino también una asistencia integral a las personas víctimas.”
Las acciones que se desprenden de la resolución firmada son 10.
- Ampliación de la competencia de las fiscalías especializadas en Violencia de Género.
- Criterios para impulsar la persecución penal.
- Revisión obligatoria de archivos por parte de las Fiscales de Cámara.
- Pautas para analizar la declaración de las víctimas.
- Aprobación del Protocolo para la Investigación y el Litigio de los casos de Femicidio y Otros Crímenes por Razones de género, Orientación Sexual, identidad de género y su expresión.
- Análisis del delito de Incumplimiento de Deberes de Asistencia Familiar como un supuesto de violencia económica y patrimonial.
- Desarrollo de líneas de litigio estratégico.
- Implementación de la suspensión del proceso a prueba.
- Incorporación de la Guía General de Actuación en Violencia de Género.
- Política de seguimiento. Control y Evaluación de la implementación de las decisiones de política criminal.
“Uno de los puntos a destacar de esta resolución – explica Papalia– es que plantea que los casos de violencia de género tienen que ser analizados teniendo en consideración las particularidades, es decir, las características específicas de cada caso. No creemos en las respuestas automatizadas, en las respuestas estandarizadas, sino en que nuestros operadores y operadoras se concentren en desentrañar cuáles son las características particulares, los factores que están incidiendo en cada caso para generar esas situaciones de violencia.”
Es importante destacar el lugar que se le da a la mujer en situación de violencia en todo el proceso que además de una escucha atenta y especializada evita la revictimización tan usual y desgastante en los procesos de denuncia. Los y las fiscales deben evaluar y respetar la decisión de la víctima en relación con la continuación del proceso analizando los posibles condicionamientos que, en general, estas tienen a la hora de manifestar su voluntad, identificando posibles situaciones de gravedad.
Para finalizar Nicolás Papalia explicó la implementación de la suspensión del proceso a prueba que es un método alternativo de resolución de conflicto. “Estamos introduciendo un criterio rígido – dijo- que va a proceder siempre y cuando se cuente con el consentimiento informado de la víctima. Es decir, le volvemos a dar a la víctima un rol preponderante en lo que refiere a la continuación del proceso. Para que pueda decidir, con el apoyo de nuestros órganos interdisciplinarios y de los fiscales y las fiscales, si quiere continuar con el proceso o en este caso, habilitar un método alternativo de resolución de conflicto. Todo esto de conformidad con la Ley Nacional de Víctimas, que precisamente establece no que la víctima debe tener un rol preponderante en el proceso penal.”
La resolución, que cambia la perspectiva para investigar casos de violencia de género, ya se encuentra en vigencia y puede consultarse ingresando a la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: https://mpfciudad.gob.ar/resoluciones/search
(*) Periodista feminista – Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Genero en Argentina
alebenaglia@hotmail.com
