La difusión constante de hechos de agresión física, sexual y psicológica a través de las noticias, han convertido a la violencia en algo cotidiano al que peligrosamente el ciudadano común parece haberse habituado. Sin embargo, hay otras formas de violencia, menos visibles, que no por ello dejan de ser preocupantes.
Por Pilar Marín Bravo[1]
El maltrato que recibe una persona por su orientación sexual, por su condición de migrante en la capital, o por tener el virus de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, representan otras formas de violencia que también suceden con frecuencia y que reclaman igual atención.
La reciente aprobación del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016–2021, a través del Decreto Supremo 008–2016-MIMP, apunta a un objetivo estratégico que marcará la pauta de una política pública para los próximos años: cambiar los patrones socioculturales que reproducen las relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género en el país.
Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016–2021 (Descargar en portada)
Esa violencia de género afecta a las mujeres por igual y ese es el sentido que recoge este plan para protegerlas: sean niñas, adultas, adultas mayores y todas en su diversidad y origen (indígenas, afrodescendientes y mestizas), sea del campo o la ciudad; heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans, mujeres con discapacidad, migrantes, que viven con el VIH, que ejercen la prostitución, privadas de su libertad, en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.
Por ello es auspiciosa la aprobación de un plan que reconoce e incluye como parte de las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, todas aquellas prácticas de agresión y maltrato que dañan igual o más que las que conocemos comúnmente.
El plan reconoce e incluye entre las diversas formas de violencia de género a la violencia obstétrica, referida al “trato deshumanizante” que pueda ocasionar el personal de salud con relación a los procesos reproductivos.
Además del salto importante que representa incorporar a las esterilizaciones forzadas como una forma de violencia de género, se incluye a la violencia económica, especificada como la acción u omisión que pueda menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la persona, un ángulo poco considerado como forma de maltrato, pero muy frecuente en nuestro medio.
Reconocer la violencia ejercida contra una persona por su orientación sexual, política, por estar privada de su libertad, someterla a hostigamiento sexual, a la trata, entre otros aspectos, significa hacer visible múltiples formas de maltrato que demandan con urgencia atención no solo de parte del Estado, sino de una intervención multisectorial. Un trabajo cuya primera tarea debe comenzar desde las escuelas para fortalecer el sistema de valores que tanta falta hace inculcar con firmeza desde la niñez.
