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La realidad de las violencias, sobre todo en el ámbito judicial, que atraviesan y padecen las madres protectoras[1] no se compara, en su magnitud, con todas las otras formas de violencia. Y no es porque estemos haciendo un ranking de qué violencia es peor o una valoración superior, sino porque la ruta crítica o “vía crucis”, como dice el doctor Baños Suffia, sobre este derrotero, que comienza en el primer paso: el de realizar la denuncia, es de los más bastardeados e invisibilizados socialmente. Tanto que las madres llegan a perder la tenencia y contacto con sus hijas e hijos y nadie parece verlo, mucho menos actúan en consecuencia.

Por Lenny Cáceres*

Ese intento de luchar por los derechos de hijas, hijos e hijes es realmente un calvario. Y no vemos, dentro de los feminismos, una manifestación masiva y contundente para visibilizar estas formas de violencia que incluyen a todo el núcleo familiar o afectivo que rodea a la mujer, incluyendo lo que conocemos como violencia vicaria.[2]

Además de la persecución y daño a la mujer, infancias y adolescencias a su cargo y protección, también la violencia sistemática se ejerce contra las y los profesionales que ejercen el abordaje de caso. El conocido y apenas visibilizado backlash[3]

Sí han surgido aquellos que, en esta publicación, llamaremos “acosadores legales”, que sí cuentan con buena prensa, y son los que manejan el hecho de que la presunta víctima sea expuesta a revictimizaciones constantes para sostener una denuncia o directamente desestimarlas. Las acusaciones, argumentos o señalamientos son múltiples y sería imposible enumerarlas aquí.

En este sentido, es llamativo, también, el silencio del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, la SENAF, las defensorías de NNyA y las secretarías de Derechos Humanos en su compromiso y alcance para el resguardo de los derechos de niñas, niños, niñes, adolescentes y madres protectoras.

Una de las herramientas judiciales, a veces encubierta y otras argumentada con total impunidad, es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Madres protectoras y un sistema perverso
Madres protectoras y un sistema perverso. Ph Diario Conurbano

Argumentos judiciales, influencias y legislación vigente

Al respecto, entrevistamos al doctor Daniel Baños Suffia para profundizar sobre cómo influye este inexistente síndrome en la práctica judicial, la ley de impedimento de contacto y los alcances de la legislación vigente.

―¿Cómo influye el SAP y por qué se sigue utilizando?

―Opera casi en forma sistemática en muchos sectores del poder judicial una permanente estigmatización de estas madres protectoras y un fuerte descreimiento del relato del niñe violentado sexualmente. Sin embargo, creo oportuno intentar acaso poner como referencia un punto de partida posible dentro del sistema judicial argentino de la aplicación del pretendido SAP y hago especial énfasis en pretendido, en palabras de Sonia Vaccaro y Consuelo Barea Payueta, porque creo que nombrarlo inexistente o falso tiene como correlato a contrario sensu un existente o un verdadero síndrome. Este término, en la justicia argentina, se puede marcar como un hito en el año 2000 con la publicación del artículo “El abuso de la denuncia de abuso” del entonces juez Dr. Eduardo Cárdenas, sin perjuicio de que esta “teoría” data del año 1985. Esto provocó un efecto dominó en el discurso jurídico dentro y fuera de tribunales, donde comenzó a ser citado por jueces y juezas, pero fundamentalmente por abogados y abogadas defensores en causas de violencia de género intrafamiliar y de incesto. Este autor, citando en todo su artículo a Richard Gardner, hace especial énfasis en la creación, con estas denuncias, de una verdadera industria, con el único fin de separar al otro progenitor.

La aplicación judicial de este pretendido síndrome constituye una clara violación a los DD. HH. de NNyA y sus madres protectoras, como así también una brutal violencia institucional, toda vez que invalida y descalifica la voz del NNyA, se corre del eje principal el interés superior del niño y el abuso queda invisibilizado al deber atender la supuesta maniobra fraudulenta o implantación de la memoria por parte de la madre. Volvemos, otra vez, a una mirada adulto y androcéntrica de la justicia.

Esta aplicación es generadora de violencia institucional, en los términos de la Ley N° 26.485, al ser el Estado quien, a través de uno de sus órganos, impide el acceso a un adecuado servicio de justicia, políticas públicas y al libre ejercicio de los derechos de NNyA, llegando a decisiones que rayan lo criminal.

En la actualidad, existen múltiples fallos judiciales que invocan al pretendido Síndrome de Alienación Parental sin mayores tapujos ―no obstante haber sido rechazado por la comunidad científica toda― y, por otro lado, se pueden ver escritos presentados por letrados y letradas que hacen un razonamiento elíptico y aplican, en definitiva, el mismo paradigma violatorio de los Derechos Humanos de niños, niñas, adolescentes y sus madres protectoras.

―¿Cómo influye la Ley N° 24.270 en las acciones o acceso a la justicia de madres protectoras?

―Esta ley, también conocida socialmente como la ley de “impedimento de contacto”, resulta ser, a mi criterio, una de las herramientas más eficaces para condicionar y reprimir conductas de madres protectoras que intentan evitar revinculaciones forzadas con progenitores sospechados de cometer abuso sexual contra sus hijes.

Esta ley, sancionada en 1993, tiene solo seis artículos y garantiza eficazmente un proceso muy ágil, obligando al juez a fijar un régimen de comunicación a los fines de reestablecer el contacto paterno filial. Claro esta que esta ley carece de toda perspectiva de género y niñez y, pese a los múltiples avances a nivel mundial en esta temática, esta ley se encuentra intacta, aun a casi treinta años de su dictado, sin reforma alguna, lo cual resulta cuanto menos llamativo.

Hay que contemplar que la violencia ejercida contra los hijos de la mujer se constituye a la par en un claro ejemplo de violencia vicaria contra esta. A tales fines, es preciso tener en cuenta que a las condiciones habituales desfavorables referidas en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que ubica a estos dos grupos (niños, niñas y adolescentes y a las mujeres) como beneficiarios de estas llamadas “reglas”, se le suma la amenaza concreta y terrible de atravesar un proceso penal que pueda llegar a resultar en una pena que alcanza, en algunos supuestos, de seis meses a tres años de prisión

―Se pide más legislación para la protección de las madres, niñas, niños y adolescentes, pero existen. ¿Podemos hacer un breve repaso?

―Respecto a este tema, siempre es importante recordar y destacar que, con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se incorporaron múltiples tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional, esto es, superior a las leyes internas, tales como la Declaración Universal de los DD. HH., la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (más conocida como CEDAW por sus siglas en inglés), entre otros.

El art. 19 de la CDN impone medidas al Estado a los fines de proteger a los NNyA contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual. El art. 34 del mismo cuerpo normativo, específicamente, exige a los Estados proteger a los niños contra todas las formas de explotación y abuso sexual.

Se aprecia la interseccionalidad entre niñez y género en la Recomendación General Nº 31 de la CEDAW y en la Observación General Nº 18 del Comité de Derechos del Niño sobre prácticas nocivas contra mujeres y, especialmente, sobre niñas.

En el ámbito interno, nos encontramos con la Ley nacional N° 26.061 y la Ley provincial N° 13.298 que recepta las disposiciones de la CDN y establece las herramientas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y, a nivel provincial, la Ley N° 12.569 (modificada por la Ley N° 14.509) de violencia familiar.

Este cuerpo normativo previamente citado, que debe ser aplicado a nuestras prácticas cotidianas como operadores del sistema de justicia, debe ser interpretado de una manera dinámica, y poder advertir ―como refería anteriormente― que las categorías como niñez y género no son inmutables y estancas, sino que habrá que considerar la interseccionalidad y contemplar la posibilidad de que una persona se encuentre atravesada por múltiples contextos de vulnerabilidad, los cuales deban ser especialmente tenidos en cuenta a los fines de su adecuada protección. En cada decisión judicial, de los dictámenes profesionales del derecho, psicología, medicina y tantas otras disciplinas que abordan la temática, subyace ―además de un saber técnico específico― un basamento ideológico: allí, reposarán, en definitiva, la eficacia de nuestras intervenciones, ya sea protegiendo a estos grupos vulnerables o perpetuando su padecer, revictimizándolos una y otra vez. No se trata pues de normas legislativas insuficientes, sino acaso de un sesgo ideológico determinado.

 

[1] Se les llaman Madres Protectoras a las mujeres que “intentan proteger a sus hijas e hijos de sus propios progenitores, padrastros, tíos, abuelos, hermanos mayores o varones violentos que muchas veces violan a los niños, y que la Justicia no las escucha porque prefiere decir que la mujer está mintiendo por despecho y que NNyA repiten lo que la mamá les dice que tienen que testificar en el juzgado” (Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza).

[2] https://diariofemenino.com.ar/df/violencia-vicaria-definicion-ejemplos-tipos-caracteristicas-casos-y-datos/

[3]  Es una respuesta violenta, generalmente una reacción masculina. El contraataque de los hombres a la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños, niñes y adolescentes a profesionales actuantes en las causas.

(*) Periodista feminista, directora/editora de Diario Digital Femenino. Titular de la web de Asesoramiento y Capacitación https://lennycaceres.com.ar/ Autora del libro La transversalidad del género: espacios y disputas.

Ph de Portada: Telefe Neuquén

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