Por Lic. Maria Florencia Freijo
No contamos
En las últimas semanas, la cantidad de Feminicidios que los diferentes medios han cubierto, dejaron en evidencia la cara más atroz del desamparo institucional ¿Hay más violencia que antes o nuestras muertes nunca contaron? Gracias al trabajo intenso del colectivo de mujeres de diversas organizaciones, que como bandera principal encuentra su espacio en #niunamenos estamos en condiciones de desandar el camino institucional que propicia estos escenarios macabros ¿Qué instrumentación se ha creado para visibilizar estos fenómenos y cómo funciona? Aquí el análisis de lo que sucede al interior de la Suprema Corte de Justicia.
Contar, esa palabra que puede remitir a una narrativa o a la más básica de las operaciones numéricas. Pero «contar», en todos los casos de Feminicidios, conlleva los dos significados. Porque cada historia que devino en tragedia, carga en sus espaldas el relato de una mujer que no tuvo herramientas para que su destino fuera distinto, pero también, cada muerte que engrosa la nómina negra de la peor expresión de la violencia machista, pasa a ser un numero mezclado entre tantas otras muertes invisibles. El circulo de violencias, cierra así, como el mejor de los actos, si nunca contamos en vida, tampoco contaremos en la muerte.
Contar-nos para la Corte Suprema de Justicia.
Con la modificación del Condigo Penal y de su art 80, en donde se toman como agravantes en la pena por homicidio las relaciones desiguales de género (incisos 11 y 12); la Corte Suprema de Justicia, comenzó a llevar un registro nacional de femicidios, encuadrado no solo en la ley 26.791 sino además en la 26.485 de Protección Integral de la Mujer. El registro obtiene su muestra, es decir los datos de los crímenes que fueron catalogados como femicidios, a partir de los tribunales superiores de las cortes provinciales, y a la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional.
A través del envío de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas (es decir las respuestas están predeterminadas, por ejemplo Si-No) se miden características de los femicidios como la edad de la víctima, la edad del victimario, si había hijos a cargo, el vínculo entre víctima y homicida, entre otros. Ahora bien, vamos a desandar este camino. En primer lugar, el rango de edades de las victimas las agrupan en intervalos que van de los 0 a 10 años, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60 y + de 60. En principio, si queremos cruzar variables con otras instancias públicas, estandarizar una franja de 0 a 10 años, acorta otros análisis que puedo hacer de la articulación con mayor información de otras dependencias. Si se da un femicidio en un bebé de 2 años, no es lo mismos que en el de una nena de 7 años. Acá pierdo la información cualitativa de la relación de un periodo vital como la primer infancia, pierdo la relación sobre algún femicidio por tráfico de menores, etc. Esto se repite en toda la segmentación que se eligió por edad o motivos del crimen, con claridad, no hay un criterio estadístico. Otro dato que mide la encuesta es la vinculación existente entre víctima y victimario, sin embargo no establece relaciones basadas en un intercambio de dinero, como podría ser un femicidio en el contexto de prostitución o transacción comercial por venta de estupefacientes.
Una observación aún más preocupante, y enfatizo en esto porque además del recorrido que hay que hacer en materia cultural e institucional, a nivel jurídico, debemos reevaluar las instancias de denuncia de las víctimas. A saber, la encuesta solo señala si se hizo o no una denuncia con anterioridad, no dimensiona por ejemplo ¿Cuántas denuncias se hicieron con anterioridad? ¿En dònde (comisaria, oficina de la mujer, juzgado de familia, etc)? y; ¿Con que distancia del hecho?. Es claro que no es lo mismo una denuncia radicada con una semana de anterioridad al femicidio, donde la víctima debería tener protección psíquica y jurídica que una denuncia radicada 5 años antes.
Si lo que se denomina «instrumento de recolección de la muestra» fuera estadísticamente, al menos, descuidado, después tenemos que analizar la muestra, es decir, de donde se recogen los datos, la materia prima desde donde se construye el «dato». Ésto merece un capítulo aparte, pues cada provincia tiene autonomía jurídica, lo que implica que en no todos los casos las estructuras burocráticas internas envíen la misma información, de igual manera. Inquieta, muchísimo más, que en una organización judicial, con jueces no formados en perspectiva de género, dependa del criterio de estos determinar si hubo o no femicidio. Esto es perturbador, imaginen por ejemplo que cuando Belén, la joven de Tucumán presa por un aborto espontáneo fue condenada, la carátula era “homicidio agravado por el vínculo”, jamás se habló de la figura de aborto. Así, con esta subjetividad, entre tantas que lamentablemente podríamos citar, andamos y desandamos el camino de jueces misóginos.
Como última reflexión sobre los resultados dejo más inquietudes; hay mucha disparidad entre las provincias en relación a los datos obtenidos. Es decir, Salta y Jujuy tienen una diferencia de casi 1.5% de diferencia de femicidios per cápita, siendo Salta una de las tres provincias con mayor índice de ellos en el país, junto a Santa Cruz. ¿Puede ser que en dos provincias con idiosincrasias tan similares, Jujuy tenga una tasa similar a la de Buenos Aires y no a la de Salta? Cualquier estadista, diría al menos, que hay que revisar la muestra. En lo profesional, asevero que la cantidad de datos recolectados no es la correcta, ahora lo que no podremos determinar es si esto está dado por la muestra en sí o por que hubo un error procesal en la tipificación de los delitos, seguramente las dos variables sean complementarias.
Una esperanza:
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos, generó una unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y de homicidios agravados x el género el 5 de noviembre del año 2015. En principio, ya vemos que hay un error conceptual en la denominación del proyecto, lo cual hace que como lectores nos agarremos al cabeza. Sin embargo, es muy interesante que pretende articular con el Poder Judicial, con el Ministerio de Desarrollo social (en el cual se encuentra el Consejo Nacional de las Mujeres) y también hará participes a ONG´S especializadas en la temática, donde seguramente encontremos a la “Casa del encuentro” encabezando alguna reunión. En principio no hay novedades ya pasado un año, sobre el proceso que están haciendo, el concepto es interesante si tenemos en cuenta que de alguna manera centralizaría toda la información que está dando vuelta, pero insisto, si la información es errada ¿Cómo vamos a mirar mas allá de eso?.
Esta encuesta, aún, tiene mucha tela para cortar, parece un registro realizado más para cumplir, que para realmente generar políticas públicas ¿Piensan sacar las Políticas Públicas de notas de opinión? ¿O vamos a seguir apelando a recoger datos de los medios de comunicación, a través de las noticias? ¿Es ese nuestro poder,los medios? ¿Los medios nos harán visibles? Claro que no, el grupo de mujeres autoconvocadas es un hito en la lucha por derechos a través de la presión y visibilización de las problemáticas que gestan al femicidio, y que no solo son jurídicas. Seguiremos demandando por una instrumentación efectiva que nos permita revertir las diferentes escaladas de violencia hacia nosotras. Pero, a medida que pasa el tiempo, y no encontramos respuestas, las dudas en mi cabeza se hacen un mar, casi similiar a ese mar multitudinario de mujeres en lucha, que en miradas perdidas se encuentran y saben identificadas, por el estigma de vivir en una sociedad que solo nos cuenta para juzgarnos, nunca para incluirnos. No vernos, también es violencia.
