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Informe: Travestis y trans en cárceles argentinas: más migrantes, jóvenes y sin condena

¿Cuál es la situación de las personas travestis y trans en las cárceles argentinas? ¿Cuántxs son, quiénes son y cómo viven? Un estudio exhaustivo de la organización OTRANS Argentina se adentró en los penales federales y bonaerenses para generar datos reales y construir un documento que pruebe “la violencia sistémica a la que son sometidos los cuerpos travestis y trans” en situación de encierro.

Pamela Macedo Panduro, militante de Otrans y migrante, falleció el 1 de enero de 2017 mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado también murieron en cárceles bonaerenses. Brandi Bardales Sangama en el hospital platense San Martín, después de que la policía bonaerense allanara su casa. Este informe se inició a partir de sus muertes.

Un informe pionero

“Nuestra investigación surge de hechos puntuales, relacionados con el aumento de las detenciones arbitrarias y armados de causas y, el desencadenante que produjo las muertes de cuatro compañeras en el 2017, detenidas en la ciudad de La Plata”, explica en el informe Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y directora del proyecto.

El informe es el primero y único en su tipo. No existe ninguna organización trans que haya relevado antes las condiciones de detención del colectivo travesti-trans en el país.

En total, se hicieron 87 visitas a cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entre enero y julio de 2019. La investigación fue financiada por el Fondo Internacional Trans.

Cuántas son y dónde están

El informe contabilizó la situación de encierro de 94 mujeres trans en las unidades N° 44 de Batán, N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela (todas ellas en provincia de Buenos Aires). En estas últimas, dos se encuentran alojadas personas trans con varones cis. En el Servicio Penitenciario Federal, la investigación regisró a 44 mujeres travestis y trans en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Dos tercios de las trans en situación de encierro tienen entre 25 y 40 años.

Hasta el 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación no contabilizó a las personas trans travestis en sus estadísticas. Recién a partir de ese año, tres después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Estado empieza a saber cuántas son las trans encarceladas.

Según el informe, aunque en Argentina han habido avances, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”.

Sin antecedentes y sin condena

En 2019, en las cárceles bonaerenses el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas en el marco de este informe no tenía antecedentes: ésta es la primera vez que pisaron una unidad de detención penal. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena.

En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% de las entrevistadas nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito.

El informe identificó el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas. “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, explica el informe.

Migrantes: cada vez más

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis.

Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente.

Hoy, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la entrevistadas privadas de su libertad son extranjeras: la mayoría de Perú, otras de Ecuador. En el ámbito federal, el 55% son extranjeras. Las nacionalidades coinciden y se suma República Dominicana.

Las detenciones arbitrarias a trans y travestis migrantes, que llegan a la Argentina huyendo de las violencias y el transodio en sus países de origen, son solamente una cara de la discriminación que sufren por parte de la Justicia. Este año, un juez de La Plata, Juan José Ruiz, fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia.

Argentinas o migrantes, las impulsoras de este informe pusieron el foco en las pocas visitas que reciben casi todas ellas de sus familiares. En Sierra Chica hay una chica trans que no recibe visitas hace tres años.

“De las migrantes, ni sus consulados se ocupan de ellas. La cantidad de migrantes detenidas me generó muchas interrogantes al igual que la edad de las compañeras”, explicó Claudia Vázquez Haro a Presentes.

“Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.

«Las cárceles son depósitos humanos»

A Claudia, directora del proyecto, le llamó la atención las condiciones inhumanas de detención. ¿Cómo eso agrava la salud de las que viven con enfermedades crónicas?

Los datos indican que el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. Una de las infecciones más comunes es el VIH-sida. En el ámbito federal, el 55% tiene alguna enfermedad, siendo el VIH-sida la más común.

“El informe es un importante capital simbólico y político en términos de poder sistematizar la situación en que se encuentran travestis y trans”, dijo Vázquez Haro a Presentes. El objetivo final, explicó, es que los datos sirvan no sólo exigirle al Estado el cumplimiento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti, sino también para poder denunciar ante organismos internacionales cómo se violan los derechos humanos del colectivo trans y travesti en el encierro en Argentina.

“Las cárceles son depósitos humanos donde se termina desechando la vida de las compañeras trans y travestis”, concluyó.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos: Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y quedó postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Había estado casi un año detenida sin condena, acusada de narcomenudeo.

Por Rosario Marina

Fotos: gentileza Otrans Argentina

Fuente: Agencia Presentes