Introducción
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La presente Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, fundada en el ordenamiento jurídico vigente, propone una serie de pautas y reglas de conductas recomendables para orientar la actuación de los operadores judiciales.
Su objetivo consiste en garantizar la tutela judicial continua y efectiva de las personas con discapacidad y mejorar su acceso sustancial, de calidad y sobre bases igualitarias a la justicia, para asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Así, a partir del repaso de ciertas herramientas conceptuales y la identificación de las barreras, asimetrías e inequidades de trato que puedan padecer las personas con discapacidad en los procesos judiciales y procedimientos administrativos, procura que sus operadores -mediante una actuación cohesionada y un abordaje circunstanciado- impulsen su eliminación a través del empleo de un trato digno, respetuoso, considerado y no discriminatorio de dichas personas, así como de la adopción de las medidas afirmativas, ajustes razonables, de procedimiento y simplificación de prácticas que sean necesarias en cada caso y en favor de aquellas, en función de su concreta situación y sus diversos grados de independencia y autonomía.
Por ello, esta Guía se encuentra dirigida a todos los agentes y funcionarios de la Administración de Justicia y del Ministerio Público provinciales, a los letrados, los auxiliares y a toda otra persona, cualquiera fuere su rol o área de desempeño, que intervenga de cualquier modo en los procesos o trámites en los que -en el ámbito del Poder Judicial- participe una persona con discapacidad, en cualquier materia y en cualquier etapa procesal, tanto en función jurisdiccional como administrativa (“operadores judiciales”).
En forma adicional se elaborarán documentos explicativos de la presente Guía en formato escrito y audiovisual, empleando lenguaje claro y adaptado, para ser entregados a las personas con discapacidad que se desempeñan como operadores judiciales1 y al público en general, con el objeto de brindarles información útil acerca de la misma, sus propósitos y alcances.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público asumen la función de elaborar y mantener actualizadas estadísticas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de esta Guía y someter a revisión periódica sus contenidos, a partir de los resultados de su implementación y los intercambios de experiencias que se vayan generando con los operadores judiciales y los destinatarios de la misma… Seguir leyendo.
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Lenny Cáceres @lennycaceres69
