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El desafío de conceptualizar un tratamiento legal integral.

Resumen

Con el propósito de argumentar, bajo la dimensión de la autonomía física de las mujeres, que la conceptualización del tratamiento jurídico de la violencia contra las mujeres ha sido centrada en su participación en el ámbito privado y que carece de una intervención en el ámbito público, se  realiza  un  recorrido  de  las  legislaciones  publicadas  en  materia  de  violencia  contra  las mujeres en Chile entre los años 1990 -2020. El  análisis  se  vincula  a  las  teorías  legales  feministas, entendiendo  que  históricamente  el derecho ha condicionado a las mujeres a una vida doméstica familiar. También se recogen los instrumentos  internacionales  y  regionales  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres,  como  un marco  guía  legislativo  de la  sanción  de la  violencia  contra  las  mujeres  para los  Estados. Por último,  se  visibilizan  las  demandas  del  movimiento  de  mujeres  y  feminista  en  su  lucha  por  el derecho de vivir una vida libre de violencia.

Por Daniela Andrade Zubia[1]

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El desafío de conceptualizar un tratamiento legal integral que atienda a la autonomía física de las mujeres
El desafío de conceptualizar un tratamiento legal integral que atienda a la autonomía física de las mujeres

 

A  partir  de  los  años  noventa,  la  participación  de  las  mujeres  comienza  a  enunciarse como una problemática de justicia y distribución social, que los gobiernos democráticos debían atender para consolidar una ciudadanía en igualdad y sin discriminación de derechos en Chile. Al  respecto,  el  movimiento  de  mujeres  y  feminista  ha  instalado  progresivamente  sus  diversas demandas  ciudadanas,  para  elevar  la  posición  del  sujeto  de  derechos  de  las  mujeres,  pese  a sus diferencias reivindicativas en su quehacer autónomo e institucional[2]. Siendo el derecho de las  mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia  una  de  sus  demandas  más  recurrentes,  como  una problemática  que  obedece a un  mandato  cultural  encargado  de  determinar  las  relaciones jerárquicas delos  hombres  por  sobre  las  mujeres,  en  el  orden  de  un  sistema  sexo/género (Rubin, 1986).

En  un  inicio,  la  violencia  contra  las  mujeres  se  circunscribió  a  su naturalización  en  el plano de lo doméstico/familiar en las leyes, y sólo años después se identificó como una práctica de  carácter  público,  que  se  debe  desnaturalizar  del  mandato  que  reduce  la  participación  de ciudadana  de  las  mujeres. La  jurista  Marcela  Aedo  Rivera  (2021)  argumenta  la  necesidad de conceptualizar  la  violencia  contra  las  mujeres  del  mandato  cultural  y  de  participación  social, como “un fenómeno estructural que hay que conceptualizar y politizar” para poder cambiar el derecho. El objetivo del artículo es realizar un análisis descriptivo histórico de la trayectoria de las leyes  contra  la violencia  hacia  las  mujeres durante  los  años  1990 –2020,  para  revisar  la formulación  normativa  de  su  contenido  conceptual,  desde  la  dimensión  de  la  autonomía  física de  las  mujeres; y el desarrollo de su tratamiento, en  una clasificación de una primera a una segunda  generación legislativa. Si  bien  hay  una  toma  de  conciencia  de  la  problemática  de  la violencia  contra  las  mujeres  en  el  país,  a  la  fecha  se  carece  de una  ley  integral  que  la reconozca en sus distintas formas e incorpore en su tratamiento los diferentes espacios donde es ejercida.

Se  plantean  las  siguientes  interrogantes  ¿cómo  es  conceptualizada  la  violencia  contra las  mujeres  en  las  legislaciones?  y  ¿en qué  espacios  es  normada  para  la  debida  prevención, protección  y  sanción  de  su práctica ,a partir  de  la  dimensión  de  la  autonomía  física?  Para responderlas, se consideran los siguientes lineamientos que han incidido en el contenido de la producción  legislativa  chilena  en  materia  de  violencia  contra  las  mujeres,  en  el  período comprendido entre los años 1990 -2020.

Las  teorías legales  feministas  son  fundamentales  en  la  develación  del  acceso  a  la condición  de derechos  de  las  mujeres,  en  su  cuestionamiento  a  la instrumentalización  de  las leyes  que  han  determinado  la  realidad  de  las  mujeres  en  un  sistema  jurídico  androcéntrico  y bajo un modelo universal de hombre del derecho (Facio y Fríes, 2005, p.17).Por lo mismo, las leyes que han regulado la violencia ejercida contra las mujeres son objeto crítico de análisis, en el condicionamiento del derecho que ha limitado su ciudadanía plena y en autonomía.

El contar con una definición específica de la violencia contralas mujeres ha ocupado un lugar relevante en los instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos. Tras la  Conferencia Internacional  realizada  en  Viena  (1993)  y  la  resultante  Declaración  sobre  la Eliminación de  la Violencia contra  la  Mujer,  no  sólo  se  consigue  elevar por  primera  vez  dicha materia  al  nivel de  un  compromiso  de  los  Estados,  sino  que  se  logra  nombrar  a  las  mujeres dentro  de  la  categoría  de  humanas,  como  parte  de  los  derechos  humanos  (Facio,  1993)3.  Al siguiente  año,  se  refuerza  este  compromiso  en  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) que contuvo una pauta de intervención más  específica  en  su  tratamiento.  La  relevancia  de  la  firma  y  la  ratificación  de  estos instrumentos, entre otros, obliga a los Estados para que sean aplicados y en el texto se expone el estado de su inclusión en las legislaciones nacionales.[3]… descargar y Seguir leyendo

[1] Doctoranda en Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba Argentina. El artículo es parte de la investigación doctoral “De la subordinación al reconocimiento. La producción legislativa en Chile desde las autonomías de las mujeres (1990 -2020)” dirigida por la Dra. Marcela Aedo Rivera y la co-dirección de la Dra. Daniela Heim.
Email: daniela.andrade@mi.unc.edu.ar

[2] En la transición a la democracia, se institucionaliza la acción del movimiento de mujeres y feminista que se había gestado en la lucha contra la dictadura militar (1973 -1989) y en lo que podría agruparse en las siguiente relaciones orgánicas en tensión constante: (i) las mujeres políticas que tenían la doble militancia en los partidos de centro-izquierda pasan a ser funcionarias públicas del Servicio  Nacional de la Mujer; (ii) las mujeres teóricas/activistas integrarán los centros de  estudios,  la academia y organizaciones no gubernamentales,  que contaban con  el  apoyo  de  la  cooperación  internacional  para  el  desarrollo  de  la perspectiva de género;(iii) las autónomas apoyan el proyecto político democrático desde una estrategia feminista ya fuera de la institucionalidad pública; y (iv) las pobladoras de las ollas comunes se acogerán a las políticas y programas sociales dirigidos a la mujer (Godoy, Guerrero y Ríos, 2020,pp.44-73)

[3] En Chile implicó garantizar la igualdad jurídica ante la ley y cuyo proceso tardó 5 años de tramitación en el  Congreso, a través Ley nº 19.611, que “Establece Igualdad Jurídica entre hombres y mujeres” y se establece la igualdad para hombres y mujeres” de 16 de junio de 1999.

Revista Punto Género N.º18 Diciembre de 2022
ISSN 2735-7473 / 28-61

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