El asesinato de dos niñas, y la desaparición de una testigo
María Carmen Villalba y Lilian Mariana, habían viajado con la intención de conocer a sus padres, quienes forman parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla que opera en el noreste de Paraguay
Las primas recibieron disparos de frente, de costado y de espaldas según denuncias efectuadas. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la destrucción de pruebas claves para efectuar la investigación.
Por Daniel Héctor Saban*
@danielhectorsa3
En septiembre de 2020, nuestro gobierno informó que dos niñas de once años fueron asesinadas en la zona Yby Yaú, Departamento de Concepción. ¿Qué hacían dos niñas en un campamento guerrillero en medio del monte paraguayo?
Lilian y María eran primas y vivían con su abuela en la ciudad de Puerto Rico, en la provincia argentina de Misiones, según cuenta su familia. Habían realizado el viaje con la intención de conocer a sus respectivos padres que eran militantes del EPP.
A finales del año pasado cruzaron a Paraguay, pero por la pandemia se cerraron las fronteras y no pudieron retornar. “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”, informó el presidente Mario Abdo Benítez, al efectuar el anuncio de la muerte de las dos niñas.
La familia y los organismos de derechos humanos, rechazan la versión oficial y denuncian la destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación.
Lo que más extraña Myrian de su hija Lilian Mariana es la sonrisa. Ella no pudo viajar para despedir a su pequeña.
La Fuerza de Tareas Conjuntas y el gobierno del presidente Benítez habían asegurado que los fallecimientos se habían producido en el marco de un enfrentamiento que se llevó a cabo en un campamento que el grupo guerrillero tenía en una zona selvática.
Nuestro RENAPER, determinó que:” Las fallecidas son dos niñas de nacionalidad argentina nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, ambas de once años de edad”.
Ante los graves sucesos, el gobierno efectuó un reclamo formal a las autoridades por el cual, se intentaba lograr, “contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades”.
La dirigente del EPP, Carmen Villalba, tía de las niñas, reafirmó que las mismas no eran subversivas, y que solo habían visitado el campamento para la celebración de un cumpleaños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuó el repudio por la muerte de las niñas, señalando que ellas deberían haber estado protegidas por el Estado.
El gobierno paraguayo insistió en que las víctimas tenían 15 y 16 años, y que una de ellas disparó a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta con una pistola de nueve milímetros.
Federico Delfino, el fiscal, a cargo de la investigación sostuvo que cree que ambas adolescentes “se encontraban en las primeras líneas de fuego”.
El jurisconsulto, presenta una hipótesis por la cual se apoya en la prueba de parafina, efectuada para identificar residuos de disparos en las manos de las niñas muertas en la acción. Sin embargo, los Peritos del Instituto de Expertos Forenses Independientes (IFEG), consideran que la prueba es poco confiable pudiendo algunas otras sustancias cómo lentejas, frijoles, orina, tabaco dar también un resultado positivo.
Exhumar los cuerpos, permitió efectuar la verificación de que la edad de las niñas era de once años, de acuerdo a los análisis genéticos efectuados.
Bachelet expresa su inquietud por las niñas argentinas asesinadas, exigiendo estudios forenses independientes
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expreso su preocupación por la desaparición de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años quien supuestamente habría sido testigo del asesinato de Lilian Villalba y María Carmen Villalba. La funcionaria chilena señaló, asimismo, la falta de avances en la investigación por la muerte de las niñas.
Desde un principio, Michelle Bachelet, certifico la nacionalidad argentina de las pequeñas asesinadas en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya contra miembros del grupo del Ejército Popular Paraguayo (EPP) en la zona de Yby Yaú, a unos 370 km de Asunción. Según el relato suministrado por el Ejecutivo paraguayo, Lilian y Maria Carmen Villalba hallaron la muerte en un enfrentamiento con la FTC el 2 de septiembre de 2020.
La FTC es una unidad que está integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay.
Carmen Elizabeth había desaparecido en diciembre último, pero la denuncia fue efectivizada al momento de ser detenida su tía Laura Villalba Ayala, quien se encuentra alojada en una instalación militar desde el 23 de septiembre por la supuesta comisión de varios delitos.
Los últimos testimonios señalan que Carmen fue herida en la operación militar del 2 de septiembre, huyendo del lugar donde se efectivizó el combate, mientras que Lilian y María Carmen fueron detenidas con vida.
La Alta Comisionada advierte que se han perdido pruebas fundamentales para poder dilucidar la circunstancia de la muerte violenta de las niñas que fueron enterradas presurosamente, quemando sus ropas. Bachelet instó a las autoridades paraguayas a buscar urgentemente a Carmen Elizabeth, la preadolecente desaparecida en extrañas circunstancias.
Los cuerpos exhumados, confirmaron que las niñas habían muerto a causa de múltiples disparos e ignorando los pedidos efectuados para el estudio de los cuerpos volvieron a ser enterrados nuevamente. La investigación debiera determinar los motivos por los cuales no se efectuaron los estudios forenses completos antes de que fueran inhumados.
También solicitó a las autoridades paraguayas que proporcionen información sobre la situación actual de Laura Villalba Ayala, garantizando todos sus derechos conforme con las leyes internacionales.
El 13 de Enero de 2021 la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina efectuó una conferencia de prensa.
Participaron en la misma Marisa Graham, de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños, y Adolescentes, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Pimentel, de APDH Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a representantes de organismos de derechos humanos.
Laura Taffetani, abogada de la Gremial anticipó a Radio Gráfica que: “dos familiares que pudieron escapar vieron cómo una de las niñas fue llevada con vida por la Fuerza de Tareas Conjuntas”.
La letrada adelantó que en el marco de las investigaciones efectuadas por Naciones Unidas, se confirmó “lo que ya sospechábamos: dos niñas de 11 años fueron tomadas por las fuerzas militares y luego ejecutadas”. También aseguró que, en el contexto de la persecución a los sobrevivientes del mismo incidente, el 20 de noviembre pasado, fueron ejecutadas otras tres personas, mientras que Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años desapareció y Laura Villalba Ayala fue detenida.
La estrategia sostenida por el Estado paraguayo, con el fin de encubrir los hechos, se fundamenta en el planteo de la existencia en tierra argentina de una supuesta célula de reclutamiento de niñas, donde se las entrena para luego insertarlas en las agrupaciones terroristas.
Las niñas asesinadas formarían parte del EPP, según el escenario montado por el gobierno de Paraguay para justificar el accionar de las Fuerzas de Tarea Conjuntas, al eliminarlas en combate tras un enfrentamiento. Otorgándoles un espacio, según comenta la abogada Taffetani, dentro de la agrupación guerrillera, los cuerpos de las niñas “aparecen con unos uniformes intactos, donde falta sangre y aparentan cómo si fueran nuevos”. Luego son enterradas y cuando el escándalo internacional explota tuvieron que retroceder y efectuar las autopsias. Los atavíos fueron quemados rápidamente para eliminar pruebas y las inhumaron con prontitud.
La Cancillería de nuestro país que conduce Felipe Sola, logró determinar la nacionalidad argentina de las niñas, logrando que el caso tomó repercusión internacional y de esa manera, se pudo efectuar el sepelio sin autopsia en la localidad paraguaya de San Pedro, ante una pequeño grupo de vecinos que participaron de la ceremonia.
Los gobiernos, que se sucedieron desde la época de los ́ 90 afirman que existe una vinculación entre el Ejército Popular Paraguayo, el narcotráfico y el negocio de los secuestros extorsivos. Los medios hegemónicos la denominan cómo “una banda delictiva”, que se hizo conocida con el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi quien estuvo cautiva desde noviembre de 2001 hasta enero de 2002, y fue liberada tras el pago de un rescate de un millón de dólares. En 2005, perpetraron el rapto de Cecilia Cubas, hija del presidente Raúl Cubas, la cual encontraron muerta en el lugar donde permaneció oculta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y otras organizaciones de Derechos Humanos se reunieron con el Embajador argentino en Paraguay, Ingeniero Domingo Peppo, y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, con el fin de presentar un reclamo de medidas de investigación por las niñas argentinas asesinadas por la Fuerza Conjunta del Ejército Paraguayo.
Naciones Unidas, a través de su representante en América del Sur para los Derechos Humanos, Jan Jarab, denunció que “se trata de un hecho gravísimo”. También señaló que su oficina recibió “información inquietante”, referente a la intención de efectuar una manipulación de las evidencias sobre lo acontecido, advirtiendo la necesidad de que se tengan presente las normas internacionales sobre derechos humanos.
(*) Columnista de Diario Digital Femenino
danielhsaban@hotmail.com
