La Coalición Argentina por un Estado Laico y la Asociación Internacional de Libre Pensamiento se oponen al proyecto de ley del gobierno que cercenará la libertad de conciencia y comprometerá la laicidad estatal
Días atrás, se hizo pública la intención del gobierno de Mauricio Macri de promover una innecesaria ley de “libertad religiosa”. Según numerosas fuentes periodísticas, el proyecto de ley será enviado al congreso al inicio de las sesiones ordinarias de este año y cuenta con la aprobación de la cúpula de la Iglesia Católica y de dirigentes religiosos de los sectores más recalcitrantes del evangelismo pro vida.
El antecedente directo del actual proyecto es un proyecto de ley presentado en el 2012 por la ex diputada Cynthia Hotton. El proyecto frustrado de Hotton proponía extender a otras religiones privilegios económicos, impositivos y administrativos que actualmente favorecen exclusivamente a la Iglesia Católica. Afianzaba la objeción de conciencia de los funcionarios públicos, convertía los sacrilegios de blasfemia y profanación en delitos penales y otorgaba a las instituciones religiosas total autonomía, sustrayéndolas al control judicial y administrativo del Estado.
El proyecto de Hotton tuvo el apoyo del entonces Obispo Bergoglio, debido a que ampliaba y profundizaba los privilegios de la Iglesia Católica. No es de extrañar que, con Bergoglio como Papa, el gobierno de Macri intente reflotar aquel proyecto. Si bien se desconoce el texto del actual proyecto, el estrecho vínculo de Hotton con el PRO, así la intención del actual gobierno de afianzar sus vínculos con el Vaticano hacen pensar que ambos proyectos tendrían muchos puntos en común.
Si una ley semejante prosperara, las religiones e instituciones religiosas no sólo tendrían carta libre para discriminar a las personas por acciones y decisiones privadas y obstaculizar los derechos de mujeres y personas LGBT, sino que además podrían perseguir penalmente a quienes las criticaran públicamente por ello.
La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y la Asociación Internacional de Libre Pensamiento han manifestado su preocupación en una carta abierta al Presidente Macri.
Las adhesiones personales e institucionales pueden enviarse a esta dirección de correo: adhesiones@coalicionlaica.org.ar
La carta completa
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA,
Sr. Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
S / D
De nuestra mayor consideración:
Nos comunicamos con usted desde la Coalición Argentina por un Estado Laico(CAEL) y desde la Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP), para expresarle nuestra opinión en referencia al Proyecto de “libertad religiosa” que se impulsa desde el ejecutivo nacional.
Según trascendió en diversos medios de comunicación, el ejecutivo Nacional estaría enviando un proyecto de “libertad religiosa” al Congreso de la Nación, cuando comiencen las sesiones ordinarias. De acuerdo con diferentes publicaciones en periódicos y portales, incluso religiosos, el citado documento contendría elementos que significarían un retroceso jurídico en materia de igualdad y libertad de conciencia.
Es de público conocimiento que el anteproyecto tiene la venia de la cúpula de la iglesia
católica apostólica romana y de los sectores más reaccionarios del evangelismo local. Justamente, porque proviene del riñón del Opus Dei, representado por el Secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada, ex funcionario de varias dictaduras, y por movimientos evangélicos ”Provida”.
Se promociona como un avance porque vendría a eliminar un decreto de la dictadura de
los ´70, pero en realidad por lo trascendido, la intención de la modificación sería perpetuar y profundizar el clericalismo católico y extender algunos de los privilegios a otras confesiones, es decir, ahondar aún más el confesionalismo estatal heredado de cada golpe de Estado.
Pretender introducir como delitos penales elementos derivados de conceptos como profanación y blasfemia, para criminalizar la crítica hacia las religiones, es hacernos retroceder a mediados del siglo XVIII, donde se confundía delito con pecado. Actualmente contamos con una ley antidiscriminatoria y suficientes mecanismos, para garantizar el libre funcionamiento de los cultos y la protección jurídica de sus ministros.
Intentar profundizar el marco jurídico de la objeción de conciencia con bases religiosas
para que más médicos y jueces sigan negando derechos a las mujeres, es ciertamente medieval.
Otorgar la inembargabilidad de los bienes de las religiones que se registre y, extender las
exenciones impositivas a instituciones religiosas, no son acciones para ampliar derechos, es crear privilegios para los líderes de las religiones institucionalizadas.
Actualmente el sostenimiento de la iglesia católica apostólica romana nos cuesta más de
$10mil millones anuales que provienen del erario público, miles de propiedades fiscales y su intromisión permanente en nuestro derecho y la cosa pública. Un camino hacia la igualdad y libertad religiosa sería la eliminación de estos prerrogativas que existen en detrimento de toda la ciudadanía.
Para realmente garantizar más libertad e igualdad, se debe legislar con una visión de progreso, no vulnerando derechos adquiridos en nuestro país. De convertirse el proyecto en ley se estaría contraviniendo la Constitución y derechos reconocidos internacionalmente en tratados de jerarquía constitucional como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si realmente se quiere legislar bajo el principio de igualdad, las instituciones religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles, dándoseles estatus jurídico especial.
Otorgar más beneficios a quién manifiesta una creencia sobrenatural transformaría a nuestro Estado, definitivamente, en confesional o multiconfesional. Ubicándonos entre los países más atrasados del orbe. Las exenciones impositivas, subsidios, privilegios aduaneros, facilidad en trámites, donaciones, etc., deben ser otorgados equitativamente bajo el mismo marco jurídico a todas las asociaciones que cumplen roles sociales probados, sin discriminar por la base ideológica que las sustenta y deberán rendir cuentas, algo que nunca hizo la iglesia católica con
el dinero de nuestros impuestos.
El único marco jurídico compatible con los valores republicanos para garantizar la igualdad y libertad de consciencia, es el Estado laico, que respeta a creyentes de cualquier culto y no creyentes(15% de la población argentina) sin privilegiar ni perseguir a ninguno.
Por todo lo expuesto creemos que no debería avanzarse en la dirección del anteproyecto que ha trascendido, y que si se pretende legislar respecto a la libertad religiosa, afectando la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, debe consultarse también a creyentes de otros cultos, no solo cristianos, y a no creyentes, ateos y agnósticos.
Cordialmente,
Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP)
Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
El texto completo de la nota se encuentra disponible en la página web de CAEL: http://coalicionlaica.org.ar/ContraLeyLibertadReligiosa.pdf
