Denuncian nuevas amenazas contra una mujer que lleva seis años reclamando protección frente a la violencia de género.
Una mujer en Salta lleva 6 años denunciando a su exesposo, el abogado salteño Matías Sanz Navamuel, por ya incontables hechos de amenazas de muerte que hasta ahora no han cesado. P. F. volvió a recurrir a la Justicia por notas intimidatorias contra ella, su hijo, su abogado querellante y también contra su actual pareja quien también denunció estos hechos. Las denuncias fueron presentadas pocos días después de que el acusado recuperara la libertad por decisión judicial. Mientras la mujer sostiene que el monitoreo electrónico anunciado durante la audiencia nunca se implementó, cuestiona que las medidas de protección vuelvan a recaer sobre ella y no sobre el hombre denunciado.
La historia comenzó en mayo de 2020. Desde entonces, P. F. denunció agresiones físicas que para ella fueron un intento de femicidio, pero que la fiscalía interviniente interpretó en aquel momento como lesiones leves agravadas por el vínculo. Después de aquel hecho, las amenazas, hostigamientos e incumplimientos de medidas judiciales nunca cesaron. Con el paso de los años también se sumaron denuncias formuladas por otras dos exparejas de Sanz Navamuel, quien hoy acumula múltiples imputaciones en distintas causas vinculadas con violencia de género.
En 2023, el proceso penal quedó suspendido luego de que juntas médicas concluyeran que el abogado presentaba una incapacidad sobreviniente, por un diagnóstico de “bipolaridad”, para afrontar un juicio. Sin embargo, la suspensión del proceso no implicó el levantamiento de las medidas cautelares ni el cierre de las investigaciones. El querellante Vidal Villalba Samaniego sostiene que el expediente reúne catorce imputaciones formalizadas y distintas pruebas periciales, entre ellas estudios caligráficos que vinculan al acusado con escritos intimidatorios incorporados a la causa.
Nuevas denuncias
El conflicto volvió a escalar después de que el juez de Garantías Ignacio Colombo resolviera dejar sin efecto el arresto domiciliario que Sanz Navamuel cumplía desde hacía cinco años. La resolución mantuvo la prohibición de acercamiento a las víctimas, la prohibición de contacto y la obligación de continuar con tratamiento psiquiátrico.
Pocos días después, P. F. denunció que le dejaron una nota intimidatoria en el parabrisas del vehículo de su actual pareja. Según la presentación judicial, el escrito contiene referencias amenazantes dirigidas contra ella, su hijo y el abogado que la representa, además de expresiones que aluden explícitamente a la posibilidad de asesinarla.
En la nota amenazante se puede leer: “Siempre ‘libre’, perra… ¿y ahora? Si seguís denunciando, HDP, seguí. Soy tu sombra, yo y A. Castillo y Peñalba, te vamos a hacer mierda, te lo advertí. Ni te metas con lo mío. Cuidemen, cuidate sola y a tu sordo y al boludo de tu aboga. Yo siempre gano, seguí denunciando que me sirve, estoy loco. Y vos re… “.
El texto continúa con una amenaza de muerte explícita: “Yo decido… yo manejo. Solo gano más tiempo, perra. ¿Y de tu plata? ¿Tenés recibo? Cagate ¿Y de tu sordo? Cuídate, nada me detiene con plata. Cualquiera, burros enfermos ustedes. Ni un día te voy a dejar en paz. Infeliz, Peñalba y A. Castillo me hacen justicia. Yo mismo te voy a cagar matando. Denunciame, tengo todo y a todos a mi favor. Se te cagan de risa. Cuando yo quiero”.
P. F. explicó que su actual pareja también realizó una denuncia y que recibió otra amenaza directa dirigida contra él.
La mujer sostiene que reconoce la letra del acusado y afirma que el contenido guarda similitudes con otros mensajes que viene denunciando desde hace años.
La tobillera que nunca se colocó
Según P. F. y su abogado, durante la audiencia en la que Sanz Navamuel recuperó la libertad se informó que el acusado sería controlado mediante una tobillera electrónica. Sin embargo, cuando consultó en el Sistema de Emergencias 911 recibió una respuesta distinta. «Me dijeron que él no estaba monitoreado y que seguían esperando el oficio para colocarle el dispositivo”, sostuvo.
A esa situación se sumó otro dato que incrementó su preocupación. De acuerdo con su relato, efectivos policiales intentaron localizar al abogado para notificarlo de la nueva denuncia, pero no pudieron encontrarlo en el domicilio informado. «Fueron a buscarlo varias veces y no lo encontraron. Mientras tanto, todas las medidas siguen siendo para mí”, expresó P. F.
Cuando la protección se convierte en una carga
Tras la nueva denuncia, la jueza de Garantías Claudia Puertas dispuso que la mujer fuera incorporada al Sistema Único de Monitoreo de Agresores (S.U.M.A.), un programa del Ministerio de Seguridad de Salta destinado a reforzar la protección de personas en situación de riesgo mediante dispositivos electrónicos conectados al Sistema de Emergencias 911. La resolución también ordenó la utilización de la aplicación APP-911 y una consigna policial fija en su domicilio hasta la implementación del sistema.
El funcionamiento del programa requiere el monitoreo simultáneo de la persona violentada y del agresor. Cuando ambos dispositivos detectan un acercamiento que incumple las restricciones judiciales, se activa una alerta para que intervengan las fuerzas de seguridad. Sin embargo, P. F. sostiene que ese mecanismo pierde eficacia si el agresor continúa sin el dispositivo de monitoreo.
La mujer rechazó además la consigna policial permanente. Explicó que ya vivió durante tres años bajo custodia fija y que esa situación afectó profundamente su vida cotidiana y su actividad laboral.
«Otra vez tengo que explicar dónde estoy, avisar si me muevo y adaptar toda mi vida. No entiendo por qué la persona controlada termino siendo yo”, manifestó.
También cuestionó que cada una de las medidas de protección adoptadas sea comunicada al acusado. «Todo lo que hacen para protegerme se lo notifican a él. ¿Qué tiene que saber de mi vida?», sostuvo.
Un debate que excede el caso
Para el abogado querellante Vidal Villalba Samaniego, el expediente refleja un problema que atraviesa numerosas causas de violencia de género: la dificultad para garantizar medidas eficaces de protección cuando las restricciones terminan condicionando la vida de las mujeres más que la de los agresores.
El juez Colombo había dispuesto una nueva audiencia para este mes de julio con el fin de evaluar el estado de salud del acusado y el cumplimiento de las medidas impuestas. P. F. advirtió que, si Sanz Navamuel no está pudiendo ser localizado por la policía, podría no presentarse.
Mientras tanto, P. F. sostiene que, a seis años de la primera denuncia, las amenazas continúan y las herramientas estatales siguen sin garantizar una protección efectiva, al tiempo que la carga de las medidas recae principalmente sobre ella.
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