Prometer un trabajo es uno de los métodos que utilizan las redes que se dedican a explotar personas en el país.
Entidades que luchan contra el problema se encontraron en Salta para debatir sobre las políticas públicas.
Las organizaciones que se dedican a la explotación sexual o laboral en el país consiguen al 80 por ciento de sus víctimas por medio de falsas promesas de trabajo o vivienda. El dato se difundió ayer en la UNSa, en un encuentro nacional de entidades que trabajan para prevenir.
“El engaño es la forma más fácil de reclutar. El secuestro, en cambio, implica un costo y un riesgo”, analizó Viviana Caminos, coordinadora de RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata).
Las redes delictivas recurren al rapto o a la “compra” en una proporción menor de los casos de acuerdo a informes de la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas e instituciones que se dedican a rescatar a las víctimas.
Viviana Caminos describió que los tratantes buscan a ciudadanos “vulnerables, sometidos a la pobreza y el abandono”.
El objetivo es llevarlos lejos del lugar donde viven con la promesa de un trabajo o una casa. Luego los obligan a prostituirse o a trabajar en condiciones de esclavitud y se hace difícil que se escapen.
La explotación es sexual en el 70 por ciento de los casos y laboral en el resto. “Rinde mucho más tener a una mujer en prostíbulo que en un taller textil”, apuntó la coordinadora de RATT.
“Ofrecimiento”
Organizaciones sociales pidieron cambios a la ley de trata, aprobada en 2008, en un encuentro que se realiza hasta hoy en la UNSa.
Referentes de diferentes provincias destacaron que se debe castigar el “ofrecimiento” de una persona a redes que lucran con la explotación.
La figura serviría, por ejemplo, para condenar la complicidad de un padre que entrega o vende a su hija.
También demandaron que se tomen denuncias anónimas y que haya más estructuras para prevenir.
Además, reclamaron que los casos tengan igual tratamiento si las víctimas son mayores o menores de edad. Actualmente se necesita una serie de requisitos para probar que alguien fue sometido en contra de su voluntad si tiene más de 18 años.
La norma sancionada hace 4 años estipuló sentencias que pueden ir de los 3 a los 15 años, de acuerdo al grado de responsabilidad y los agravantes del caso.
Especialistas coincidieron en la importancia de que las penas sean superiores a los 6 años para que no se puedan cumplir afuera de la cárcel, como sucede con los delitos leves.
Las modificaciones a la ley están contempladas en un proyecto que ya tiene media sanción del Senado de la Nación.
Existirían unos 7.000 talleres clandestinos
En Argentina habría unos 7.000 talleres de indumentaria que ocupan mano de obra esclava proveniente de Bolivia, según informó ayer la diputada nacional de Tarija Mirta Arce Camacho.
La legisladora, quien participa del encuentro sobre trata de personas que se realiza en la UNSa, dijo a El Tribuno que la mayoría de los establecimientos ilegales se encuentra en Buenos Aires.
“También hay explotación en el sector agrícola y en las fábricas de ladrillos”, sostuvo Arce Camacho.
La diputada indicó que se necesita mejorar los controles migratorios para luchar contra el tráfico humano.
“En Bolivia la captación de víctimas ya no se hace solo por medio de anuncios en periódicos sino que también hay secuestros. Como legisladores, tenemos la obligación de responder a este modus operandi de las redes criminales”, señaló.
Mirta Arce también opinó que se requieren mayores esfuerzos en prevención.
La ley de trata de personas de Bolivia se aprobó en 2006 y desde entonces solo hubo tres condenas por este delito, según detalló la diputada.
Prostíbulos
Desde ayer se realiza en la UNSa el encuentro nacional de organizaciones que trabajan contra la explotación sexual y laboral.
El encuentro, convocado por RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata) y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, terminará hoy a la tarde.
El funcionamiento de prostíbulos fue uno de los temas de debate. “Están prohibidos. Son lugares donde se explota la prostitución ajena”, dijo Viviana Caminos, coordinadora de RATT .
Para ayer estaba prevista la participación del secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Alavila. Sin embargo, el funcionario no se presentó y no se conocieron las razones.
Fuente: El Tribuno
