Denunciaron ante la CIDH los casos de niñas embarazadas por violaciones que no acceden a ILE

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Por Admin agosto 12, 2019 19:38

Denunciaron ante la CIDH los casos de niñas embarazadas por violaciones que no acceden a ILE

Denunciaron ante la CIDH

  • La presentación fue realizada por cuatro organizaciones. dos de defensa de los derechos de niños y niñas y dos que luchan por derechos de las mujeres.
  • Nora Pulido, Coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
  • Colectivo de organizaciones, cuenta los detalles de la presentación.

Cuatro organizaciones defensoras de los derechos de niños, niñas y mujeres presentaron en julio una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de niñas embarazadas producto de violaciones que son forzadas a parir en contra de su voluntad.

El caso de Corrientes que se conoció hace pocos días puso de nuevo en debate que en muchos lugares de Argentina no se esté cumpliendo con la interrupción legal de embarazos producto de violaciones, que están abalados por el Código Penal desde 1921. En Corrientes, una joven de 18 años acudió a la justicia para interrumpir su embarazo producto del abuso reiterado de su padrastro y que luego de acudir al hospital decidió continuar. Una jueza aprobó la adopción prenatal cuando en realidad la ley de adopción sólo habilita la adopción después de 45 días del nacimiento.

Denunciaron ante la CIDH los casos de niñas embarazadas por violaciones que no acceden a ILE

Denunciaron ante la CIDH los casos de niñas embarazadas por violaciones que no acceden a ILE – Nora Pulido

Nora Pulido, Coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia contó los detalles de la presentación: “En Argentina hicimos dos denuncias. Una referida a forzar a niñas a ser madres en contra de su voluntad. La denuncia la presentamos cuatro organizaciones: el Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia junto con el Comité Argentino de Seguimiento y Convención sobre los derechos del Niño (Cadacidn), la organización Andes de Tucumán -que es quien está en el apoyo cotidiano del caso Lucía- y el Comité para America Latina de los Derechos de las Mujeres (Calden)”.

“Las dos redes de infancia, las del colectivo y Casacidn formamos parte de una red latinoamericana que es la red Lamic”, aclaró en declaraciones a Radio Nacional Córdoba en el programa Días Distintos.

Nora explicó que en la denuncia detallaron la situación en la Argentina respecto al tema: “Todos los años hay 2500 niñas (3.000 en otros años) que son forzadas a parir contra su voluntad a parir sabiendo que toda embarazo entre los 10 y 13-14 años es producto de abuso sexual. Entonces como instrucción nosotros citamos al Código Penal de la Nación -que próximamente va a cumplir 100 años- donde existe la excepción a la penalización de los abortos en esos casos. También la fundamentación del fallo F.A.L. de la Corte Suprema y además explicamos qué ocurre en nuestro país federal donde no todas las provincias adhirieron a la guía técnica o el protocolo nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y qué provincias tienen protocolos restrictivos”, explicó.

Para Pulido, el derecho al aborto no punible tiene muchos obstáculos en la Argentina y “da como resultado esas 2500 niñas obligadas a parir por año”.

En la denuncia, además de resaltar que en algunas provincias no hay protocolo y por ello se obliga a la judicialización de esos casos que hace que los embarazos avancen y se complique sus prácticas, también hacen referencia a la no aplicación de la Educación Sexual Integral para que las niñas estén formadas y se puedan prevenir casos de abuso sexual infantil.

“La gravedad de la situación está dada también por las acciones emprendidas por los movimientos antiderechos. Estas personas también están dentro de los hospitales públicos y eso es gravísimo porque es el Estado el que obstruye la posibilidad de tener acceso a aborto a estas niñas con acciones como prolongar el paso del tiempo y que los embarazos avancen, en base a mentiras que se les dicen a las niñas y sus madres en general. Después directamente la negativa a prestar la interrupción legal del embarazo en las autoridades públicas y médicos de hospitales públicos” explicó Pulido.

Objeción de conciencia

“Nosotros sabemos muy bien que existe la objeción de conciencia individual pero la objeción de conciencia institucional, es decir, que un hospital se niegue a practicar un aborto no punible es violencia y vulneración de derechos. Aporta a la tortura de las niñas y ahí el Estado está totalmente comprometido”, sentenció la especialista.

Pulido también se refirió a los cambios de opinión, como el que ocurrió con la joven de Corrientes que primero pidió la interrupción de su embarazo y luego de ir al hospital decidió continuar ocn el embarazo producto de una violación: “A través de la persuasión que ejercen sobre las niñas para que continúen con sus embarazos forzados se vulnera la escucha activa de sus voluntades”.

La especialista en el tema indicó que La objeción de conciencia en el caso de corrientes se habló de una “objeción de conciencia disfrazada” porque según la jueza esa joven se acercó a la justicia pidiendo una ILE, fue al hospital y volvió con la decisión de darle continuidad a ese embarazo.

“La persuasión hacia las niñas para forzarlas a continuar con sus embarazos. Esa persuasión es muy grave porque es ejercida por los profesionales de salud en forma directa o de manera indirecta a través de amenazas sutiles de hacer sufrir, de no aplicar anestesia a mujeres que se hacen un aborto. También están los movimientos antiderechos que se manifiestan en los hospitales o acosan a las mujeres telefónicamente, a las que captan con falsos mensajes de ayuda y también como a sus familiares y allegados. Esas prácticas son cotidianas”, explicó.

El caso de Corrientes

Al ser consultada sobre por qué se considera ilegal la adopción de un niño antes de su nacimiento, Nora Pulido contestó: “La ley de adopción dice que decisiones sobre la posible adopción de un recién nacido/a puede hacerse recién a 45 días de nacido. Establece un plazo legal, que es imposible poderlo hacer antes de esos 45 días porque se espera una decisión plena de la madre. Además se le está dando otro status al feto”.

“Esa práctica por lo pronto es ilegal y querer presentarla viola absolutamente los derechos de la madre gestante y los derechos del niño considerado como un objeto, como una cosa de tráfico de negociación antes de su nacimiento”, dijo a Nacional Córdoba.

Ahora las organizaciones esperan la respuesta de la CIDH que tendrá que decidir si acepta las denuncias presentadas. Además de la anteriormente presentada, se inició una denuncia regional entre organizaciones que conforman redes de defensa de los derechos de los niños y niñas argentina de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y América Central (El Salvador y Guatemala) donde ocurren situaciones similares. Esperamos que de aquí salgan recomendaciones precisas para otros los países para que esta violación a los derechos humanos”, concluyó Pulido.

 

La Voz

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