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1428626412116 El 15 de julio de 2010 se aprobó en nuestro país la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. Esta ley reconoció el derecho de las parejas de un mismo sexo a contraer matrimonio, y gozar de todos los derechos y obligaciones que eso implica. Ya a cinco años de la sanción de esta ley, y con alrededor de diez mil matrimonios igualitarios celebrados en Argentina, merece un análisis la situación actual nacional y de América Latina en cuanto a políticas públicas y legislaciones para el colectivo LGBTIQ.
Argentina fue el primer país latinoamericano en legalizarlo en todo su territorio. Esta noticia tuvo gran trascendencia, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial. En América Latina, sólo 5 países además del nuestro tienen matrimonio igualitario: Brasil, Uruguay, y las dependencias francesas de Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa. Podríamos incluir a México en esta lista, ya que actualmente hay un vacío legal que no lo permite expresamente, pero tampoco lo impide. La Corte Suprema de Justicia mexicana se expidió recientemente sobre este tema en una resolución sobre jurisprudencia, en la cual determinó que es inconstitucional y discriminatorio excluir a las parejas homosexuales del matrimonio. Por esto, virtualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido, pero no reglamentarlo hace que las parejas mexicanas que quieran casarse tengan que pasar por un proceso judicial y burocrático complicado y costoso.
Otro hecho de enorme repercusión, aunque ya no se trate de Latinoamérica, fue la reciente legalización del matrimonio igualitario en Estados Unidos. El caso de Argentina fue utilizado como antecedente en el debate de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, y organizaciones y asociaciones civiles locales, como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) presentaron un amicus curiae en este fallo. Más allá de esto, hay dos aspectos particularmente destacables: por un lado, tenemos el hecho de que este fallo se dictara en un país con tanto peso a nivel internacional. Hay quienes dicen que esto puede ocasionar un «efecto derrame» en otros países, y que se empiece a ver de forma más positiva el legislar por los derechos del colectivo LGBTIQ. Y por otra parte, es significativo que el matrimonio entre parejas homosexuales sea ley en un país tan conservador, en el que la discriminación -y no sólo la basada en la orientación sexual- está a la orden del día. Aún existen estados en los que no se admite el matrimonio entre personas de un mismo sexo ni se reconocen las uniones válidas en otros lugares.  Cabe destacar que, en muchas regiones de EEUU, la religión sigue teniendo un rol fundamental.
En general, se puede ver un gran avance en legislaciones que otorgan igualdad de derechos al colectivo LGBTIQ. Esto es algo notorio en un país -y un continente- con una idiosincrasia muy marcada por el machismo, la homofobia y la religión. Pero sobre todo, lo más relevante es la visibilidad que se le da a este colectivo. Se los/as reconoce como sujetos de derecho. Se les da la posibilidad de construir su verdadera identidad y que ésta sea respetada -esta ley allanó el camino para la posterior aprobación de la trascendental Ley de Identidad de Género-. Se reconoce la lucha del movimiento LGBTIQ, que se moviliza desde hace muchos años en diferentes sectores con el fin de lograr una sociedad un poco más equitativa. Se da una base legal para un posible cambio de mentalidad a nivel social y cultural -que es, a fin de cuentas, el más importante-.
Actualmente hay solo 23 países en todo el mundo en los que la ley permite explícitamente que las parejas de un mismo sexo pueden casarse. Con este dato queda más que claro que la lucha está lejos de terminar, y que ciertamente no se termina sólo con la legalización del matrimonio igualitario. Aún hay mucha discriminación en todos los ámbitos e ignorancia acerca de la diversidad sexual, en Argentina y en toda América Latina. El avance en políticas públicas es fundamental para poder lograr sociedades verdaderamente justas e inclusivas.

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