Colombo en el Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay – Foto: ONU Argentina
El curriculum de Marcelo Colombo lo revela como un escudriñador. Especializado en Derecho Penal, se ocupó de desarrollar planes de acción y manuales para perseguir delitos de corrupción, contratado por organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo) y por países como Bolivia y la República de Honduras. En el ámbito nacional fue Coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos (entre noviembre de 2000 y mayo de 2006) y ahora, en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, sostiene ese perfil. Desde esa estructura ha promovido resoluciones que intentan dar con la clave para perseguir la arista económica de la trata de personas.
Desde 2008 hasta ahora, ¿las investigaciones judiciales afectan a grandes redes de tratantes? ―En todo el país las condenas son 44 en total (a mayo de 2012). En los casos que están ingresando en el sistema, y principalmente en los que el sistema está sacando con condena,no se muestran redes y organizaciones con una estructura y una logística que uno considere una importante red de trata. Lo que sí se ve es la rotación de las mujeres, entre regentes que se conocen por participar de la red prostibularia. Si uno tiene cuatro locales en la ciudad de Buenos Aires es probable que después de un tiempo las lleve al de un rufián en Quilmes. Lo mismo pasa en corredores como La Rioja, Tucumán y Córdoba, y en el sur entre Río Negro, Neuquén, La Pampa y Ushuaia.
¿Hay condenas que involucren a reclutadores? ―Tanto en condenas como en procesamientos el porcentaje es parecido. Hay una mayor cantidad de explotadores, ya sean regentes o administradores de prostíbulos, o los que están administrando un taller textil. Y en los captadores debemos tener un 20%. La captación generalmente no es una pata fuerte desde el punto de vista económico, ni deja ganancias importantes a quien la realiza. Por ejemplo, en una condena en Mar del Plata, el costo de traer a las mujeres desde Paraguay fue cero pesos y en otros, el valor del pasaje en micro. Lo que deja ganancias es la explotación. Y es ahí donde existe connivencia respecto de algunos actores estatales que dejan que funcionen los prostíbulos cuando a nivel nacional están prohibidos (N de la R: se refiere a la ley nacional 12.331, que persigue la administración, el sostenimiento y el regenteo de “casas de tolerancia”). Esta connivencia aparece reflejada en las investigaciones pero no en las condenas. Sólo hay un funcionario público condenado. Pero sí hay varios procesamientos que involucran funcionarios de fuerzas de seguridad, inspectores municipales y también algún actor judicial.
Desde la Ufase iniciaron una investigación que incluía a varios agentes de la Policía Federal —Tenía que ver con algunas falsedades que fuimos detectando en distintas comisarías. Hay dos órdenes del día que todavía existen: cada una de las seccionales tiene que identificar en su jurisdicción los denominados locales nocturnos y hacer un cuadernillo sobre esos lugares haciendo exploración de lo que sale en prensa, en la web y con declaraciones de testigos para ver si está habilitado como casa de bebidas y en realidad es un prostíbulo encubierto, entre otras cosas. Esas carpetas a su vez nos las empezaban a pasar a nosotros. Cuando empezamos a revisarlas, nos encontramos con testimonios calcados, y empezamos a cruzar los datos de los testigos y no coincidían, aparecía un nombre con el DNI de otra persona, a otros los llamamos y habían ido a la comisaría a denunciar el robo de un celular y dejaron sus datos. La causa la tiene (la jueza federal) Servini de Cubría e involucra a varios subcomisarios, pero no se registraron muchos avances. Mencionó la participación de agentes judiciales —Es más difícil la detección de esos casos. Lo que vemos es una fuerte inacción. Hay algunas actuaciones judiciales en las que se ha detectado una muy mala actuación de jueces o fiscales, y se han abierto auditorias en la Procuración y en el Consejo de la Magistratura pero no han avanzado lo suficiente para ser una denuncia penal.
¿También se puede hablar de legislaciones —sobre todo, locales— que favorecen este delito? —Nosotros tenemos jurisdicción en todo el país y cuando hacemos una denuncia verificamos si en el lugar hay ordenanzas cruzadas, en las que por un lado se habilitan locales como whiskerías y, por otro, se obliga a las mujeres que están allí a hacer controles ginecológicos. Es una manera soterrada de sostener el sistema prostibulario y cuando denunciamos también pedimos la inconstitucionalidad de esas normas.

La clave económica

En términos económicos, ¿cómo podría caracterizar las investigaciones? ―Lo que se intenta desde la Ufase es que cuando se investiga un delito de trata de personas, además de investigarse el hecho y la responsabilidad penal del culpable se lo investigue patrimonialmente para que en caso de una sentencia condenatoria se pueda avanzar con un decomiso de bienes ya embargados durante la instrucción. Esta es la única manera de que esos recursos no se reciclen.
Ésa es una resolución que promovió desde Ufase, ¿en qué medida se utiliza? ―No te podría decir que es mayoritariamente aplicada y éste es un problema. Dictadas las resoluciones deben tener un proceso de auditoría. Pero ir sobre el núcleo patrimonial de los investigados es una de las líneas fuertes de política criminal que fijó el anterior Procurador, Esteban Righi. Un caso de referencia fue el de Dolly´s. Aunque esta investigación no se sustanció por el delito de trata sino por el regenteo de este conocido prostíbulo que desde hace casi 20 años funcionaba en la calle Directorio en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se allanó se encontraron 35 mujeres, y en base a sus testimonios y a anotaciones informales que se hallaban en el lugar se calculó que en 5 años la ganancia para el proxeneta orillaba los 10 millones de pesos. En la causa también se investigaron sus bienes, y se los embargó por valores aproximados a los cuatro millones y medio de pesos. Lo interesante es que a fuerza de apelaciones de la defensa se llegó a las Cámaras del Crimen y de Casación, y ambas sostuvieron que en una causa por la ley 12.331 es viable el embargo preventivo. ¿Advierten modificaciones en la forma en que proceden estas organizaciones delictivas? Por ejemplo, ¿hay más locales que funcionan con la fachada de “privados”? ―En un privado o un lugar público, siempre y cuando en ese lugar haya un tercero que explote la prostitución ajena, es delito. El problema que tienen los privados a diferencia de los pubs o whiskerías es que es más difícil hacer lo que nosotros llamamos tareas de observación: que vaya alguien al lugar, que mire, que hable con la gente, que vea cómo se maneja el dinero, quién es el que cobra por los servicios sexuales, dónde se guarda ese dinero, quién lo administra. Pero también es cierto que no es imposible; éste es un lugar que se ofrece incluso por pautas publicitarias gráficas y en la web. Hay muchos privados que pertenecen a un mismo dueño, tienen una cadena de teléfonos que van siempre dirigidos hacia una misma persona. ¿En cantidad son significativos?  ―Al menos en las grandes ciudades son muy significativos. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Rosario hay una proliferación importante de privados.
Aludió a las distintas maneras en que se publicitan estos lugares… ¿Cómo impactó en las formas que adquiere este delito la prohibición de publicar avisos con oferta sexual que controla la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ―En su momento, con Daniel Adler (fiscal federal en Mar del Plata) preparamos una resolución para armar una suerte de tipología de estos avisos, que de alguna manera es el antecedente del decreto presidencial (Decreto PEN N° 936/2011). Algunos son anuncios de captación y otros son anuncios directamente de los lugares de explotación y consideramos que estos se podían prohibir. En cuanto a la Oficina, tenemos un contacto bastante regular. Nos derivan denuncias y nos alertan cuando advierten algún clasificado donde se está reclamando a una mujer de una franja etaria de 18 a 20 años para trabajar en un lugar muy alejado y por una suma de dinero muy abultada. Eso activa que podría tratarse de un caso de reclutamiento y sobre todo cuando hay mención a whiskerías o bares.

Las fallas de la ley

Desde que fue aprobada la ley 26.364, que tipifica el delito de trata de personas (abril de 2008), se reclama su reforma. Es que las penas son irrisorias, y presumir que una mujer de más de 18 años puede consentir ser esclavizada resulta por lo menos ridículo, además de que deja a las víctimas a merced de los tratantes. El año pasado, el Senado nacional aprobó un proyecto que promueve su modificación, pero Colombo considera que éste aún no recoge los cambios necesarios para lograr efectividad en las investigaciones. Desde entonces, ese proyecto duerme en la Cámara de Diputados junto a otras iniciativas.
¿Cómo evalúa los cambios que aprobó el Senado a la ley contra la trata de personas? ―La reforma es un avance con relación a lo que teníamos, aunque hay algunas cuestiones que me parece que habría que revisar. La competencia es uno de los problemas más grandes que tiene esta ley. Les da la facultad de investigar el delito de trata a los juzgados federales (lo que, para un delito que se caracteriza por el traslado de sus víctimas, está bien) pero no dice nada respecto de aquellos al que aparece vinculado, como el proxenetismo, los abusos o la reducción a la servidumbre, que continúan en la órbita de las justicias locales. El resultado es un tiempo muerto en la investigación y que el caso pasa de mano en mano con la consecuente pérdida y el riesgo de filtración de la información. Además, debería contemplarse que la explotación consumada también forma parte del fenómeno de la trata y eso no aparece tan claro.
¿En qué media los fiscales fueron proactivos en la generación de estas investigaciones? En el último informe que realizaron sobre la base de información de los procesamientos algunas aparecen relegadas… ―En algunas provincias el fenómeno prostibulario está tan naturalizado que muchas veces es difícil que las propias agencias detecten los casos. A veces los fiscales tienen problemas muy duros para hacerles entender a los jueces y a los policías, e incluso a la gente del lugar, que ése puede ser un caso de trata. Porque ven el prostíbulo que está hace 25 años, donde todos en algún momento fueron o algunos fueron, y les parece difícil entender que a ese lugar van las mujeres que resultan víctimas del delito de trata.
¿Detectaron casos de mujeres que vuelvan a caer en redes de trata? ―En Mar del Plata hubo dos casos. Uno que incluso avanzó hasta el grado de condena y después se abrió otra investigación donde se encontró a la misma chica. Si no se ataca la situación de vulnerabilidad o la asistencia posterior no termina siendo eficaz, la necesidad las vuelve a traer hacia ese lugar.
En abril (2012), el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) convocó a todas la provincias, porque no en todas estaba prevista la asistencia. Y se designó quiénes y cómo trabajarían en la atención a las víctimas en cada lugar. Pero es muy reciente.

Tras un tal Vázquez

El significativo aumento de solicitudes de refugio por parte de mujeres y hombres dominicanos a partir de 2008 llamó la atención de las autoridades de la Dirección Nacional de la Migraciones. Algunos llegaron a hipotecar sus casas para conseguir los 175.000 pesos dominicanos, el monto a cambio del cual un tal Vázquez les prometía pasajes y trabajo en Argentina. En el aeropuerto, eran recibidos por otros dos sujetos que terminaban por quitarles la documentación e introducirlos en redes de explotación sexual o laboral. Pese a que la investigación dio con los responsables locales, los exhortos internacionales para dar con los tratantes en República Dominicana fueron infructuosos.
Aunque la colaboración internacional resulta fundamental en la persecución de este delito, los tiempos de las agencias estatales corroen las posibilidades de eficacia. “Con México estamos teniendo algunos problemas con los exhortos —explica Colombo―. Hay una investigación que tienen ellos que nosotros queremos aunque sea tener copias para ver si podemos alimentar la nuestra, y ver de la nuestra qué les puede servir a ellos. Pero no estamos teniendo suerte y desde hace un año que estamos con ese trámite”.
En términos regionales la situación con Paraguay es distinta: “Hay una fiscalía antitrata con la que tenemos comunicación casi diaria”, apunta el fiscal. Luego agrega que esto es posible a través deIberred, un sistema que mantiene en comunicación a todos los fiscales antitrata de Iberoamérica y agiliza los trámites. “Si tenemos que hacer un pedido de localización de un chica para que vaya a un juicio oral lo que hacemos es mandar un iberred a una fiscalía antitrata, ellos la ubican y entonces fijamos la audiencia en el juicio oral y la chica declara, generalmente lo hace a través de videoconferencia. Eso lo hicimos como 7 veces en juicios orales. Con Paraguay funciona muy bien, con México no, y conBolivia más o menos. Lo mejor es con Paraguay y eso está bien porque el 40% de las víctimas vienen de ahí”, concluye el titular de la Ufase.
*Ufase. Denuncias: (011) 4331-2158. Urgencias: (011) 4331-2223. Correo electrónico: ufase@mpf.gov.ar. Mapa de puntos de asistencia en todo el país.




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