
La violencia hacia las mujeres y personas LGBTI es una realidad en toda la sociedad producto del sistema patriarcal que genera jerarquías y desigualdades.
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La Administración Pública Nacional no está exenta de dicho entorno. En la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (en adelante, PIA) se reciben cada día múltiples actuaciones administrativas, principalmente comunicaciones de sumarios, en virtud del artículo 3 del Reglamento de Investigaciones Administrativas que establece el deber de poner en conocimiento a este organismo ante el inicio de todo sumario administrativo.
Considerando la responsabilidad que existe desde la función pública ante la violencia de género y teniendo en cuenta que en la mayoría de las actuaciones se trata de violencia hacia las mujeres, desde la PIA se tomó la decisión de comunicar directamente en el oficio que se libra a los organismos, la referencia a los compromisos internacionales asumidos por el Estado tanto en el marco del sistema de Naciones Unidas (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujer y su Protocolo Facultativo) como del interamericano (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) en pos de la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, dictando además diversas leyes nacionales en concordancia.
A partir de dichas respuestas, algunos organismos comenzaron a consultar a la PIA de qué modo proceder ante esos casos. De esta manera se tomó la decisión de elaborar el material que presentamos a continuación producto de las necesidades manifestadas por la PIA ante la Dirección General de Políticas de Género (en adelante, DGPG)[1]. El contenido describe las modalidades de violencia que con mayor frecuencia aparecen en los sumarios administrativos y que son el reflejo de lo que ocurre en las instituciones en general: la violencia en los ámbitos laboral y doméstico. Luego, figuran algunas recomendaciones sobre la manera de intervenir ante dichas situaciones y recursos con los cuales articular o generar una derivación.
Esta articulación entre la PIA y la DGPG renueva una vez más el compromiso contra la violencia hacia las mujeres y personas LGBTI transversal en el Ministerio Público Fiscal.
¿Qué es la violencia de género?
La violencia de género es un fenómeno multicausal y complejo que atraviesa el entramado social y afecta severamente a las mujeres, niñas, niños y a las personas LGBTI. Se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, pero que abarca también a aquellas personas a quienes se considera que desafían las normas de género.
Las raíces de la violencia de género se encuentran en la construcción de diferentes roles y comportamientos asignados social y culturalmente a las personas según el género al que pertenezcan. Así, se les asignan a las mujeres roles, comportamientos y características de menor prestigio: de ellas se espera que sean dulces, emocionales, y que cumplan el rol de madre y esposa en el espacio privado del hogar, con actitudes de cuidado, presencia y entrega absoluta. Por otro lado, de los varones se espera que sean fuertes, agresivos, racionales, cabeza de la familia y proveedores, desempeñándose en el ámbito público.
La violencia es, en muchos casos, una consecuencia de la creencia según la cual los hombres tienen “derecho a ciertos privilegios”, por ejemplo, a decidir cuándo y cómo tener una relación sexual o a avasallar física o psicológicamente a una mujer. Las costumbres sociales, tales como, alentar la conducta agresiva y reprimir la expresión de las emociones (por considerarse una cualidad “femenina”), resolver los conflictos con la fuerza física, asumir riesgos a cualquier costo, terminan “autorizando” el uso de la violencia y convalidando a los varones en una posición dominante en relación a las mujeres.
[1] El presente material toma parte de los contenidos del Cuadernillo “Herramientas para la formación de promotoras y promotores territoriales en género. Material teórico y práctico”, Ministerio Publico Fiscal de la Nación y Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación, 2018.
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