Elecciones 2019 – DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO de UNICEF en Argentina
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El 20 de noviembre de 2019 se cumplen 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, que en Argentina tiene jerarquía constitucional (C.N, art. 75, inc 22), establece que todos las niñas, niños y adolescentes son sujetos de los mismos derechos. Además, en 2005, el país sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hito central para crear un sistema de protección integral de la infancia y adolescencia.
Sin embargo, pese a los avances realizados, casi la mitad de los 13.102.717 chicos y chicas del país viven en situación de pobreza. Ser pobre, para ellos y ellas, es no asistir a la escuela o hacerlo a edad tardía o no poder terminarla; no acceder al sistema de protección social; vivir en casas con pisos de tierra y techos inadecuados, hacinados, sin agua potable, en zonas inundables o basurales. A lo que se suma la falta de acceso a servicios de salud adecuados, a los conocimientos básicos para su desarrollo, a políticas de cuidado o a aquellas que deben protegerlos de la violencia, los abusos y los malos tratos.
Existen, también, brechas importantes: las posibilidades que tiene un niño, niña o adolescente de ejercer sus derechos todavía depende del lugar donde nace y de las características socioeconómicas y laborales del hogar donde crece.
Desde UNICEF consideramos que la pobreza en la infancia es un problema estructural, pero erradicable. Por eso, tiene que ocupar un lugar central en el debate electoral y la agenda de todo gobierno, buscando que los cambios de gestión no impliquen volver a empezar desde cero.
Argentina invierte casi un 8% de su PIB en políticas públicas destinadas al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, los desafíos pendientes implican multiplicar estos esfuerzos y asegurar que no siga habiendo reducciones en términos reales de estos recursos.
La evidencia muestra que las crisis económicas pueden profundizar la pobreza y empeorar sus consecuencias para las niñas, niños y adolescentes: pueden llevarlos a abandonar la escuela, a ingresar tempranamente al mercado laboral, a consumir menos alimentos y de peor calidad, a ver restringido su acceso a los servicios de salud y/o a ser víctimas de violencia, entre otros riesgos sociales significativos.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a asignar los recursos materiales y económicos para garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y, en tiempos de crisis económica, a adoptar medidas progresivas de protección. Asegurar el cumplimiento de esos derechos no es solo una responsabilidad ética y legal, sino también política y económica. Por esa razón, los tomadores de decisiones deben considerar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a la hora de definir las políticas económicas y sociales y de asignar y distribuir los recursos.
La respuesta de los Gobiernos nacional y provinciales frente a la situación económica pone a prueba estos compromisos y los de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la niñez y la adolescencia deben ser protegidas de los efectos de la situación económica actual. En el marco de la campaña electoral y la discusión sobre el presupuesto 2020 es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia.
El costo de no actuar es enorme. Un país que le da la espalda a su infancia le da la espalda no solo a su presente sino también a su futuro. La misión de UNICEF es contribuir a que los derechos de niñas, niños y adolescentes se conviertan en una realidad, sin dejar a nadie atrás. Lograrlo debería ser la principal prioridad. Este documento brinda una mirada sintética sobre estos desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública. Resulta clave asegurar que niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios y plataformas para participar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas.
El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado en 2018 a nuestro país que recuerde que en tiempos de crisis económica la posibilidad de adoptar medidas regresivas solo debería considerarse después de haber evaluado todas las demás opciones y de haber garantizado que las niñas, niños y adolescentes –especialmente aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad-serán los últimos en verse afectados por esas decisiones y que las obligaciones fundamentales, mínimas e inmediatas de sus derechos no se verán comprometidas.
A 30 años de la Convención Sobre los Derechos del Niño, hay una deuda que no puede esperar más. #LaDeudaEsConLaNiñez y se paga garantizándole sus derechos.
